Cada vez que los políticos prometen reformar el mercado energético sube la luz.
Each time I go to bed I pray like Aretha Franklin, Green Gartside.
Cada vez que debatimos el precio de la luz y sus subidas y bajadas, muchos olvidan factores esenciales.
Cada vez que los políticos prometen reformar el mercado energético sube la luz.
¿Por qué? Porque los criterios de diseño del mercado eléctrico no son ni de competitividad ni de eficiencia, sino de decisión política. Y los errores de planificación siempre se pasan a la factura del consumidor desde la idea de que es un coste adicional muy bajo. La famosa frase de que es el coste de un café se ha convertido poco a poco en un menú completo con puro y postre (lean El problema de fijar la luz en los despachos).
Los precios de la electricidad en Europa son caros por diseño, no por casualidad. Entre enormes subvenciones, coste de CO2 y otros impuestos, la electricidad en Europa es, en media, un 40% más cara que en Estados Unidos.
Los derechos de CO2, que han llevado a que se dispare la luz en 2018 y que pagan las centrales térmicas han generado una recaudación para el estado de más de 450 millones de euros en 2017 y la cifra podría alcanzar los 800 millones en 2018.
La ministra reconoce –correctamente- que la factura eléctrica está plagada de costes fijos regulados, subvenciones e impuestos que no deberían ser sufragados por el consumidor, pero se encuentra a la vez con un gobierno que –como el anterior- no está dispuesto a pasar costes a los presupuestos porque supondría tener que reducir otros gastos. Y una suculenta recaudación de impuestos en la luz que no quieren perder. No porque Bruselas no les deje –otros países tienen una fiscalidad inferior-, sino porque saben que el poder recaudatorio de los impuestos en la luz es enorme y la culpa se le suele echar a las empresas.
Así, el Gobierno ha anunciado que rebajará la fiscalidad sobre la luz en 1.000 millones para abaratar la factura, esto sólo supone una bajada del 2% y menos del 10% de los impuestos que sufre el consumidor eléctrico.
Se intenta bajar la tarifa eléctrica de manera insignificante mientras suben los impuestos al diésel.
Si es usted un consumidor medio con un vehículo diésel se “ahorra” menos de tres euros en la factura y paga diez más en carburante.
Los problemas son otros.
Los impuestos “verdes” no son finalistas: el consumidor español ya paga una enorme cantidad de impuestos “verdes”. España recaudó más 20.700 millones de euros en “fiscalidad verde” en 2017. No se ha usado para mitigar el impacto en la factura de la luz de las subvenciones renovables, las ayudas al carbón, el CO2 ni los costes fijos. Paga usted dos y tres veces. Como explicamos en La madre de todas las batallas (Deusto), la fiscalidad medioambiental solo se utiliza como elemento recaudatorio, no finalista (lean Impuestos, ¿medioambientales?). Recordemos que los expertos recomendaban subir impuestos al diésel para reducir los costes de la factura de la luz, no subirlos para sumar más cargas al consumidor.
Además de verdes, “carbón”: ¿sabían que la factura de la luz tiene un componente para subvencionar el carbón recaudado por las autonomías que supone más de 1.300 millones anuales? ¿Por qué no dejamos de subvencionar el carbón si la política es verde?
IVA de “lujo”: Hacienda recauda más de 6.000 millones anuales por este impuesto. Solamente bajando el IVA al 10% -en vez del 21% actual-, el ahorro para el consumidor duplicaría el aumento que tantos titulares genera.
Bajar el IVA de la luz del 21% al 10% generaría un ahorro de 30 euros al año a los consumidores afectados por la subida. Bajarlo al 4%, un ahorro de 46 euros al año. ¿Desde cuándo es la luz un bien de lujo? ¿El IVA es malísimo para el cine pero buenísimo para los consumidores de luz? Además, el impacto recaudatorio sería ínfimo, ni 110 millones de euros al año en el caso de bajarlo al 4% a los consumidores afectados por la subida.
La pobreza energética y la competitividad se solucionaban de un plumazo acabando con las subvenciones al carbón, a la interrumpibilidad, bajando los impuestos ocultos y el IVA y usando la recaudación de los impuestos medioambientales para reducir el coste de las subvenciones.
El mercado eléctrico español es, con diferencia, uno de los más regulados e intervenido. La parte del recibo correspondiente a mercado aparentemente liberalizado no llega a un 27% de la factura y esa parte ya sufre impuestos a la energía hidráulica, la nuclear, restricciones e intervenciones varias.
No solo es un problema de España. La Unión Europea, cada vez que pone nuevas normas y regulaciones en el mercado eléctrico.
El problema de la factura de la luz, por lo tanto, no se puede atajar ignorando el exceso de costes fijos e impuestos, y tampoco buscando soluciones mágicas que solo han llevado a países como Alemania a empeorar drásticamente el coste para el ciudadano (lean Una política energética que no podemos copiar). Tampoco se soluciona con llamadas a mayor intervencionismo que costarían decenas de miles de millones a los contribuyentes y subirían la luz más de un 20% (lean Verde carbón).
El trabajo de la Ministra de Transición Energética es a la vez fácil y complicado. Acabar con los sobrecostes de la tarifa es fácil pero su compañera de Hacienda no va a estar de acuerdo. Eliminar las subvenciones al carbón y cerrar esas plantas es algo que pide el sector desde hace tiempo, y refuerza la transición energética, pero los sindicatos no le van a dejar. Desmadejar el sistema de subvenciones e impuestos escondidos es sencillo pero poco lucrativo para Hacienda.
Es muy difícil, porque su trabajo en realidad no tiene por qué conllevar otra reforma que siempre sube la tarifa, sino deshacer los errores del pasado y sacar de la tarifa los sobrecostes de planificación equivocada y subvenciones excesivas.
Lo explicábamos hace meses. El sector de la energía es clave en la descarbonización, pero no se va a conseguir desde la imposición y costes acumulados que penalizan al eficiente a favor del ineficiente, subvencionan al caro y gravan al competitivo, y siempre se escuda en “el año que viene vamos a ser competitivos”. Debemos mirar el cambio energético desde la competitividad, la seguridad de suministro y los objetivos medioambientales, pero no ignorando la primera condición. Sin competitividad no habrá transición energética.
La ministra sabe que la transición energética a un modelo que sea realmente sostenible y verde tiene un coste que no se le ha explicado al ciudadano. Y también sabe que es fiscalmente mucho menos jugosa. Las nuevas tecnologías y la eficiencia no generan tantos ingresos como mantenerlo todo casi igual y lucrarse del consumo de energías fósiles y activos cautivos.
Por lo tanto, si lo que queremos es acabar con la pobreza energética y los altos precios de la electricidad, es momento de pensar menos en el 27% liberalizado de la factura y más en reducir la parte del león: subvenciones e impuestos.
La próxima reforma energética debe ser la que des-reforme la acumulación de costes fijos e impuestos de los últimos quince años. Devolvamos los miles de cafés que pagamos en la tarifa.
