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Balance económico de Rajoy: peor imposible

Hace ya un año que Mariano Rajoy ganó las elecciones por una mayoría absoluta histórica: 186 escaños y cerca de once millones de votos. La campaña electoral tuvo como tema prácticamente único la crisis económica. Los socialistas, gravemente tocados tras la última y desastrosa legislatura de Zapatero, poco podían ofrecer para sacar al país del atolladero en el que ellos mismos le habían metido. Rajoy, sin embargo, centró sus promesas en la recuperación económica. Según él sólo el PP podía acometer semejante tarea. Y los españoles –por activa votándole o por pasiva dejando de votar al PSOE– se lo creyeron.

Ha pasado un año y España no sólo no ha salido de la crisis, sino que se ha hundido todavía más en ella. No hay un solo indicador que invite al optimismo. En los últimos doce meses el paro ha crecido, ha continuado la destrucción del tejido productivo y la deuda pública ha alcanzado límites difícilmente sostenibles en el corto plazo. La situación es de extrema gravedad. El dinero ha comenzado a abandonar el país a toda prisa y, con él, los trabajadores más preparados y productivos. España no es todavía Argentina, pero ya empieza a parecerse mucho a ella.

El desempleo desbocado

De todos los indicadores el más preocupante y dramático es el del desempleo. El pasado mes de octubre se alcanzó y rebaso, por primera vez en la historia, la tasa del 25% de paro. 5.778.100 personas en paro que son unas cuantas más (aproximadamente medio millón más) si le retiramos el maquillaje estadístico que saca del desempleo a todos los parados reales que no estén buscando “activamente” empleo.

La cifra, por lo tanto, se acercaría más a los seis millones y medio que a los seis millones. Con semejante lacra es imposible que la economía se recupere. El paro es la piedra de toque de todo el sistema. Sin gente trabajando la economía se estanca y el Estado ve reducida su recaudación. Lo primero ocasiona un círculo vicioso imposible de romper, lo segundo condena al Estado a endeudarse en el extranjero.

¿Qué ha hecho Rajoy para poner coto a esta auténtica tragedia? Nada reseñable, se ha limitado a garantizar los subsidios a costa de los presupuestos generales de Estado y ha aprobado una tibia reforma laboral que, si bien va en la dirección correcta, es insuficiente. Se ha mantenido intacta la dualidad del mercado laboral español que, por lo demás sigue siendo extraordinariamente rígido, mucho más que el de otros países.


Una subida de impuestos cada quince días


Si en algo ha sido prolijo el Gobierno de Rajoy ha sido en subir incansablemente los impuestos. No existe precedente en la historia económica de España de un Gobierno con una furia fiscal semejante. EL IRPF lo elevó en su primer consejo de ministros. Y no fue una subida cualquiera. Fue el mayor incremento en 45 años, es decir, desde que ese impuesto existe. No contento con subir de un modo salvaje este impuesto al trabajo, el mismo día anunció una espectacular subida para las rentas del ahorro.


Dos rejones típicamente socialistas que lo que han ocasionado de un modo inmediato es que el trabajo desaparezca (o, en el mejor de los casos, se sumerja) y los capitales huyan del país. Caso aparte es la deducción por vivienda, que había retirado Zapatero poco antes. Rajoy la restableció para, meses después, volverla a retirar. Las compras de vivienda efectuadas a partir de enero de 2013 carecerán de esa deducción.

A la vuelta del verano el Gobierno anunció un nuevo impuesto, esta vez sobre las plusvalías a corto plazo que tributan al tipo marginal, es decir, al máximo. Un mes después se descolgó apoyando la implantación de una tasa Tobin a nivel europeo. Un aperitivo para la banderilla final: el impuesto sobre loterías, que afectará a los premios de la lotería estatal y de los sorteos de la Cruz Roja y la ONCE.


El impuesto por antonomasia, el que paga todo hijo de vecino, el IVA, parecía que se salvaría gracias a que el propio Rajoy hizo una gran campaña por su rebaja antes de llegar al poder. Nada de eso. El Gobierno anunció en verano una subida histórica del indirecto. Desde el 1 de septiembre el IVA general pasó del 18% al 21%, tres puntos de golpe que se suman a los dos que ya subió Zapatero en 2010.

A modo de fin de fiesta fiscal, hace solo unos días el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó la creación de un sistema de tasas judiciales que para muchos es, más que recaudatorio, simplemente confiscatorio.

Gasto desaforado


Si Rajoy se ha visto obligado a subir tanto los impuestos y a inventarse algunos nuevos se debe a que el Estado gasta mucho más de lo que ingresa y lleva haciéndolo ya desde hace varios años. Esto ha repercutido en la deuda pública, que ha vuelto a niveles de los años 90 y amenaza con superarlos en breve.

Y si el Estado gasta de esa manera es porque Rajoy ha decidido que así sea. El gasto público, lejos de decrecer, ha aumentado en los últimos doce meses y más aumentará en los próximos doce. Para 2013, los primeros presupuestos hechos por Rajoy sin la famosa “herencia recibida” el Estado pretende gastar un 5,6% más que en 2012 o, lo que es lo mismo, 9.000 millones más.

El Estado gasta más porque cada vez está más endeudado y tiene que dedicar más recursos financieros a devolver los préstamos del pasado. Pero no sólo eso. Rajoy ha decidido, por ejemplo, mantener una subida en las pensiones del 1% a pesar de que los salarios caen en picado en todos los sectores.

Mención aparte merece el excesivo número de empleados públicos, que roza los tres millones, más que en 2007, cuando el Estado estaba en superávit fiscal. El Gobierno no ha hecho aún nada por aliviar semejante carga sobre los presupuestos. En parte por falta de convencimiento y, en parte, porque no todos dependen del Estado Central sino de autonomías y ayuntamientos.


La descentralización administrativa juega en contra de una racionalización del Estado, que se ve obligado a recaudar y pedir prestadas gigantescas cantidades de dinero para que otros lo gasten. Otros que no quieren apretarse el cinturón y que se niegan a cuadrar las cuentas porque el grifo de la administración central sigue abierto de par en par. Para que a las manirrotas autonomías no les falte de nada, el pasado verano Montoro obligó a Loterías de Estado a prestar 6.000 millones para sostener un fondo de rescate autonómico al que, con contadas excepciones, han acudido ya casi todas las comunidades.

Nacionalizaciones y rescates


Otro grifo no ha cesado de manar en el último año es el que riega los balances de las antiguas cajas de ahorros. Algunas como Bankia han sido directamente nacionalizadas y enchufadas de nuevo al presupuesto. Otras llevan meses financiándose del FROB, un fondo aparentemente inagotable que se nutre también de dinero público. La consigna es purgar con dinero del contribuyente los excesos en los que incurrieron las cajas durante los años de la burbuja. Y hacerlo sin que se note demasiado.


Pero el pufo es de tal calibre que Rajoy ha tenido que sacarse de la manga una entidad, estatal naturalmente, para que los bancos depositen en ella todos sus activos depreciados. Esta entidad, bautizada como Sareb, se capitalizaría con dinero público cerrando de este modo el círculo. Una promesa de nuevas subidas impositivas y nuevas emisiones de deuda (que terminarán amortizando los contribuyentes) para el futuro cercano.


El balance económico del primer año de Rajoy no puede ser peor. Ha conseguido exactamente lo contrario de lo que se proponía. Su política económica ha sido un calco de la de Zapatero, de quien Rajoy se ha erigido como el mejor sucesor posible. Si no se han aprobado nuevos planes E se debe a que no hay con qué financiarlos, no a falta de convicciones socialdemócratas. El primer año de la legislatura se ha saldado, pues, con un fracaso económico sin paliativo posible. Hoy los españoles somos más pobres, pagamos más impuestos y tenemos menos expectativas que hace 365 días, cuando Rajoy salió ufano al balcón de la sede del PP en Génova a celebrar la victoria.