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El ajuste deberá recaer sobre las pensiones

En apenas una semana, el sistema español de pensiones públicas ha recibido un baño de realidad por parte tanto del Tribunal de Cuentas como del Banco de España. Y es que, a pesar de que ahora mismo no parezca un problema prioritario frente al control de la segunda ola de la pandemia o frente a la honda crisis económica, el descuadre financiero de la Seguridad Social sigue siendo uno de los principales retos que este país deberá resolver en el medio plazo.

El problema de fondo al que nos enfrentamos es de sobra conocido: los gastos del sistema de pensiones son mayores, y crecen más rápido, que los ingresos. En concreto, los gastos en prestaciones contributivas aumentaron de 96.792 millones de euros en 2011 a 125.537 millones de euros en 2018: un crecimiento del 29,6%; en cambio, los ingresos solo mejoraron desde 95.163 millones de euros a 102.847: un aumento del 8%. De manera que el déficit del sistema ha aumentado desde 1.629 millones de euros a 22.690.

Pero, ¿por qué se han incrementado tanto los gastos y tan poco los ingresos? El crecimiento de los gastos se debe tanto al aumento del número de pensionistas —que ha pasado de 8,06 millones a 8,8 millones— como del gasto medio por pensionista —que se ha incrementado de 12.006 euros anuales a 14.254—. De hecho, si tuviéramos que descomponer la responsabilidad del incremento del gasto anual en 28.745 millones de euros, aproximadamente dos terceras partes se deberían al mayor gasto medio por pensión y un tercio al mayor número de pensionistas. Asimismo, el tibio aumento de los ingresos se debe al estancamiento del ingreso medio por afiliado —que se ha reducido de 5.505 euros anuales a 5.435—, y no tanto al incremento en el número de afiliados —que ha pasado de 17,28 millones a 18,92—. Obviamente, parte de la responsabilidad del estancamiento de las cotizaciones medias reside en el fuerte aumento del número de afiliados: si el empleo creado ha sido mayoritariamente de baja remuneración, la cotización media cae.

En todo caso, la radiografía que presenta el Tribunal de Cuentas es harto significativa: el gasto medio por pensionista es 2,6 veces superior al ingreso medio por afiliado (14.254 euros versus 5.435) y, sin embargo, el número de afilados solo es 2,14 veces mayor que el número de pensionistas (18,92 millones versus 8,8 millones). Y el problema es que estas tendencias se van a agudizar durante las próximas tres décadas por razones estrictamente demográficas: el número de afiliados no aumentará mucho más y, en cambio, el de pensionistas si seguirá incrementándose. ¿Cómo ajustar en tal caso el desequilibrio financiero?

Más allá de las ganancias que podamos experimentar en la ratio afiliados/pensionistas merced a un súbito repunte de la natalidad o a un incremento de la inmigración, la clave reside en ajustar la otra ratio: gasto medio por pensionista / cotización media por afiliado. Y, como es obvio, existen tres vías para volverla compatible con la sostenibilidad financiera del sistema: o recortar las pensiones (algo que reduciría el gasto medio por pensionista) o aumentar las bases de cotización o los tipos efectivos de cotización (ambos factores aumentarían el ingreso medio por afiliado).

La vía para que todos salgamos ganando es, claramente, incrementar las bases de cotización, es decir, los salarios: de ese modo el trabajador ingresa más y, abonando una misma cotización, conseguimos sostener pensiones más elevadas. Pero las políticas públicas no determinan directamente los salarios, sino que como mucho influyen sobre ellos de manera indirecta (mediante reformas estructurales que faciliten aumentos de la productividad). O dicho de otro modo: no existe garantía de que durante las próximas tres décadas los salarios aumenten lo suficiente como para cubrir el déficit de la Seguridad Social (de hecho, la garantía es prácticamente la opuesta: no lo harán). En tal caso, solo nos quedan dos variables con las que efectuar el ajuste restante: o menores pensiones o mayores gravámenes. Y aquí es donde entra el reciente informe del Banco de España.

En abstracto, podría parecernos igual de equitativo que los pensionistas cobren menos o que los trabajadores paguen más. Pero la realidad es que los actuales pensionistas —y también los del futuro— van a percibir en forma de pensión un 74% más de lo que han cotizado. ¿Por qué habría que forzar a los trabajadores actuales a que cotizaran mucho más para sufragar una prima del 74% para los pensionistas por encima de lo que cotizaron? Acaso se diga —con razón— que el dinero presente no tiene el mismo valor que el dinero futuro y que, en consecuencia, los pensionistas merecen una revalorización sobre lo que cotizaron. Más la rentabilidad imputada que están obteniendo es del 3,5% de media anual, cuando actualmente la deuda pública a 10 años apenas abona un interés del 0,28%. ¿Por qué si un pensionista está invertido, a todos los efectos, en un pasivo estatal ha de percibir una rentabilidad que es 12,5 veces superior a la que reciben otros titulares de pasivos estatales?

Por mera equidad intergeneracional, el agujero en la Seguridad Social que subsista tras el aumento de la población ocupada y el crecimiento de los salarios debería recaer sobre la cuantía de las pensiones públicas.