La red de corrupción del Gobierno es tan amplia que algunos mineros prefieren la protección de la guerrilla.
En su reciente viaje a Europa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los países de la Unión Europea que declararan al oro venezolano como “oro de sangre”, para evitar que su comercialización financie el “paraestado” venezolano.
Las razones del presidente encargado de Venezuela de ninguna manera son de carácter político o carecen de fundamentos: solicita que el mundo tome en consideración que la explotación de este mineral en Venezuela se realiza bajo procedimientos que desprecian los derechos humanos y que podríamos considerar como macabros.
Apenas el régimen de Nicolás Maduro promulgó el decreto 2248 de fecha 5 de septiembre de 2016, fomentando la Ley de Explotación del Arco Minero del Orinoco, surgieron las dudas acerca de la seriedad con que se llevaría a cabo la explotación minera de una frágil y extensa zona de tierra de 111.000 kilómetros cuadrados, donde se encuentra el 70% del agua del país. Los críticos se adelantaron para alertar de que se terminaría perjudicando el medio ambiente y la soberanía nacional. El tiempo, lamentablemente, les ha dado la razón: el pillaje y la destrucción ambiental son el pan de cada día de las actividades que se realizan en esta franja de terreno, mientras que los que se empeñan en salvar el planeta del capitalismo salvaje y depredador no han alzado su voz sobre lo que aquí acontece.
La acometida de este proyecto surgió de forma improvisada, obedeciendo al desespero del régimen venezolano para suplir los mermados ingresos del fisco nacional, una vez colapsada la industria petrolera y destruido el parque industrial del país. Los costos ambientales y sociales de este proyecto son transferidos a toda la sociedad venezolana. En las cercanías del Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, y los ríos Orinoco y Caroní, ya se notan los estragos causados por la deforestación, los cuales se expresan en la desertización que va quedando en esta zona de tierra caliza, donde no volverá a crecer la vegetación. También peligran las aguas de los ríos porque la tierra movilizada se lava con cianuro, un elemento totalmente tóxico, además de usarse mercurio, otro material altamente contaminante.
Para ejercer la minería en el sur del país se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petroleras y de Gas, por supuesto manejada por militares, que junto con la empresa estatal Minervén conforman el monopolio estatal sobre la explotación de oro y minerales de esa región.
Sin embargo, como en muchas otras actividades manejadas por el Estado, tampoco ha podido evitarse que bajo la protección gubernamental se refugien delincuentes comunes, guerrilleros, paramilitares, traficantes y contrabandistas, protegidos por la gobernación del estado de Bolívar y las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
En fecha 04-02-2020, el diario español La Razón, publicó un interesante reportaje que citaba los abusos denunciados por la ONG Human Rigth Wath (HRW). Entre los excesos cometidos que denunciaba el informe, se mencionaban los métodos brutales de las mafias para controlar la extracción del oro, tales como amputaciones y otros abusos atroces atribuidos a grupos armados y organizaciones venezolanas conocidas como “sindicatos”, en algunos casos con la complacencia del Gobierno venezolano. Esto coincide con lo denunciado por el portal Infobae, que recientemente publicó un vídeo donde mostraba cómo grupos irregulares operan a través de la tortura, aplicando disparos en las piernas y otros daños, siempre bajo el aval del Gobierno.
Se estima que el 91% del oro extraído es ilegal y una buena parte es sacada como contrabando. Según el informe de HRW, personas entrevistadas aseguraron haber visto a funcionarios del Gobierno cobrando sobornos. Los que no cumplen con las reglas pueden ser desmembrados frente a otros trabajadores para infundir miedo y evitar que se escapen sin pagar la vacuna. Esta práctica que realizan tanto el Gobierno como grupos irregulares guarda relación con la denuncia realizada por el diario Abc, en fecha 02-03-2020, según la cual el segundo hombre del régimen chavista, el siniestro Diosdado Cabello, cobraba medio millón de dólares mensuales por sus negocios ilegales, entre los cuales se encontraban los ingresos correspondientes a la explotación de oro, donde aquellos militares que participan en el negocio del contrabando le entregaban su parte correspondiente en oro o en efectivo.
Entre los grupos irregulares más conocidos que operan en la zona se encuentra el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), que tiene en el oro venezolano una de sus más altas fuentes de ingresos, valiéndose de sus influencias y conexiones con las Fuerzas Armadas de Venezuela, han construido una red de sobornos que les permite llevar el oro a Colombia a través de una red de contrabandistas. Tanto los grupos guerrilleros como las mafias exportan el oro y traen los dólares a Colombia, convirtiendo todo este engranaje en un mercado de lavado de dólares. Esta simbiosis entre Gobierno y guerrilla es conveniente para ambas partes: mientras los grupos irregulares hacen grandes negocios, el Estado venezolano se vale de los guerrilleros para “limpiar” la zona de elementos indeseables.
En algunas zonas, vedadas a los grupos irregulares, operan empresas de países amigos del régimen, como Rusia e Irán. Según Infobae, estos países extraen un mineral llamado torio, usado en la fabricación de misiles. Se calcula que 80 toneladas de oro se fugan de Venezuela anualmente. Sin embargo, el Gobierno sigue enviando a Turquía y Emiratos Árabes Unidos cantidades de oro que se cobra en efectivo para pagar gastos en el exterior.
La red de corrupción del Gobierno es tan amplia que algunos mineros prefieren la protección de la guerrilla que pagarle el 30% de lo recaudado a los cuerpos de seguridad venezolanos.
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