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¿Qué hacer frente al proyecto chavista catalán?

Es difícil no sentir un escalofrío frente al discurso que leyó el investido presidente del Gobierno de la Generalidad, Joaquín Torra Pla, y sus declaraciones tras la reunión con su jefe prófugo, Carles Puigdemont Casamajó, en Berlín. Más allá de sus espeluznantes diatribas racistas en diversos formatos contra “los españoles” -que no se apartan del programa 2000 elaborado en los tiempos de Jordi Pujol i Soley y nos retrotraen a los tiempos del nacionalsocialismo de los años treinta-, el programa de gobierno presentado propone el establecimiento de una república chavista en Cataluña, con una amalgama de técnicas golpistas ensayadas por nacionalsocialistas y comunistas en el siglo pasado.

En el frontispicio nos encontramos con un "Consejo de la República" y una asamblea de cargos electos llamados a dirigir un proceso constituyente de una república catalana. Que después de las resoluciones del Tribunal Constitucional, la destitución del Gobierno anterior y la chocante convocatoria de las elecciones del 21 de diciembre, el nuevo presidente plantee la consecución de estos objetivos sin una previa reforma constitucional (que puede promover legalmente) simplemente por la voluntad de los diputados autonómicos que le han votado, le colocan (según los artículos 17.2, en relación con los 472, 477, 544 y 548 del Código Penal) como autor de un delito de proposición para la rebelión o la sedición, pues, públicamente, ha resuelto cometer esos delitos y ha invitado a otras personas a participar en ellos.

Por lo demás, esas estructuras paralelas, que se sumarían a los consorcios promovidos y mantenidos con cargo al presupuesto como Omnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña, resultan especialmente queridas para la enorme red clientelar creada por el nacionalismo catalán desde los tiempos del citado plan de dominio nacionalista elaborado en 1990 por el gobierno de Pujol. Resulta imposible olvidar la utilización de los soviets por parte de Lenin y sus camaradas o la Ley de plenos poderes que hizo votar Hitler para liquidar la Constitución de Weimar y otorgarse plenos poderes. Más recientemente hemos visto el proceso que ha conducido a Venezuela a la imposición de un régimen totalitario con la aprobación de leyes que subvierten la naturaleza de las instituciones de gobierno limitado en nombre de la democracia. Con mayorías o sin mayorías parlamentarias, pues a tales líderes totalitarios nada les aparta del objetivo final de “conducir al pueblo”.

Entre las medidas concretas, entreveradas entre citas literarias, proclamaciones del estilo de Francesc Maciá y Lluís Companys durante la Segunda República y otras más propias de la vorágine populista, el orate anunció la retirada de la demanda de la Generalidad intervenida contra Artur Mas y los demás organizadores del referéndum del 9 de noviembre de 2014 por responsabilidad contable frente al Tribunal de Cuentas en reclamación de los más de 5 millones de euros que costó; la creación de un comisionado para "investigar las consecuencias" de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña; reabrir y reforzar las “embajadas” catalanas en el extranjero; restituir en el cargo al presidente destituido y la imposición de un salario mínimo mensual de 1.100 euros. Ahí es nada.

Ahora bien, dicho lo anterior, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir en la España de 2018, por tercera vez, “a ciencia y paciencia” del Gobierno de España que juró o prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? ¿No existe en el régimen constitucional español una clara atribución de competencias y responsabilidades al Gobierno central, así como ingentes recursos y medios para atajar una subversión de estas características antes de que consumen los delitos propuestos ? ¿Se puede llamar “respuesta proporcional” a esperar al reinicio del proceso que motivó, una vez consumados los delitos, la extraña intervención del Gobierno central, al amparo del artículo 155 de la Constitución ? ¿La proposición oficial del nuevo presidente de la comunidad autónoma de reanudar la rebelión o sedición emprendida por los miembros del anterior Gobierno catalán que se hallan procesados no merece una reacción expeditiva? ¿Creen los supuestos dirigentes de los dos grandes partidos (PP y PSOE) tan teatralmente enfrentados hasta el otro día, que se puede “dialogar” con un Gobierno autonómico que vulnera flagrantemente la ley? ¿Es suficiente la “vigilancia” de una administración cuyo dirigente electo proclama que no acatará la Constitución ni el Estatuto de autonomía ni las leyes y emprenderá un proceso de fundación de una república independiente?

Ya comenté en un análisis anterior que las actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy Brey en todo este proceso de subversión deberían abrir seriamente el debate jurídico sobre su responsabilidad por la cooperación en los delitos, en su modalidad omisiva, que se están retransmitiendo en directo por televisión.

Después de llegar a un acuerdo con el PSOE para mantener una pasividad calculada, parece que quiere crearse un espacio para eludir sus responsabilidades y, sobre todo, hacer creer a los españoles y a los jueces que los políticos pueden colocarse por encima de las leyes. Sin embargo, la única respuesta sensata, que les salvaría de incurrir en nuevas responsabilidades ante esta vuelta de tuerca, sería reactivar de inmediato el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución, dirigiendo un requerimiento al nuevo presidente de la Generalidad para que se retractara y desistiera públicamente de todas las propuestas abiertamente delictivas contenidas en su discurso de investidura. Ante la previsible desatención, el Gobierno debería solicitar del Senado la autorización para suspender indefinidamente del ejercicio de sus funciones a los órganos de Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña.