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Sobre el control de precios

En agosto, durante mis vacaciones, he tenido la oportunidad de visitar el pueblo de Puntagorda (La Palma, Canarias) y su Mercadillo del Agricultor: instalación municipal que alberga 40 puestos para que los productores locales -agricultores, ganaderos, reposteros, artesanos- vendan directamente al público, sin intermediarios, sus productos. Allí observé, con perplejidad, cómo higos, cebollas y manojos de cilantro se vendían al mismo precio en todos los puestos; luego fijé la vista en un gran panel que, sobre la pared, marcaba precios mínimos y máximos para cada producto.

Este mes hablaremos sobre el «control de precios»: restricción comercial impuesta coactivamente por el gobernante a vendedores y compradores. Fijar para un determinado bien un precio exacto o una horquilla de precios -mínimo y máximo- tiene su fundamento en la existencia de un mítico precio «objetivo», «razonable», «justo». Karl Marx contribuyó al mito del precio objetivo al afirmar que el valor de un bien dependía de la cantidad de trabajo incorporada en su producción. La inexistencia de un precio objetivo ya fue advertida, en el siglo XVI, por los escolásticos de la Escuela de Salamanca, y los economistas modernos, en el siglo XIX, refutaron definitivamente la teoría marxista del valor-trabajo. En definitiva, como el valor es subjetivo, la fijación del precio también lo es y, en consecuencia, la idea de «precio excesivo» es un mero juicio de valor.

Puntagorda no es un caso aislado. En el municipio de Breña Alta (La Palma) también hay un Agromercado municipal con precios controlados cuya finalidad espuria es «garantizar los precios más justos para consumidores y productores». Pero quien busque realmente un «precio justo» deberá renunciar a la violencia y abrazar un mercado laissez faire. Limitar la «feroz» competencia del libre mercado, lejos de beneficiar a los consumidores, los perjudica claramente. En definitiva, el control de precios es una medida equivocada porque descansa en un doble error: ético y económico.

En primer lugar, la intervención del mercado es inmoral porque los precios son fijados coactivamente, violentamente. Por tanto, restringe la libertad de acción de las personas y merma su propiedad privada. La agresión del Gobierno es inversamente proporcional al tamaño de la horquilla de precios: amplitud entre precios mínimo y máximo. Si la horquilla es cero estamos ante un precio único y si es infinito hay libertad total para fijar precios. La coacción, como hemos dicho anteriormente, se basa en ideas equivocadas que tienen su origen en sentimientos, deseos y prejuicios de corte colectivista. Fijar precios sólo es ético en ausencia de coacción, por ejemplo, es legítimo que los vendedores formen un cártel para acordar precios; de igual modo, los consumidores pueden acordar precios de compra o, más comúnmente, hacer un boicot a cierto vendedor.

En segundo lugar, el control de precios contiene un error económico. Si la horquilla fijada por la autoridad es muy amplia, es decir, si el precio mínimo de venta es muy bajo y el precio máximo muy alto, el daño ocasionado al mercado será poco o nulo; pero a medida que la franja de precios se va estrechando aparecen problemas. Por ejemplo, algunos productos perecederos (fruta) se deterioran rápidamente y su precio de mercado se situará «por debajo de su precio mínimo»; en este caso, el vendedor tendrá dificultades para colocar su género y sólo puede: a) asumir la pérdida; b) intentar venderlo en otro mercado no intervenido; c) utilizar el producto mermado como materia prima para elaborar otros productos (mermelada, repostería) no sometidos al control de precios; y d) consumirlo o regalarlo.

También los compradores se ven perjudicados por los precios mínimos: a) asumiendo la pérdida de pagar un precio superior al de libre mercado o comprar menos cantidad de producto; b) desplazándose a otro mercado no intervenido; c) comprando otro producto menos deseado, no sometido al control de precios; y d) absteniéndose de comprar. En resumen, los precios mínimos perjudican, marginalmente, a los vendedores con mayor capacidad de intercambio (aquellos dispuestos a vender a menor precio) y a los consumidores con menor capacidad adquisitiva.

En relación con el precio máximo, los productos a la venta no son homogéneos. Por ejemplo, las frutas tienen diferentes calibres y calidades; esto hará que el precio de mercado de los mejores productos se sitúe «por encima de su precio máximo». Si el vendedor no actúa, los primeros compradores agotarán las existencias rápidamente (generando escasez) y el mayor beneficio de los segundos habrá sido a expensas del primero. Tal vez, el vendedor intente evitar el lucro cesante colocando sus mejores productos en otro mercado. El precio máximo, por tanto, impide a ciertos vendedores obtener mayores beneficios. En cuanto a los consumidores, el precio máximo perjudica a los que tienen mayor capacidad de intercambio: aquellos dispuestos a pagar un mayor precio. Esta situación es la que suele ocasionar la reventa de productos, tal y como sucede con las entradas a ciertos espectáculos (partidos, conciertos).

Este razonamiento económico, mutatis mutandis, es aplicable a cualquier situación, da igual que analicemos frutas y verduras, alquileres de inmuebles o servicios laborales. El perjuicio a quienes participan en el mercado es inevitable y la diferencia entre unos casos y otros es tan solo cuestión de grado. Ningún control de precios puede mejorar la economía y los mercadillos municipales no son una excepción, pero sirven, tal vez, para que los políticos locales capturen unas decenas de votos entre los vecinos. A pesar de todo, en ocasiones, el control de precios se modera, es decir, la horquilla de precios se va alargando. Por ejemplo, entre noviembre de 2016 y agosto de 2019, el Agromercado de Breña Alta ha «liberalizado» sus precios un 12%.

Lo relevante del control de precios en los pueblos, a mi juicio, no es tanto su efecto como la ideología subyacente. En cambio, el daño es considerable cuando el Gobierno de la nación aumenta el salario mínimo o cuando se fijan precios máximos al alquiler de viviendas. Desgraciadamente, los prejuicios en contra del libre comercio son persistentes, y a pesar de que todos disfrutamos las ventajas del capitalismo, sus virtudes éticas y económicas siguen sin ser entendidas.