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Sector público contra sector político

No stop signs, speed limits, nobody’s gonna slow me down”. Bon Scott.

El liberalismo no está en contra del Estado, sino contra el abuso del Estado. Y de ahí que en Viaje a la Libertad Económica (Deusto) diferenciase entre gasto público y gasto político. 

Esta semana se ha generado cierta polémica por un informe de un medio de comunicación que muestra que, entre pensionistas, parados y empleados públicos superan 13,7 millones, más que los 13 millones de trabajadores del sector privado.

Ante ese dato, que es importante porque muestra que debemos trabajar parareducir el paro de verdad y no poner escollos al empleo y la inversión, se han lanzado todo tipo de comentarios.

España no tiene más empleados públicos por habitante que los países comparables, pero cuestan más. Menos empleados públicos por cada mil habitantes que Reino Unido, pero más caros con respecto a PIB. 

En Noruega hay tres veces más empleados públicos por cada mil habitantes que en Italia y más del doble que España, pero su coste en salarios sobre PIB es solo un 25% superior. Efectivamente, en número de empleados España o Italia no aparecen como países con un alto nivel de empleo público, pero en gasto es claramente superior a Reino Unido o Alemania. Más de un 20% superior

Si vamos a salarios, se revierte la tabla. Los países nórdicos son los que menos pagan en salarios públicos (coste salario público por empleado sobre PIB per cápita) y los periféricos los que más. Es decir, los nórdicos ponen como factor esencial que el sector público no sea una losa para el crecimiento ni funcione como efecto desplazador del resto de la economía.

Muchos de esos empleados públicos en los países nórdicos son temporales y compaginan su trabajo privado con el público, sin sueldo en muchos casos. Y sus puestos no son vitalicios. 

Si miramos la productividad y el índice de eficacia del sector público, también pasa España a estar en puestos bajos, aún por debajo de Portugal, Reino Unido, Alemania o Dinamarca.

Para mí la conclusión es clara. El sector público en sentido estricto español no puede considerarse excesivo ni caro, pero el gasto político añadido es el factor por atacar. Las terribles administraciones paralelas. Cuando esa cifra de más de 400.000 puestos políticos que algunos anuncian es imposible de agregar y contrastar ya que se hace premeditadamente para que sea imposible de analizar. 

En cualquier caso, la ratio empleado público por cada 1.000 habitantes no significa nada. La densidad de población importa, pero en cuanto a análisis, importa más analizar la eficiencia. Parece como mínimo sorprendente que la tecnología y la eficiencia no se apliquen al análisis de los servicios públicos y se utilice algo tan irrelevante como el número de empleados. 

España es, con Grecia, el país de la eurozona con más entes públicos tangenciales, es decir, las llamadas administraciones paralelas. En España cuestan al año 28.000 millones de euros solo en dos comunidades autónomas. Y eso no aparece en las estadísticas arriba mencionadas.

Debemos reconocer la labor de todos esos funcionarios y servidores públicos que ayudan a que el país crezca y atraiga inversión, para que todos juntos denunciemos a los que solo sirven para entorpecer y que empeoran el potencial de nuestro país. 

El que defiende un sector público facilitador y de verdadera calidad debería indignarse por las cifras que ponen al verdadero servicio público en peligro, en vez de justificarlas. Debería llevarse las manos a la cabeza ante las salvajadas que comete esta administración para asegurarse unos meses en le Moncloa. Porque cuando los políticos lo hacen infinanciable, caen los servicios necesarios también.

Si defendemos un sector público de calidad deberíamos ser los primeros en denunciar el creciente gasto en administraciones paralelas tras años de eliminar entes políticos deficitarios e innecesarios. Cuando no lo hacen, es por una razón. Porque el objetivo no es una economía en la que el sector público es servicio. Porque el objetivo es el control depredador de la actividad económica desde el poder político.