Pero en este caso, no me estoy refiriendo al latrocinio de la subida fiscal sino al despilfarro de recursos que supone y supondrá el rescate público del sistema financiero español.
Si un sólido sistema democrático como el de Estados Unidos no ha logrado evitar el despilfarro de miles de millones de dólares para rescatar por la puerta de atrás a grandes bancos de Wall Street a través de la aseguradora AIG, qué no pasará en un país como España, en el que la cultura del pelotazo, lejos de desaparecer, está aún plenamente vigente, sobre todo, en el sector público.
El actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, está en el punto de mira tras haber ocultado a la opinión pública un gran rescate bancario sin el consentimiento del Congreso cuando presidía la Reserva Federal de Nueva York. Haciendo uso de prácticas propias de la mafia, Geithner ordenó a AIG tapar el asunto pero, por suerte, un congresista levantó la liebre gracias al apoyo de algunos medios de comunicación.
El escándalo, pese a que ahora está siendo investigado, pone de relieve la facilidad y el descaro con el que los organismos públicos despilfarran el dinero de los contribuyentes –en este caso, un mínimo de 13.000 millones de dólares– en beneficio propio, sin importar las consecuencias.
El Gobierno español ya ha puesto encima de la mesa un fondo de rescate (FROB) por valor de 90.000 millones de euros, que equivale al 9% del PIB nacional. Este inmenso dineral será gestionado por el Banco de España y el Ministerio de Economía. El manguerazo de billetes comenzará en breve y, sin duda, supondrá un caldo de cultivo idóneo para el ejercicio de la corrupción política y financiera al más alto nivel. Numerosas entidades serán salvadas con nuestro dinero sin importar la ineficiente gestión llevada a cabo por sus directivos –en su mayoría ex políticos en el caso de las cajas de ahorros– ni calibrar si realmente merece la pena o no acudir al rescate.
Por el momento, la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la primera del Banco de España, se está saldando sin consecuencias penales de ningún tipo. Y eso que la entidad vulneró la ley al conceder créditos por valor de casi 1.000 millones de euros al entorno de sus directivos, aparte de dejar un agujero milmillonario en su balance.
Asimismo, la fusión de Caja España y Caja Duero supondrá, como mínimo, 562 millones de euros para las arcas públicas. Pero lejos de arrugarse, ambas entidades han acordado duplicar los componentes de la nueva Asamblea General (34 personas) para asegurarse que todos los directivos mantendrán su sillón tras la integración.
¿Alguna reacción política al respecto? Ninguna. Los grandes partidos aplauden al unísono y con fervor la dilapidación de nuestros escasos recursos con tal de mantener inamovible el statu quo que les garantiza una posición privilegiada y dominante como casta. Por desgracia, estos dos pequeños ejemplos de robo institucional se verán multiplicados conforme comience a funcionar el famoso FROB. El gran golpe está en marcha y las víctimas, una vez más, serán todos los contribuyentes.
