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Y en esto llegaron a Gotemburgo

En diversos análisis para este Instituto he reconocido algunos aspectos positivos de la Unión Europea. De una organización supraestatal basada en parte en el reconocimiento de cuatro libertades de movimiento básicas (de personas, mercancías, servicios y capitales) entre sus Estados miembros, según establece actualmente el artículo 26.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, no pueden proceder todos los males que aquejan a las sociedades europeas. Incluso su reforzado papel político en algunas materias, como la defensa del imperio de la ley y el Estado de derecho en los Estados miembros, había contrarrestado hasta ahora, las manifestaciones más groseras de nacionalismo y populismo que han proliferado en esta década.

Ahora bien, al mismo tiempo este peculiar supra-Estado no deja de retroalimentar las tendencias políticas dominantes en los gobiernos nacionales. En contra de lo que difunden con fruición una gran mayoría de medios de comunicación, el modelo, enquistado desde hace más de sesenta años en las estructuras políticas y burocráticas europeas occidentales (ahora también, con sus peculiaridades, las orientales que abandonaron el socialismo real) viene determinado por un consenso respecto al mantenimiento de un (mal) llamado Estado del bienestar sustentado en la actuación de los gobiernos y su maquinaria burocrática. Un sistema muy costoso que requiere una financiación con altos impuestos y que genera una asfixiante hiperregulación de todas las actividades humanas (no solo mediante la tributación) así como un incesante aumento del número de funcionarios o empleados públicos que se encargan de gestionarlo o vigilarlo.

Sin que hayamos conocido otro sistema, desde hace lustros venimos escuchando la cantinela de que este modelo mixto resulta necesario frente a dos extremos: por un lado, el capitalismo basado en el liberalismo clásico y el funcionamiento del libre mercado, y, por otro, el socialismo real, basado en la planificación económica central, necesariamente totalitaria, que colapsó a finales del siglo pasado. Esa combinación o punto intermedio no ha funcionado tan bien como sus apologetas pretenden y, de hecho, los reajustes para mantenerlo han sido constantes a lo largo de su historia. Conviene recordarlo porque los recortes a los que ven impelidos los Estados de bienestar no vienen determinados por una conspiración liberal (o neoliberal, como gustan decir los demagogos) sino por la propia imposibilidad de compatibilizar la creación de riqueza por parte de los elementos productivos de la sociedad con un tamaño desaforado del Estado y de las clases pasivas que dependen de él (esto es, empleados públicos y los receptores de rentas). En los últimos tiempos, los efectos beneficiosos de la división internacional del trabajo, el avance tecnológico, la incorporación de nuevos países manufactureros y la liberalización del comercio internacional (puesto en cuestión otra vez por los populistas de izquierdas y de derecha) han mitigado en cierta medida esos problemas inherentes a los Estados de bienestar, pero no los han eliminado.

Pues bien, en lugar de plantearse reformas de ese modelo, aunque solo fuera por la inversión de la pirámide de población que amenaza sin remedio a las pensiones de la Seguridad Social, los políticos europeos perseveran en el error y se dejan llevar por ideas aún más perniciosas para la libertad y el auténtico bienestar de sus ciudadanos. Así se ha comprobado en la reciente Cumbre Social por el empleo justo y el crecimiento, una reunión informal para los 27 jefes de Estado o gobierno europeos, organizada conjuntamente por el Gobierno sueco del sindicalista socialdemócrata Stefan Lövfen y la Comisión Europea en la ciudad de Gotemburgo.

Arropados convenientemente por los resultados de un Eurobarómetro que mostraría que ocho de cada diez europeos creen que la economía de libre mercado debe ir acompañada por un alto nivel de protección social (cualquiera que sea el significado que esos dos conceptos tengan para los europeos encuestados), los anfitriones se congratularon de consagrar el “Pilar Social europeo” que distinguiría, según sus promotores, un modelo político ampliamente compartido en todo el continente. De hecho, las conclusiones preliminares ya se conocían, dado que el pasado 23 de octubre los ministros del ramo habían acordado por unanimidad su proclamación y autorizar a la presidencia su firma con ocasión de esa cumbre europea.

La proclamación se presenta como una respuesta a la desafección de los ciudadanos hacia unos gobiernos que no se preocuparían de sus vidas y frente al ascenso de los populismos. Se entiende que constituye un hito crucial dentro del más amplio debate sobre el futuro de Europa, abierto a principios de este año por el Libro blanco de la Comisión Europea y el proyecto de su presidente para conseguir una Unión más fuerte y democrática.

Pero ¿en qué consisten esos pilares? Ni más ni menos que en aplicar a escala europea los denominados derechos sociales –mezclándolos con otros derechos auténticos como la igualdad ante la ley– tal como los han entendido la política socialdemócrata de los gobiernos nacionales hasta ahora, a los que añaden una hornada nueva, precisamente codificada por los movimientos populistas de izquierdas y derechas. O dicho con otras palabras, la respuesta de los políticos europeos a los problemas que se avizoran en el futuro consiste en ofrecer respetabilidad e integrar las ideas y programas de los movimientos populistas en su aspecto “social”.

Su carácter orientador para los Estados miembros no permite subestimar el alcance que esta lista tendrá en los próximos años en la modulación de las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno en Europa. Aunque se insiste que estos derechos sociales no menoscaban el “derecho” de los Estados miembros para establecer sus particulares sistemas de seguridad social y administrar sus fondos públicos, así como que no deben afectar significativamente el equilibrio financiero, el discurso populista ha capturado a los políticos que toman decisiones hasta unos extremos alucinantes. Empezando por la trampa dialéctica de denominar como derechos a objetivos políticos socialistas que ningún gobierno puede garantizar seriamente, se amalgaman deseos, propósitos, objetivos y auténticos derechos (algunos de los cuales ya están recogidos en los tratados fundacionales) hasta completar una lista de veinte enunciados acompañados de una referencia a su contenido.

Junto a los tradicionales derechos sociales (denominados principios rectores de la política social y económica en la Constitución española, por ejemplo) que encubren obligaciones de pago para otros, el sometimiento a la sindicalización de las relaciones laborales o las actuaciones de “discriminación positiva” para mujeres y otros grupos, llama poderosamente la atención que se denominen como tales conceptos elaborados muy recientemente.

De este modo, se declara el derecho a una renta mínima (14) que “asegure una vida digna en todas sus etapas y un acceso efectivo a bienes y servicios adecuados” que recuerda mucho a la renta básica universal. En el mismo sentido (19) se proclama el derecho a una vivienda de calidad[i] para los necesitados, lo cual incluye la protección frente a los desahucios. En un saco final (20) se enuncian el derecho al acceso a servicios esenciales de buena calidad, como el suministro de agua, la recogida de basuras, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales, los cuales incluyen las ayudas para los necesitados.

En conclusión, una conjunción de intereses políticos insensatos ha reconocido puntos fundamentales de la demagogia populista como parte del acervo de la Unión Europea. Desmontar la larga ristra de falacias en que se basan y señalar los contraproducentes efectos que producirá su aceptación añadirá trabajo a los liberales europeos.

           

[i] Es curioso que se añada a todas estas prestaciones públicas esta voluntarista coletilla, como si quisieran exorcizarse los frecuentes defectos que se les achacan