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Endesa y el capitalismo de Estado

¿Verdad que suena bien? Ni rastro de dirigismo político ni de intervencionismo reprochable. Pura y simple libre competencia.

Lo siento, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

El caso Endesa es un ejemplo de lo que pasa no en un auténtico sistema capitalista, sino en el capitalismo corporativista, también conocido como neoliberalismo o capitalismo de Estado.

El capitalismo corporativista, a diferencia del liberalismo, se caracteriza porque el Estado utiliza su poder político para influir y orientar las decisiones de los individuos. Impuestos, subvenciones y regulaciones son sus rasgos diferenciadores. Es cierto que los individuos son libres para elegir, pero están sometidos a la fiscalización, la supervisión y el control del Estado.

La OPA de Gas Natural sobre Endesa estuvo diseñada desde el principio para pagar réditos electorales a los aliados del Gobierno socialista y manejar la compañía, merced al control que los políticos ejercen sobre las cajas de ahorro. El PP se opuso a la operación so pretexto de una supuesta concentración monopolística de poder, pero lo que pretendía era conservar su influencia en Endesa gracias a Caja Madrid.

Ya expliqué en su momento por qué desde un punto de vista liberal no cabía criticar la oferta de Gas Natural sobre Endesa por el tamaño resultante de la empresa, sino únicamente por el origen y el calado políticos de la operación. Por supuesto, para un poder político cualquier recurso a la demagogia es bueno, con tal de que satisfaga sus sus aspiraciones.

La aparición en escena de E.On, el 20 de febrero de 2006, pareció dar un respiro al PP y encabritó al PSOE. La oferta de Gas Natural parecía exigua ante lo que estaba dispuesto a pagar la alemana. Si todo terminaba así, el PSOE no podría cumplir sus compromisos y, lo que era peor, tomar el control de la primera eléctrica española.

Los engranajes del Estado se pusieron en marcha para tratar de obstaculizar la operación. Al día siguiente Zapatero se dirigía en tono mafioso a Bernotat para advertirle de que el Gobierno no aprobaba la OPA de E.On. En un sector tan altamente regulado como el eléctrico, Zapatero recordó a aquél que el marco regulatorio y la rentabilidad prevista para Endesa no eran "reales".

Dicho y hecho: unos días después, el Gobierno aprobaba un decreto-ley (recordemos que, según la Constitución, sólo pueden dictarse en caso de "extraordinaria y urgente necesidad") por el que se ampliaban las competencias fiscalizadoras de la CNE, controlada por el PSOE, para abarcar la OPA de E.On. Tal era la situación de acoso que, en la reunión que mantuvieron en abril Angela Merkel y Zapatero, la canciller alemana pidió al Gobierno español que respetase las reglas. Petición que, obviamente, el Ejecutivo socialista no atendió.

En julio, la CNE aprobaba unas durísimas condiciones para la OPA, entre las que destacaban la obligación de vender el 15% de los activos de Endesa y la de ceder algunos activos a empresas españolas.

E.On quería comprar; el Gobierno y la CNE, ponerle tantas trabas que finalmente desistiese de hacerlo. Tal fue la cacicada que incluso la ultraintervencionista Comisión Europea protestó airadamente y exigió que las condiciones fueran retiradas.

El Gobierno, consciente de que sus intenciones estaban quedando al descubierto y de que su táctica era insostenible, decidió entonces seguir un camino mucho más sibilino.

En los mercados de capitales es común que los inversores recurran a los brokers para ocultar su identidad. Así no descubren sus cartas; y si existen oportunidades de beneficio son capaces de aprovecharlas con disimulo. Pues bien, el Gobierno se buscó su propio broker: Acciona. Así, el 25 de septiembre la empresa de la familia Entrecanales compró el 10% de Endesa.

Recordemos que E.On comunicó su intención de adquirir Endesa el 20 de febrero. Siete meses después, la alemana no había adquirido ninguna acción de ésta, mientras que Acciona se hizo rápidamente con el 10%. La razón fue que la Ley del Mercado de Valores española, con la absurda excusa de proteger al pequeño inversor, obligaba a que toda empresa que quisiera adquirir más del 25% de una compañía lanzara una OPA.

Sin embargo, como vemos, el procedimiento para lanzar una OPA es lentísimo (y carísimo). Hasta el 16 de noviembre la CNMV no autorizó la oferta pública de adquisición. En todo este período Acciona pudo ir adquiriendo porcentajes inferiores al 25% de Endesa sin necesidad de lanzar una OPA y someterse a un proceso tan rígido. Así, el 20 de octubre ya controlaba el 20% de la compañía.

No es de extrañar que el Gobierno, inserto de lleno en este cambio de táctica, intentara lavar su imagen retirando buena parte de las condiciones que la CNE impuso a E.On. Simplemente, ya no las necesitaba.

El problema es que Acciona no podía comprar más de un 25% sin presentar una OPA, así que el Gobierno, tras reunirse en Ibiza con Prodi, concertó la participación de otro actor: la empresa pública italiana Enel, que adquirió en febrero de 2007 otro 10% de la compañía. Unas semanas después, Enel compraba hasta el 24%, de nuevo sin necesidad de acudir al lentísimo procedimiento de la OPA.

Aun cuando Endesa se encontraba ya en su práctica totalidad en manos de Enel y Acciona, E.On decidió a la desesperada aumentar el precio de su oferta hasta los 40 euros por acción, lo cual fue autorizado por la CNMV con la restricción de que no podría volver a incrementar el precio de la OPA. Siendo conscientes de ello, Enel y Acciona filtraron el rumor de que ya estaban dispuestos a lanzar una OPA a 41 euros la acción, deshaciendo así cualquier posibilidad real de E.On.

Si además tenemos en cuenta el profundo control que el Gobierno sigue ejerciendo sobre las empresas eléctricas españolas (hasta el punto de que fija sus precios), ¿a alguien le extraña que E.On decidiera retirar su OPA?

No, todo esto nada tiene que ver con un sistema capitalista. E.On no debería haber sido acosada con chantajes y regulaciones políticas; y, lo que es más importante, debería haber tenido la opción de comprar las acciones de Endesa en cualquier momento en que sus propietarios hubieran estado dispuestos a vender, sin necesidad de pasar por rígidas y lentas supervisiones.

El matonismo inicial del Gobierno dio paso al aprovechamiento de la ley en beneficio de quien ha sido capaz de bordearla: Enel, Acciona y el PSOE. Quien quiera ver en todo este despropósito un ápice de libre mercado, simplemente se equivoca. Una operación con futuro empresarial ha sido sustituida por otra cuyo principal reclamo son las recompensas por el buen servicio que pueda dejar caer el Gobierno español.

De momento, la historia, como ya predijera el pitoniso Zapatero, ha terminado con un final feliz para el Gobierno. Con todo el arsenal legislativo a su favor, lo extraño habría sido lo contrario.

Así que ya sabe: si quiere invertir en grandes empresas españolas, más le vale tener buenos contactos en las altas esferas políticas. Si no recurre a las burocracias corruptas, no obtendrá resultados, por muy rentables que pudieran ser. ¡Y a esto algunos lo llaman capitalismo!