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¿Hace falta más regulación?

Incluso entre los neoconservadores se ha extendido la explicación de que el colapso financiero se ha debido a una regulación insuficiente, tal y como demuestra la propuesta –formulada en abril– del secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, para reformar el sistema nacional de supervisión.

Los liberales, en cambio y en principio, deberíamos defender la autorregulación de los bancos y un margen de actuación aun mayor para los banqueros. "El mercado solucionará todas las dificultades". El problema de esta descripción es que es absolutamente simplista. El mercado no es más que la interacción de los distintos derechos de propiedad, y los derechos de propiedad no son más que un haz de facultades y poderes que ostenta una persona (propietario) sobre un objeto (dominio).

Sugerir que el liberalismo favorece la ausencia de regulación equivale a afirmar que defiende la indefinición de los derechos de propiedad y del mercado. La cuestión no es tanto si el derecho de propiedad debe tener algún contenido (obviamente, sí), sino de qué tipo ha de ser (lo que, a su vez, es una cuestión distinta a la de si el monopolio jurisdiccional del Estado es un requisito imprescindible para la producción de normas jurídicas). Es aquí donde el liberalismo, desde una doble perspectiva ética y económica, tiene mucho que decir.

Lo gracioso de la letanía izquierdista de que hace-falta-más-regulación es que quienes la entonan no terminan de especificar. ¿Hay que regular los tipos de interés? ¿Hay que supervisar la calidad de cada crédito bancario? ¿Hay que prohibir determinados volúmenes de endeudamiento? ¿Hay que poner límites a la exposición al riesgo de los inversores? ¿Hay que prohibirles vender al descubierto? ¿Hay que prohibir los derivados? ¿Hay que revisar las normas de contabilidad para dotar a los balances de los bancos de más fidelidad? Etcétera. Pero, sobre todo, muy pocos explican cuál sería el cometido de cada una de las regulaciones a la hora de evitar las crisis económicas.

Por ejemplo, ¿tiene realmente sentido limitar en abstracto la exposición al riesgo? Esta cuestión, tan simple y de respuesta en apariencia positiva, resulta muy complicada. En primer lugar, porque el riesgo es un factor bastante subjetivo: durante años las hipotecas han sido consideradas un activo poco arriesgado, porque contaban con una garantía real; en segundo, porque el problema no está en que un inversor se arriesgue mucho con su dinero, sino en cómo financia su actividad. El riesgo es un elemento esencial en el desarrollo económico, y limitarlo burocráticamente sería nocivo men extremo (¿sería necesario prohibir los fondos de capital riesgo?).

Los liberales no deben dejarse llevar por los cantos de sirena que reclaman un mayor celo regulador ni por quienes abogan ciegamente la defensa del perverso statu quo.

Lo cierto es que no necesitamos más regulación, en un sector absolutamente regulado, sino mejor regulación, lo que en la práctica implicaría, muy probablemente, la eliminación de cientos de normas superfluas, la modificación de varias de las existentes y la creación de alguna nueva.

La ética y la ciencia económica nos proporcionan las herramientas analíticas necesarias a la hora de reformar la arquitectura financiera actual. Lo esencial es volver a poner en valor la prudencia bancaria, que lleva décadas deteriorándose debido a la creencia de que liberalización equivale a imprudencia empresarial protegida por el Gobierno y el Banco Central.

La prudencia bancaria y mercantil exige, en primer término, que la estructura de inversión guarde una correspondencia con la de financiación. Esto, básicamente, significa que hay que evitar los endeudamientos a corto plazo para financiar inversiones a largo o muy arriesgadas.

Económicamente, sabemos que la crisis actual tiene su origen en este doble arbitraje de tipos de interés (endeudarse a corto e invertir a largo) y riesgos. Desde un punto de vista ético, no parece muy respetuoso con la propiedad ajena que los bancos destinen los fondos de los ciudadanos a propósitos para los que no les han sido confiados. Por ejemplo: no tiene mucho sentido que los 100.000 euros que he depositado en una entidad pero que quiero tener disponibles siempre que lo necesite (para girar cheques, realizar transferencias o pedir desembolsos) sean invertidos en un proyecto de lucha contra el cáncer que, si tiene éxito, permitirá su recuperación dentro de diez años.

En la práctica, la interdicción del arbitraje de riesgos debería pasar por varias regulaciones concretas, como el incremento de los márgenes de apalancamiento o el aumento de los fondos propios necesarios sobre el activo inmovilizado. De hecho, este último punto ilustra perfectamente por qué no es necesario más regulación, sino una de mejor calidad. La relación entre los fondos propios y el activo ya está regulada por el tratado internacional Basilea II, que estipula que los bancos cuenten con ocho céntimos de fondos propios por cada euro que hayan invertido (o, dicho de otra manera, que las inversiones no se financien, en general, con más de un 92% de deuda).

Basilea II es una regulación fallida en toda regla. Exigir un 8% de fondos propios a la hora de invertir en préstamos hipotecarios o empresariales es absolutamente insuficiente, a menos que el 92% de deuda tenga un vencimiento aún mayor que el activo. Sólo con que el banco incurra en una morosidad del 8% (muy frecuente en tiempos de crisis) tendría la quiebra asegurada.

La izquierda nos dirá que hace falta redoblar el número de tratados y controlar hasta los aspectos más concretos de cada transacción. Pero muchas de esas regulaciones están en el origen de la crisis. Por ejemplo, la Community Reinvestment Act forzó a los bancos a conceder hipotecas a los individuos más pobres de cada comunidad; les prohibía prestar sólo a personas ricas y, en definitiva, solventes. La finalidad era que todos los individuos tuvieran acceso a una vivienda, y el resultado fueron las hipotecas subprime.

Por consiguiente, lo que hace falta es sustituir las regulaciones malas por otras que tengan sentido desde un punto de vista ético y económico.

Las regulaciones que incentivan la recurrencia de las crisis económicas están en la base del sistema bancario y financiero vigente. Un sistema que ningún izquierdista quiere sustituir: en primer lugar, porque fueron ellos los que, tras décadas de propaganda y mala doctrina económica, lograron imponerlo; en segundo, porque proporciona al Estado un mecanismo sencillo y barato de expoliar al contribuyente (vía inflación), y a los bancos centrales de manipular la economía.

Si los bancos pueden incurrir en niveles brutales de apalancamiento a corto plazo sin verse abocados a una quiebra inmediata por la iliquidez de sus inversiones a largo plazo es porque pueden refinanciarse a corto pero de manera permanente en unos mercados interbancarios donde los bancos centrales intervienen casi diariamente para proporcionar liquidez (es decir, para convertir en euros presentes activos que vencen a muy largo plazo). A su vez, las intervenciones de los bancos centrales en los mercados interbancarios tienen éxito porque son emisores monopolísticos de una divisa de curso legal sobre la que no existe obligación de paridad de valor ni, mucho menos, de convertibilidad.

No voy a negar que regulaciones auxiliares como las que he descrito antes sean necesarias, pero la regulación básica que causa la crisis es ésta: un prolongado comportamiento de arbitraje de plazos y riesgos de los bancos que sólo resulta posible por la monetización de sus activos por parte de unos bancos centrales que gozan del monopolio de la emisión de una moneda de curso legal inconvertible. Añadir cientos de regulaciones (buenas, malas y regulares) y conservar este desastroso esquema financiero será del todo inútil.

Por otro lado, la necesidad de abandonar estas malas normas no significa que deba ni pueda hacerse de la noche a la mañana: habrá que arbitrar transiciones lo menos severas posibles para facilitar el cambio. Pero creer que se puede parchear un sistema intrínsecamente corrupto es simplemente de locos.