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A vueltas con el bono

A finales del mes de octubre, el Tribunal Supremo dio la razón a las eléctricas, que habían interpuesto una serie de recursos contra el método de financiación del bono social. Esta sentencia anulaba, básicamente, el sistema por el cual las eléctricas debían pagar esta medida social creada por el Gobierno para, en apariencia, favorecer a las personas con menos recursos y ofrecerles descuentos del 25%, siempre que cumplieran ciertos requisitos. Desde la perspectiva de las políticas públicas y desde la forma de pensar de muchos ciudadanos, esta medida puede resultar razonable y hasta deseable, pero el bono social, desde que se puso en marcha el 1 de julio de 2009, ha sido un “coladero” que ha permitido acceder a este descuento a familias y viviendas que no deberían favorecerse de él.

Las condiciones para acceder al bono social eran muy sencillas y, hasta cierto punto en esta intervencionista sociedad que vivimos, asumibles:

1) Tener una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.

2) Tener 60 o más años de edad y ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal.

3) Tener 60 o más años de edad y ser beneficiario de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

4) Ser familia numerosa.

5) Formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.

Sin embargo, pronto las eléctricas detectaron situaciones en las que el fraude tomó protagonismo o, al menos, cierta tergiversación del espíritu de la norma. Pese a estos casos que no han sido pocos, los usuarios se han manifestado en contra de la sentencia del TS, multiplicándose las protestas por todo el territorio nacional.

Una vez más, dichas protestas poco o nada tienen que ver con la resolución del alto Tribunal, pues en ningún momento los jueces han establecido que el bono social tenga que desaparecer. No se cuestiona si se favorece a quien debe, incluso si un gobierno está o no capacitado para crear una medida social que termine cargándose en las cuentas de un tercero; los colectivos sociales no se fijan en esto, montan escándalo para terminar pidiendo que se deje como está. Los sindicatos y las organizaciones de usuarios juegan al miedo y a la desinformación, lo que demuestra que quizá no estén alineándose a favor de los ciudadanos, sino de sus intereses particulares, que suelen beneficiarse de los conflictos.

Conscientes de estas contradicciones prácticas, algunas eléctricas pidieron, no la desaparición del bono social, sino que éste se vinculara al nivel de renta. Es de sentido común que, por ejemplo, un anciano con una pensión baja, que no le permita renovar los electrodomésticos y deba mantener una potencia superior a 3 kW, o una familia que tenga un único miembro de la unidad familiar con trabajo, pero siendo los ingresos muy bajos, puedan acceder a este bono, mientras que una familia numerosa, pero con una renta especialmente alta, no tenga que echar mano de esta ayuda, o que la casa de la playa no tenga el bono al tener contratados menos de 3 kW. Incluso se puede pulir el sistema de forma que, de alguna manera, se consideren casos individuales. En el pasado mes de abril, Endesa planteó esta circunstancia, pero dada la mala fama de las eléctricas, algunas veces ganada a pulso, tuvo poco impacto mediático. La eléctrica planteó que se elevara el porcentaje de rebaja, ya que se estaba excluyendo a muchas personas que lo podían necesitar. La compañía pronto consiguió que Gas Natural Fenosa se uniera a la iniciativa.

Además de la idoneidad del sistema, la legalidad o la justicia de la medida, deberíamos plantearnos una serie de cuestiones. ¿Hasta qué punto es lícito hacer caridad con el dinero de los demás? El Estado creó la tarifa que debían sufragar las eléctricas, entidades que, si bien están relacionadas con un sector, el energético, fuertemente regulado, son entidades privadas que suelen cumplir la ley y, sobre este cumplimiento, obtener beneficios. Es fácil para el Estado cargar sus políticas sociales en los hombros de los ciudadanos, ya sean personas físicas o jurídicas. Pero si fuera lícito, ¿cuál es la razón de que algunas de estas protestas sean porque se podría incluir dicho coste en el recibo de la luz? Al fin y al cabo, serían uno o dos euros más, y ya hemos tragado con el déficit eléctrico o las renovables, sin que en ese momento se haya producido una manifestación ciudadana tan llamativa. Y es que ésta es la solución más probable que se baraja cuando se busca una nueva fuente de financiación del bono social.

Ya puestos, por qué no seguir con incómodas preguntas. No hace mucho tiempo, el sector planteó que se pagara sólo por la energía consumida, que se sacara del recibo cualquier otra cosa. Cuando llegamos a entender la factura, a todos nos desagrada ver en la misma un quesito que nos muestra que casi la mitad de lo que pagamos se debe a impuestos y costes regulados que cubren las políticas energéticas “fallidas”. Que, de un día para otro, se reduzca el recibo a la mitad es un estupendo bono social que ayudaría a arreglar muchas economías domésticas y permitiría que ese dinero disponible fuera empleado en asuntos más beneficiosos para las familias.

Además, si la electricidad es un bien esencial, tan esencial que se ha creado el término “pobreza energética” para señalar a las personas que no son capaces de tener y pagar el consumo eléctrico, ¿por qué no paga un IVA reducido? Cualquiera que tome la factura de la luz verá que el tipo aplicado es del 21%. Con un IVA al 4%, las cosas serían bien distintas.

Y una última cosa: en España está prohibida la doble tributación. Echen un ojo a una factura y verán que existe un “impuesto eléctrico” que se suma a otros conceptos y, sobre la cantidad final, ¡se aplica el IVA! Un impuesto sobre un impuesto, circunstancia que también se da en la factura del gas. No me digan que, en definitiva, no sería mucho mejor como bono social una reducción drástica de los impuestos a la energía y únicamente el pago de la energía consumida, y no tanto fracaso de políticas energéticas.