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Una solución libertaria al nefasto sistema penitenciario actual

Entre los muchas servicios ilegítimos, injustos y deplorables que proveen coercitivamente los políticos y funcionarios a través del Estado, uno de los peores es el sistema penitenciario moderno en países occidentales. Varía de país a país la calidad y duración de la estancia en la cárcel al igual que cuánto se asegura tu integridad física, pero la lógica sigue siendo la misma: incumples una norma que te ha impuesto el Estado y tú no has aceptado y dependiendo de la severidad arbitrariamente adjudicada a esa norma puedes acabar entre rejas. El Estado podría preguntarte cada vez si aceptas cada nueva ley para que hubiese consentimiento de los gobernados. Incluso podría preguntar si aceptas todo el aparato estatal incluyendo una casilla en tu próxima declaración de la renta preguntando si te quieres dar de baja de la Agencia Tributaria a cambio de dejar de usar los servicios estatales salvo los ya devengados.

El Estado no tiene ninguna excusa para imponer las normas sobre ti. Lo que tiene es la pretensión del monopolio de la fuerza, que ejerce para saquearte, imponerte sus normas y en caso de negarte, enviarte a prisión en última instancia. La cárcel es la representación máxima del Estado; es un lugar cruel donde se te despoja de toda individualidad para quebrarte, someterte y conseguir que te subyugues a sus programas de rehabilitación y transformación en un buen ciudadano—un ciudadano que no moleste y compita contra el Estado en la comisión de crímenes. Por eso, no es de extrañar que la cárcel sea la sociedad ideal del estatista progresista medio: un sitio donde no tienen que trabajar, con vivienda, sanidad, comida, educación, luz y agua gratis, donde las desigualdades económicas son menores y nadie salvo los encargados de mantener el orden están armados. Son una de las peores creaciones del Estado; lugares donde las personas son violadas, infectadas con enfermedades de transmisión sexual y torturadas.

La expansión imparable del Estado lleva consigo una expansión del sistema penitenciario, no tanto por necesidad, sino por el aumento incesante de regulación estatal—intrínseco en cualquier Estado, por pequeño que sea (Rothbard 2009)—. Un ejemplo claro de este fenómeno es California. Este estado americano instauró su sistema penitenciario en 1852. Durante sus primeros 50 años, la población reclusa nunca fue mayor de 5.000 presos. Un siglo después, empezó a aumentar de manera desproporcionada, llegando la población máxima a ser de cinco veces mayor en 1970, y superando los 170.000 presos en los 2000 (Skarbek 2019, 130). Además, el número de prisiones aumentó de 5 a 35.

En un orden anarcocapitalista, en el que cada persona pudiese elegir voluntariamente a qué sociedad se adscribiría, emergerían lo que Hoppe (2006) llama sociedades de derecho privado. Estas comunidades se caracterizarían por que todos los individuos se someterían bajo la misma ley, una alcanzada a través de la razón (Hoppe 1998; Rothbard 2000). Esta ley sería el principio de no agresión. Desde el principio de no agresión, y mediante la praxeología, se puede deducir cual sería el castigo proporcional para cualquier agresión.

La teoría libertaria de castigo limita cuál es el límite máximo de violencia legítima que puede infligir una víctima—o alguien en su nombre—a un agresor para restituir su propiedad, pero la víctima siempre podrá decidir ejercer menos violencia o negociar otras opciones. Esta establece que la restitución sería igual a ojo por dos ojos, más coste de castigo, más asustar al criminal (Rothbard 1995, 131-145; Block 2019; Kinsella 1997; Blasco and Marcos 2020). El primer ojo sería igual a una restitución del bien perdido. Si me has robado mi televisión tengo derecho a mi televisor de vuelta, y si ya no existe, a uno idéntico. El segundo ojo se asienta en la doctrina de los actos propios o estoppel en inglés, principio que impide a alguien afirmar algo que contradiga su conducta previa. Un criminal no podría—sería estopped—negarse a recibir la agresión igual a la que él realizó (Kinsella 1996; García de Enterría 2020).

Continuando con el ejemplo de la televisión, yo ahora también podría quedarme con tu televisión además de la mía recuperada, o en caso de no tener una, forzarte a comprarme otra. El criminal con su acción demuestra que el valor de una televisión es cero al no respetar el valor de esta en otros. El coste del castigo equivaldría al coste de contratar árbitros, pagar a la agencia de seguridad privada y/o de capturar al criminal si hiciera falta. Dependiendo de cada caso estos costes variarían. El susto se le provocará dependiendo de la severidad del castigo y Block propone jugar a la ruleta rusa con el criminal cambiando el número de balas en la pistola y la zona apuntada según la severidad del crimen.

Como los tipos de agresión son tan heterogéneos, mi pronóstico es que las agencias de seguridad privada tendrían costes estipulados tras los precedentes de las decisiones de los árbitros para simplificar el proceso. Además, si toda remuneración pasase a ser pecuniaria, sería más fácil compensar al criminal si en un caso se hubiese impuesto una pena demasiado severa y otro árbitro hubiese revisado el laudo. No obstante, la última palabra será de la víctima, sino es que le ha hubiese transferido esa decisión a su agencia de seguridad privada.

Algunas personas carecerán de los recursos para resarcir su daño. Aquí es donde entrarán las prisiones en una sociedad de derecho privado. Murray Rothbard (2013) sintetiza el problema así:
‘‘[En el sistema penal libertario] no se pondría el acento, como sucede ahora, en el hecho de que la ‘sociedad’ mande a prisión al criminal, sino, necesariamente, en obligar a este a restituir a la víctima por su delito. El actual sistema, en el cual la víctima no es compensada, sino que además tiene que pagar impuestos para sufragar el encarcelamiento de su agresor, sería un evidente desatino en un mundo centrado en la defensa de los derechos de propiedad y, por ende, del damnificado.

Las prisiones serían comunidades donde los criminales irían para trabajar hasta ganar el dinero necesario para costear su estancia allí y la suma total de lo decidido por los árbitros para resarcir la agresión de la víctima. Los criminales también podrían ir a prisión un tiempo determinado si llegan a ese acuerdo entre víctima y agresor. Por ejemplo, A lesiona a B. B estima que A necesita un tiempo en la cárcel para reflexionar y rehabilitarse por lo que decide ofrecerle una suma compensatoria inferior a la que hubiese sido decidida si no—de no ser así, A no tendría incentivos para aceptar—a cambio de que pase cierto tiempo en la cárcel. Otra situación en la que un criminal podría ir a la cárcel sería si así lo estipula el contrato de su comunidad. Para vivir en Comunidad Moraleja necesitas aceptar un contrato según el cual, en caso de agresión a cualquier otro vecino, irás a residir una temporada en la Comunidad El Puerto de Santa María.

En todos estos casos no hay razón por la que el criminal no pudiese elegir la comunidad carcelaria a la que mudarse. Si la víctima le propone una penitenciaría similar a cualquier prisión estatal, donde existe una probabilidad muy superior a ser violado, el agresor seguramente rechace la oferta. Lo mismo con el contrato de la comunidad. Si la comunidad impone la cárcel a la que irá el agresor y esta es demasiado hostil, difícilmente encontrarán quien compre casas ahí. De ser así y el criminal poder elegir, la calidad aumentaría significativamente. Se generaría un mercado entre centros penitenciarios para ofrecer los servicios donde los criminales puedan ser más productivos para poder resarcir el daño en la menor cantidad de tiempo. Los criminales, al tener que pagar también con su trabajo el alojamiento podrían decidir si prefieren comunidades penitenciarias más o menos humildes. La calidad de los servicios sanitarios aumentaría para poder mantener a los presos en buenas condiciones para trabajar y crear una buena reputación al centro. Lo mismo con la calidad de los psicólogos, educadores sociales y profesores en aquellos centros dedicados a la reinserción. Las víctimas preocupadas por la reinserción de sus agresores se informarían de cuál será el mejor centro al que enviarlas. Igual con la seguridad de los presos, ningún preso querría ir a una comunidad donde sabe que va a ser abusado por los otros presos sin protección real por los guardias. Otra vez más, la propiedad privada y el libre mercado competitivo—serie de condiciones catalácticas que surgen como resultado de las interacciones voluntarias interpersonales entre individuos cuando la propiedad es realmente privada y no fiduciaria o estatal y se respeta—proveen una solución a otro de los muchos males del Estado, la agresión institucionalizada.

Referencias
Blasco, Eduardo, and David Marcos. 2020. “Nulla Libertarian Poena Sine NAP: Reexamination of Libertarian Theories of Punishment.” Studia Humana 9 (2): 83–89.
Block, Walter E. 2019. “Libertarian Punishment Theory and Unjust Enrichment.” Journal of Business Ethics 154 (1): 103–8.
García de Enterría, Carlos. 2020. “Corrupción En Un Sistema Judicial Privado: Una Revisión Del Estoppel.” Centro Mises, November 20, 2020. https://www.mises.org.es/2020/11/corrupcion-en-un-sistema-judicial-priva....
Hoppe, Hans-Hermann. 1998. “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.” Liberty 2 (1): 20–22.
———. 2006. “The Idea of a Private Law Society.” Mises Daily, July 28, 2006. https://mises.org/library/idea-private-law-society.
Kinsella, N. Stephan. 1996. “Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach.” The Journal of Libertarian Studies 12 (1): 51–73.
———. 1997. “A Libertarian Theory of Punishment and Rights.” Loyola of Los Angeles Law Review 30: 607–46.
Murphy, Robert P. 2002. Chaos Theory. 2ª ed. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1995. La Ética de la Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.
———. 2000. “Justice and Property Rights.” En Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, 2ª ed., 89–113. Auburn, Estados Unidos: The Ludwig von Mises Institute.
———. 2009. Anatomy of the State. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.
———. 2013. Hacia Una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario. Madrid, España: Unión Editorial.
Skarbek, David. 2019. “Prisoner’s Law.” In Legal Systems Very Different from Ours, edited by David Friedman, Peter T. Leeson, and David Skarbek, 127–35. Independently Published.

Comentarios

Sir Trivaix

En sociedades funcionales y con una cierta estabilidad, parecería lógico no ver grandes transformaciones en el Código Penal, al ser la justicia penal la última ratio del monopolista de la coacción, el Estado. Sin embargo en España en las últimas décadas no vinen siendo así, sino todo lo contrario. Y además, al menos desde 1985 en adelante, y cada vez de forma más marcada, ha dejado de preocuparse por los daños a la integridad física, patrimonial (y moral) de las personas, para pasar a ejercer de herramienta para ahormar el pensamiento y la acción de las personas según el canon que en cada momento cierta corriente ideológica determina.

El ejemplo (pen)último ha sido la introducción de solapadillo del delito y las agravantes que llaman "de odio", que no son sino "leyes penales en blanco", que permiten al ejecutivo adjudicar arbitrariamente esa última ratio. Y ello en flagrante atentado contra la libertad de expresión que fundamenta cualquier régimen liberal (especialmente las democracias liberales, pues el "free speech" es además uno de sus principales "checks and balances").

Los principios que orientaban el derecho penal (hasta hace unos pocos años) tienen un fuerte componente liberal clásico (incluido la idea de que no lo podemos saber todo, o principios como el de inocencia, o el que dice que el pensamiento no delinque, etc.), hecho que no siempre es percibido. Llama mucho la atención ver cómo todo este acervo se están abandonando puerilmente, casi sin darle importancia, siendo sustituidos por la arbitrariedad del burócrata o amigo de turno que se lleva el proyecto de "legislación" a casa durante un fin de semana para acabar viendo su prosa publicada en el BOE.

Sería interesante leer a José Antonio Baonza sobre este tema.

Trivaix

MurrayRothbard: Cómo se preserva el Estado a sí mismo y qué teme el Estado:
https://mises.org/wire/how-state-preserves-itself-and-what-state-fears
"Los crímenes más graves en el léxico del estado casi invariablemente no son invasiones de personas o propiedades privadas, sino peligros para el estado mismo: traición, deserción, insurrección, etc. El estado no existe para proteger a sus ciudadanos, sino para protegerse a sí mismo."

Trivaix

Ligado con el fenómeno de la progresiva administrativización del derecho penal:
(a) El artículo de Bernardo Feijoo (2007) "Sobre la 'administrativización' del derecho penal en la 'sociedad del riesgo'; un apunte sobre la política criminal a principios del siglo XXI", Revista de Derecho Penal nº 19: https://xperta.legis.co/visor/temp_rpenal_497e0889-b154-4f9d-aed3-9bc8c6...

(b) La distinción entre derecho y legislación señalada por Friedrich Hayek (asociada a su vez a la diferencia entre las pautas de comportamiento o regularidades que informan un orden espontáneo abierto, emergente y evolutivo, frente a las normas que intentan ahormar o conformar una organización jerárquica planificada): http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/12/13/la-filosofa-poltica-de...

(c) El comentario del autor del artículo, Eduardo Blasco, que acertadamente señala: "[N]o es de extrañar que la cárcel sea la sociedad ideal del estatista progresista medio: un sitio donde no tienen que trabajar, con vivienda, sanidad, comida, educación, luz y agua gratis, donde las desigualdades económicas son menores y nadie salvo los encargados de mantener el orden están armados. [...]
La expansión imparable del Estado lleva consigo una expansión del sistema penitenciario, no tanto por necesidad, sino por el aumento incesante de regulación estatal..."

(d) La desvergüenza de los sucesivos titulares del poder "ejecutivo" español a la hora de "legislar" (en sustitución y reemplazando al verdadero titular del poder legislativo, con sus procedimientos reglados y la necesaria publicidad y diversidad en la conformación de esa voluntad general) junto al recurrente servilismo de los tribunales españoles, especialmente el Tribunal Constitucional, a la hora de aceptar cualquier justificación alegada por el mismo en relación al requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" exigido por el art. 86 de la Constitución para poder dictar esas disposiciones legislativas supuestamente provisionales. Un ejemplo, el (pen)último Decreto-ley 1/2021 aprobado este 19 de enero, casi regodeándose sobre ese servilismo: "El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval demanda la concurrencia material de una motivación explícita y razonada de la necesidad y también formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitación ordinaria de los textos normativos. Este real decreto-ley cumple aquella doctrina reiterada del Tribunal Constitucional contenida en múltiples sentencias entre las que cabría citar.... ": https://boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf

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