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Rescates estatales: mercantilismo, no liberalismo

Las crisis económicas son periodos en los que, por definición, muchas empresas han de someterse a una reestructuración, ya sea por haber adoptado un mal modelo de negocio o un mal modelo de financiación. En la práctica, a su vez, muchas de esas empresas no serán capaces de completar exitosamente su proceso de reestructuración —ya sea porque no podrán sustituir el mal modelo de negocio por uno bueno o porque no podrán lograr la financiación necesaria para sostener su buen modelo de negocio—, de modo que cesarán en su actividad y probablemente impagarán parte de sus pasivos.

Justamente por estas dos potenciales consecuencias —cese de actividad e impago de deuda—, muchos Estados tratan de evitar que las empresas, y especialmente las grandes empresas, pasen por esos procesos de reestructuración que pueden degenerar o en aumentos del desempleo o en descapitalizaciones bancarias (con las consecuentes turbulencias en los mercados financieros). El último Estado en hacerlo ha sido el alemán, que inyectará 9.000 millones de euros en la aerolínea Lufthansa a cambio de una participación del 20% en su capital social.

Por desgracia, demasiadas personas tienden a confundir con el liberalismo este tipo de intervenciones estatales de corte corporativista. El razonamiento no puede ser más simple: “Como Alemania no es un Estado socialista —y, ciertamente, no lo es—, todas sus políticas han de ser liberales”. Pero existen diversos sistemas económicos opuestos al socialismo que también se oponen al liberalismo. Por ejemplo, el mercantilismo: el mercantilismo era el marco institucional e ideológico predominante en Europa desde comienzos del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII cuya consigna fundamental fue la de legitimar un intenso intervencionismo del Estado sobre determinadas compañías privadas para lograr una relación mutuamente beneficiosa (prebendas generalmente fiscales para el Estado y beneficios monopolísticos para las compañías privadas privilegiadas). El liberalismo económico de Adam Smith, de hecho, no fue más que una reacción contra el entramado mercantilista que impedía el funcionamiento de mercados libres y competitivos.

Hoy, las nuevas políticas mercantilistas —como son los rescates estatales— continúan contaminando el funcionamiento de los mercados libres. A juicio de muchos, para mejorar el funcionamiento de esos mercados (“sin rescates, la situación sería mucho peor”); a juicio de otros, para pervertirlo… especialmente en el medio y largo plazo. Permítanme que me centre en esto último: cómo la expectativa de rescates estatales en favor de determinadas empresas contribuye a alterar sesgadamente las estructuras de mercado y a volver más imprudentes a esas empresas.

Por un lado, es habitual criticar que, en el capitalismo, “el pez grande se come al chico” y que, como resultado, el capital se va concentrando cada vez en menores manos. Dejando de lado que muchas veces se confunde “empresas grandes” con “mercados poco competitivos” (las empresas pueden ser grandes por ser persistentemente más competitivas que sus rivales) o “concentración de la cuota de mercado” con “concentración del capital” (una empresa grande puede, y suele, tener muchísimos accionistas distintos), y dejando de lado que sí puede haber factores que empujen hacia una mayor concentración de la escala de producción, lo que no parece cuestionable es que los rescates estatales de las empresas grandes promueven artificialmente ese aumento del tamaño de las empresas que algunos tanto deploran. Si los Estados tienden a impedir la bancarrota de empresas grandes en mayor medida que la bancarrota de empresas pequeñas, entonces las primeras tenderán a preponderar sobre las segundas. En cambio, si los Estados consintieran el concurso y la fragmentación de las empresas grandes, los mercados copados por compañías sobredimensionadas acabarían acogiendo a un mayor número de pequeños y medianos competidores.

Por otro, también es habitual acusar a las empresas capitalistas de cortoplacistas y financieramente imprudentes: empresas infracapitalizadas que, ante la menor crisis social de liquidez, tienden a derrumbarse. Y, desde luego, es verdad que muchas compañías (especialmente los bancos) intentan maximizar los rendimientos cosechados por la vía de sobreapalancarse a corto plazo, lo cual las vuelve especialmente frágiles ante interrupciones de sus flujos de ingresos o ante aumentos imprevistos de sus flujos de gastos. Y también es verdad que las empresas financieramente más prudentes pueden enfrentarse a desventajas competitivas frente a las empresas financieramente imprudentes (si las segundas logran un retorno persistentemente mayor que las primeras tenderán a captar más capital y a ganar mayor cuota de mercado).

Ahora bien, justamente la forma de reequilibrar la balanza entre ambas estrategias financieras es que, en medio de una crisis de liquidez, las compañías más prudentes y líquidas (y también menos rentables durante los periodos normales) tenderán a sobrevivir mientras que las compañías más imprudentes e ilíquidas (y también más rentables durante los periodos normales) tenderán a quebrar. Sin embargo, si los Estados rescatan por sistema a las compañías imprudentes e ilíquidas, lo que están promoviendo es que todos los operadores de mercado terminen apostando en todo momento por deteriorar su liquidez para así maximizar su rentabilidad a corto plazo: ¿qué lógica puede tener mantenerse líquido en un mercado en el que, cuando vienen mal dadas, los Estados proceden a socializar la liquidez disponible quienes la tienen y quienes no la tienen?

En definitiva: no, los rescates estatales de corporaciones privadas no son políticas propias del libre mercado sino de Estados mercantilistas. Lo anterior, claro, no significa necesariamente que los rescates mercantilistas no pudieran ser socialmente preferibles a los no rescates liberales: pero, en todo caso, quienes defienden tales rescates mercantilistas deberían al menos reconocer que algunos de los males que suelen atribuirle al sistema de libre mercado derivan parcialmente de esas políticas de rescates que ellos mismos promueven.