El sistema de pensiones de los estados del bienestar europeos son fraudulentos sistemas piramidales. La enorme proporción de la renta que los trabajadores pagan en concepto de pensiones no se capitaliza sino que se gasta inmediatamente en los pagos actuales a los jubilados y al mantenimiento del sistema burocrático que lo mantiene. De modo que la pensión de quienes hoy trabajan no dependen de lo que paguen sino de que el número de trabajadores jóvenes aumente en el futuro y de que el estado siga estando en condiciones de arrebatarles una buena parte de sus rentas. Como bien explica un estudio del Instituto Juan de Mariana de próxima publicación, estos sistemas piramidales están prohibidos por la legislación española (y de los demás miembros de la UE) y se mantienen gracias a los abundantes mitos que apuntalan el intervencionismo público en esta materia. Pero pocos son los que se atreven a llamar a las cosas por su nombre cuando el estado está de por medio.
El gobierno belga ha propuesto retocar este modelo para que el fraude pueda continuar unos años más y retrasar así el colapso. En concreto propone reducir las posibilidades de jubilación anticipada, prohibir el cobro de pensiones superiores en el caso de trabajar más de 65 años, favorecer fiscalmente a todo el que espere hasta los 65 para cobrar sus fondos de pensiones, limitar las subvencionadas excedencias, ampliar las ayudas para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y aumentar los fondos dedicados a la seguridad social a través de un nuevo impuesto consistente en un porcentaje fijo sobre las rentas del capital. Vamos, que se obliga a la gente a que se jubile más tarde para que contribuya más tiempo al pago de las pensiones al tiempo que se reduce el tiempo que estarán cobrando pensiones, se tratan de limitar los años sabáticos y se incrementan los impuestos.
El sindicato socialista no entiende que el futuro de su sistema socialista de reparto está en juego y se ha lanzado a exigir el mantenimiento de las prestaciones y el incremento de los impuestos mediante una nueva “contribución social general” y el mencionado impuesto sobre las rentas del capital. ¡Como si el problema principal de Bélgica no fuese ya su nula competitividad debida a la astronómica deuda pública y sus elevadísimos impuestos! El sindicato católico también quiere mantener el sistema socialista pero es bastante más coherente que su competidor. Por eso parece aceptar los retoques, retrasar el colapso un par de décadas más y disfrutar del tiempo que dure la estafa, que ya habrá tiempo de sentarse a buscar soluciones a su debido tiempo.
Ningún político quiere quemar su nombre en la hoguera de la demagogia social y por eso incluso un primer ministro que se hace llamar liberal como Guy Verhofstadt apuesta por retocar y continuar con el timo de las pensiones públicas. Nadie se atreve a llamar al sistema de pensiones por los que es, un latrocinio, y mucho menos a permitir que los individuos contraten la forma de jubilarse que más les convenga.
