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¿Votar a los 16?

Son varios los partidos políticos que prometen en sus propuestas electorales adelantar el derecho a voto de los 18 a los 16 años. Esta reivindicación de la izquierda propone igualar la edad en la que el Estado permite empezar a trabajar con la elección de sus representantes políticos.

La realidad es que en los últimos años ha aumentado el número de jóvenes españoles que prolongan sus estudios hasta la etapa universitaria. No solo en cuanto a grados sino también en postgrados. En lugar de contribuir con sus impuestos, son muchos los que continúan recibiendo una enseñanza subvencionada que sale muy cara a las arcas públicas. Tampoco es de extrañar en un sistema educativo cuya baja calidad ha equiparado el nivel de formación universitaria al antiguo bachillerato siendo necesario buscar en otro tipo de cursos complementarios la formación que el mercado demanda y la Universidad no ofrece en sus licenciaturas. Otro factor que explica el incremento de la población unviersitaria en los últimos años es que profundizar o reciclar estudios puede ser una opción atractiva cuando la tasa de paro juvenil ya supera el 40 por ciento.

En este contexto argumentar que si se puede trabajar se debe poder votar es algo falaz porque la posibilidad de trabajar no implica que se esté trabajando. De hecho en ningún caso plantean la posibilidad de volver a un sufragio restringido a propietarios o contribuyentes. Las razones que subyacen a estas propuestas son ideológicas y tienen que ver con la concepción del bien moral colectivista que establece que el hombre solo alcanza su plenitud en el marco de su participación política como buen ciudadano.

Se han dado pequeños pasos en esta dirección como es el caso de centros educativos de titularidad pública en los que los alumnos participan en su gestión. Se trata de la misma trampa democrática en los que el voto de los receptores netos de renta tiene el mismo valor de aquellos a los que saquen a impuestos para recibirlas. Un principio que se podría justificar bajo el lema "ningún impuesto sin representación" queda algo pervertido por la mentalidad buenista. No se pretende volver a un sistema en el que el derecho a voto se otorgue en base al pago de impuestos sino en un intento de aumentar la base electoral de una sociedad ya infantilizada por las subvenciones repartidas por el Estado. Mientras que en las Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a decidir el futuro de la empresa según su número de participaciones, en democracia el derecho a voto no se otorga en función a las contribuciones de los ciudadanos a la Hacienda Pública.

El factor que olvidan quienes hacen este tipo de proposiciones es el de la responsabilidad. El individuo diluido en el colectivo que depende de las ayudas estatales para vivir es irresponsable como un niño que depende de sus padres. Mientras que la infantilización de la sociedad aumenta se pretende que los más jóvenes actúen responsablemente. No se trata de un problema de madurez biológica -que a cada uno llega de forma individual independientemente de la edad- sino de la responsabilidad que conlleva que el voto de uno pueda condicionar la vida de los otros.