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Sobre políticas públicas

Termino esta serie dedicada a compartir lo que aprendí en el Máster en Economía UFM-OMMA con una asignatura a modo de corolario: Políticas Públicas. Los profesores, mencionando sólo una de sus múltiples facetas, fueron: Juan Ramón Rallo (Director del Instituto Juan de Mariana), Gonzalo Melián (Director del Centro de Estudios Superiores OMMA) y Gabriel Calzada (Rector de la Universidad Francisco Marroquín).

Fue el profesor Rallo el principal encargado de ir recorriendo la intervención del Estado en distintos sectores económicos: infraestructuras, energía, I+D, medioambiente, pensiones, educación, sanidad, etc. (Me gustaría hacer un inciso y mencionar aquí su magnífico libro “Una revolución liberal para España”, que a mí me sirvió para seguir buena parte de la asignatura: libro fácil de leer, escrito con rigor, pero sobre todo, con espíritu didáctico, aportando datos reales y propuestas realistas. Será un clásico, si no lo es ya). El profesor Melián completó ese recorrido con un par de sesiones específicas sobre planificación urbanística. Mencionaré después la sesión con el profesor Calzada.

Tiene mucha lógica que un máster como éste acabe con una asignatura así: si empezábamos definiendo los conceptos más básicos (desde el propio concepto de economía o el dinero, por ejemplo) para entender cómo funcionan los mercados y las empresas dentro del necesario marco institucional, teníamos que acabar explicando también cómo funciona toda esa maquinaria estatal que vemos y padecemos a nuestro alrededor cuando hablamos de economía.

Por supuesto, la culpa la tiene el mercado: tiene fallos, dicen ellos, y aquí está el Estado para repararlos y protegernos de sus consecuencias. A saber: monopolios naturales que hay que regular, externalidades positivas (beneficios) que hay que promover y externalidades negativas (perjuicios) que hay que evitar, bienes públicos que hay proveer e información asimétrica que hay que obligar a proporcionar para que nadie esté en desventaja…

Bien, yo creo que esos escenarios son fallos de coordinación entre agentes actuando en el mercado. Sin embargo, entiendo que haya personas bienintencionadas (dejo aparte los intereses de los políticos) que piensen que las soluciones intervencionistas son una opción para intentar paliar esos supuestos fallos.

Para los liberales, esa opción tiene una ventaja, y es que nos permite sacar a la luz las propias miserias del Estado, de cuyos fallos casi nadie habla en tales términos: dejando de lado el aspecto moral (la coacción, la falta de legitimidad, el monopolio de la violencia que se atribuye el Estado), la imposibilidad de conocimiento perfecto para decidir por nosotros o los incentivos perversos por parte del regulador, son ejemplos evidentes de los problemas que tiene el Estado para intentar resolver esos fallos de coordinación del mercado.

¿Tiene mecanismos el mercado para superar esos fallos de coordinación? Sí, claro. Las externalidades negativas, por ejemplo, son en realidad un problema de definición de derechos de propiedad, por lo que en aquellos casos en los que los costes de transacción no son excesivamente altos, se puede llegar a un acuerdo entre las partes, sin necesidad de que el Estado obligue a una de ellas a pagar un impuesto que le sea más costoso que evitar el perjuicio ocasionado a la otra parte.

Igual con los monopolios naturales (que en ausencia de innovaciones tecnológicas se podrían contrarrestar, en la mayoría de los casos, con agrupaciones de consumidores, por ejemplo), la información asimétrica (que podría minimizarse mediante el uso adecuado de garantías y una mejor gestión de la marca asociada a la reputación del producto o servicio entre los compradores, por ejemplo) y los pocos bienes públicos en los que no se pudiera excluir a los consumidores y no hubiera rivalidad en el consumo (Ronald Coase demostró que incluso los faros tuvieron en su día una gestión privada…)

Desde el punto de vista de bienes públicos y externalidades positivas, hay uno que me interesa especialmente: la educación. El argumento intervencionista sería el siguiente: si la educación fuera provista íntegramente por el mercado a través de instituciones privadas, los pobres nunca se podrían permitir una educación de calidad y estarían condenados eternamente a ser ignorantes, y por tanto, pobres. Conclusión: dado que la educación redunda en beneficio de la sociedad, el Estado debe asegurarla.

Cabe entonces preguntarse: ¿es mejor la educación pública, entendida como obligatoria y supervisada por el Estado? Hay datos que demuestran que incluso en países en vías de desarrollo, los padres prefieren hacer un enorme esfuerzo para que sus hijos reciban la mejor educación privada que ellos pueden pagar (recomiendo los trabajos del profesor James Tooley, incluyendo su última respuesta a los críticos de las escuelas privadas de bajo coste en dichos países).

¿Y en países ricos? En este caso, sólo puedo hacer referencia a mi Trabajo Final de Máster en el que analicé el caso de Estados Unidos, donde la educación es mayoritariamente pública, tanto en primaria y secundaria como en estudios superiores, aunque su evolución es diferente, ya que la tendencia indica que el sector privado crece más en la educación superior que en la educación primaria y secundaria. Los datos muestran que la educación pública en Estados Unidos no ha generado las externalidades positivas esperadas para mejorar al conjunto de la sociedad.

En primer lugar, los resultados de los escolares estadounidenses de primaria y secundaria no se ajustan a las expectativas, especialmente si se comparan internacionalmente, y la universidad está fundamentalmente orientada a la investigación, de manera que la calidad de la enseñanza no es su objetivo prioritario, lo cual impacta directamente en el mercado laboral: la educación superior difícilmente identifica ya las características requeridas por los empleadores.

Además, la educación pública no ha eliminado otros problemas sociales como el crimen (no se han reducido los índices de violencia ni de drogadicción) o la desigualdad: por un lado, la educación primaria y secundaria es mejor en los barrios con más poder adquisitivo, mientras que por otro, la educación superior no ha promovido la igualdad ni por el lado de la demanda (los estudiantes pagan por el prestigio de la institución y no por la calidad de la enseñanza, luego es inevitable la estratificación) ni por el lado de la oferta (las universidades son instituciones fundamentalmente dedicadas a la investigación, que no se financian exclusivamente con las matrículas de sus alumnos, sino mayoritariamente con cargo al presupuesto del gobierno, por lo que no tienen incentivos a bajar sus precios).

Es decir, como era de esperar, parece que la intervención del Estado tampoco ha arreglado las cosas en educación... Una vez más, la tecnología va a cambiar el paradigma educativo actual, y el Máster en Economía UFM-OMMA es una prueba de ello: todavía tardaremos algún tiempo en ver al Estado fuera del ámbito educativo, pero creo que algunos cambios ya son visibles.

Salvo para los visionarios, me parece que hace no demasiado tiempo era difícil imaginar que el rector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala impartiera en tiempo real, desde su despacho, una clase de economía a una serie de alumnos repartidos por distintos países del mundo. Aunque recuerdo muy bien el momento, no creo ser capaz de transmitir fielmente la sensación de sentirse un afortunado cuando Gabriel Calzada comenzó la sesión y, después de presentarse, nos preguntó: ¿de qué quieren que hablemos hoy?

Acabo con su pregunta este repaso de lo que el Máster en Economía UFM-OMMA supuso para mí: un verdadero privilegio. Quiero expresar mi enorme agradecimiento a todos los profesores y también a la gente de OMMA. Y, por supuesto, un recuerdo muy especial para mis compañeros de promoción, la 1ª.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos!