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Dicha iniciativa se desmarca por completo de la actual deriva que ha emprendido la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en donde las regiones de uno y otro color político pugnan entre sí por llevarse a su plato el mayor trozo de pastel estatal posible. Y es que, mientras la mayoría de las autonomías depositan sus esperanzas en atraer dinero público a sus respectivos territorios a través de subvenciones e inversiones productivas, en base a los criterios de reparto que fije la nueva reforma, Aguirre centra su estrategia en cautivar a compañías y empresarios para que se animen a invertir todavía más en Madrid.

De este modo, la presidenta de la Comunidad se ha vuelto a desmarcar de sus homólogos regionales. No centra sus esfuerzos en un reparto estatal en el que, al fin y al cabo, siempre estará determinado por intereses arbitrarios y partidistas, sino en atraer el mayor número de empresas e inversiones posibles a su región, con el objetivo de crear riqueza y puestos de trabajo. La competitividad se ha convertido en un ámbito clave del sistema autonómico vigente en España, y Aguirre ha sabido verlo, a diferencia del resto.

La ponencia económica que el PP madrileño presentará en su congreso regional va, precisamente, en esta dirección. Dado el creciente número de "barreras" normativas que impone el Estado y las autonomías al libre desarrollo de las actividades económicas, Aguirre pretende garantizar a las empresas la mejor regulación posible. Su "cláusula de normativa autonómica más favorable" permitirá a las empresas beneficiarse de la regulación vigente que mejor responda a sus intereses, sin la necesidad de tener que solicitar nuevas autorizaciones o permisos administrativos para operar en Madrid.

Qué diferencia respecto a otras autonomías, tales como Cataluña, Galicia, Baleares o Andalucía, por citar tan sólo algunos ejemplos. El consejero de Economía de la Generalidad, Antoni Castells, llegó a tildar de "competencia desleal" la política de recortes fiscales emprendida por Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. De hecho, reclamó la intervención del Estado con el fin de imponer un umbral mínimo en materia fiscal, común a todas las regiones, para evitar la deslocalización empresarial que sufre Cataluña desde hace años, ya que las compañías están huyendo en busca de normativas más flexibles.

Una petición muy curiosa la de Castells, quien aboga por un mayor nivel de independencia y autodeterminación para Cataluña, pero que, sin embargo, no duda en acudir al Estado reclamando el establecimiento de un nivel mínimo de impuestos para que la Generalidad no se vea obligada a recortar los suyos. En este sentido, Galicia y Baleares imitan, igualmente, el modelo catalán, imponiendo en sus respectivos territorios restricciones administrativas y obligaciones lingüísticas que en nada favorecen el desarrollo de la actividad empresarial. Basta observar el absurdo conflicto abierto con Air Berlin, en el caso del Gobierno balear, o la denegación del permiso a Pescanova por parte de la Xunta para implantar una de las piscifactorías más avanzadas del mundo en Galicia, arguyendo motivos ecológicos del todo irrelevantes.

Asimismo, Andalucía y Extremadura siguen encabezando la lista de regiones con menor nivel de renta per capita y mayor tasa de paro, pese al ingente volumen de recursos que han percibido a lo largo de estos años gracias al denominado modelo de "solidaridad interterritorial", en el que las autonomías más ricas se dedican a subvencionar a las más pobres. En nada han mejorado su situación económica si se compara ésta en términos relativos con respecto a hace 20 o 30 años.

Aguirre, una vez más, ha demostrado ser la presidenta regional más lista de la clase, adelantándose al resto de sus compañeros. Mientras algunos se copian entre sí en los exámenes para obtener finalmente un suspenso en materia económica, otros se dedican a hacerle la pelota al profesor (en este caso, Zapatero y su ayudante Solbes), con el objetivo de rascar lo máximo posible al Estado y vender el aprobado como un éxito a sus electores. Sin embargo, la presidenta madrileña, aprovechando las debilidades que detecta en el resto de sus homólogos, aspira al sobresaliente, centrando su política en atraer capital, trabajo y empresas a su región. Chapó.