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Tras el informe del Banco de España: ¿es inevitable un recorte de las pensiones?

Han sido dos palos, de los gordos, en menos de dos semanas. Primero, el Tribunal de Cuentas publicaba su "Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018". Las conclusiones eran demoledoras: gastos que se disparaban muy por encima de los ingresos, déficit crónico del sistema, "insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva" y, como consecuencia de todo ello un "problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural". Nada que no se supiera… pero preocupante en cualquier caso.

Pero todavía más llamativas y comentadas han sido las conclusiones de otro informe, en este caso del Banco de España: "Una estimación del rendimiento financiero del Sistema de Pensiones" (firmado por María Moraga y Roberto Ramos). Según sus cálculos, el rendimiento financiero medio del sistema de pensiones se sitúa en el 3,5% (para los pensionistas que se jubilaron en 2017). Es una cifra elevada, por encima de la que pueden presentar la mayoría de los planes de pensiones privados que se comercializan en España y que también es superior al crecimiento del PIB en las últimas tres décadas. De hecho, éste ha sido el punto más polémico y destacado del informe: porque su principal conclusión es que, si suponemos una tasa de descuento para las pensiones actuales equivalente a este mismo crecimiento del PIB, "el sistema proveería de 1,74 euros de pensión por cada euro de cotización aportado".

Sobre la tasa de descuento se puede discutir mucho, pero parece lógico usar el crecimiento del PIB (y es lo habitual en este tipo de trabajos desde hace décadas, ver aquí, por ejemplo, la excelente explicación de Juan Francisco Jimeno y Omar Licandro en un informe para la Fundación Sepi de 1999). Para empezar, porque es coherente con la retórica política que asegura que la pensión es un salario en diferido dentro de un sistema que otorga a los trabajadores actuales el derecho a cobrar en el futuro la parte de su sueldo que se les minora cada mes. En este sentido, el pensionista cobraría por lo aportado con sus cotizaciones y podría decirse que por lo generado con su trabajo: ha ahorrado en un peculiar producto financiero que podríamos llamar algo así como "bonos del mercado laboral de mi país" (si hay más trabajadores y tienen salarios más altos, el rendimiento de mi inversión será más alto; si hay menos trabajadores y salarios más bajos, le sucederá a la inversa). De esta manera, todos los trabajadores somos partícipes de ese producto como inversores forzosos y, al mismo tiempo, contribuimos a su rentabilidad.

Porque, además, a largo plazo ese crecimiento del PIB es lo que determina el límite de sostenibilidad del conjunto del sistema: los trabajadores contribuyen a que el país sea cada vez más rico y el sector público pueda recaudar más (y pagar prestaciones más altas). Pero esos pagos extra tienen un límite, el que viene marcado por el crecimiento económico: si el país crece al 1% y el montante total de las prestaciones lo hacen al 2%, el diferencial tiene que salir de algún sitio.

En muchas ocasiones se dice que el sistema de Seguridad Social en España es uno de los más generosos del mundo. Aunque normalmente esa comparación se hace comparando las tasas de sustitución y reemplazo (relación entre pensión media y salario medio o entre primera pensión y último salario): también ahí los pensionistas españoles salen ganando si comparamos la media de la UE. La novedad de esta semana es que la generosidad se plantea en términos puramente contables (tanto aporto, tanto recibo). Y la cifra es llamativa: 1,74€ cobrados por cada 1€ aportado. Quizás por eso esta noticia ha generado más debate que otros informes sobre pensiones y ha provocado que muchos expertos se pregunten si es sostenible un sistema con esta base financiera. ¿Estas cifras: hacen inevitable un recorte de las prestaciones en el corto-medio plazo?

En realidad, la respuesta a esa pregunta es negativa. Porque sí se pueden pagar prestaciones más altas que las derivadas de un cálculo actuarial. De hecho, es lo que hacemos desde hace décadas. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que no haya contraprestaciones a esa decisión.

Bismarck y la esperanza

Los modernos sistemas de reparto nacen hace casi siglo y medio. La historia ha sido contada muchas veces (aquí un buen resumen en un informe de José Ignacio Conde-Ruiz para Fedea sobre los sistemas europeos y su evolución en el tiempo). Otto von Bismarck quería un sistema con el que legitimar el naciente Estado alemán, contener al socialismo y generar estabilidad social. Y lo que se le ocurrió fue un sistema de seguros para la vejez: cada mes se le cobraba al trabajador un impuesto con el que se pagaba la pensión de los jubilados; y ese trabajador generaba a su vez un derecho para cuando alcanzase la edad de jubilación.

En realidad, el sistema se basaba en la esperanza más que en un cálculo financiero muy depurado por parte de sus teóricos beneficiarios. En 1900, apenas un 25-30% de la población llegaba a los 65 años. Y la mayoría de los que lo lograban moría poco después. Por eso las piezas encajaban para el Estado: muchos contribuyentes y pocos pagos. No sólo eso, además el sistema se podía permitir ser muy generoso con los que sobrepasaban la edad fijada (que, inicialmente, fueron los 70 años).

Decimos que el sistema se basaba en la esperanza porque la mayoría de los contribuyentes no cobraban nada (o lo hacían durante muy poco tiempo). Pero el ser humano no es así: todos pensamos que llegaremos a jubilarnos (nadie piensa en sí mismo como el que morirá joven de su cohorte) y a todos nos gusta que nos digan que, si lo logramos, el Estado nos pagará una muy buena pensión. La legitimidad de la que goza la Seguridad Social, en España y en todos los países del mundo, se deriva en buena parte del hecho de que sus rendimientos han sido muy interesantes… aunque sean insostenibles a medio plazo (y aunque sean inferiores a los que se podrían haber conseguido con una inversión en cualquiera de los grandes índices bursátiles mundiales).

Para el Estado era la combinación perfecta: un esquema muy rentable financiera (de hecho, podía dedicar los excedentes a otras tareas) y políticamente.

Porque, además, la otra columna sobre la que se sostiene el sistema es mucho menos atractiva… pero de ésa no se habla. Nos referimos a la columna de los que mueren antes de los 65 o muy poco después de esa edad: en un sistema de capitalización, lo que hubieran ahorrado estos trabajadores se lo quedarían sus descendientes; en un modelo de reparto, esas cotizaciones se las lleva el viento (y las recoge el ministro de Hacienda de turno).

Ficciones

Esta reflexión sobre la historia o las bases del sistema no tiene sólo un interés teórico. En realidad, es clave para entender su situación actual y sus perspectivas a futuro. De todo lo hablado hasta ahora, se pueden sacar unas cuantas conclusiones:

  • Cada vez hay más integrantes del primer grupo (personas que viven mucho y obtienen del sistema mucho más de lo que pusieron) y menos del segundo (trabajadores que mueren antes de los 65 años y pierden todas sus cotizaciones). Y la tendencia se mantendrá en las próximas décadas.
  • Este primer punto es bueno, porque quiere decir que vivimos más, pero financieramente es un problema muy importante.
  • El sistema no está en quiebra… ni deja de estarlo. Porque no sigue un esquema financiero de activos-pasivos-neto. La Seguridad Social no recibe aportaciones de los trabajadores y las invierte con el objetivo de generar un excedente futuro. Lo que hace es gastar lo que ingresa este año en pagar pensiones este año. Y lo que no tiene, se lo pide al Estado.
  • La imagen del "salario diferido" o del "seguro para la vejez" es muy equívoca. La Seguridad Social se parece más, en sus fundamentos financieros, a una ayuda social o una subvención. Cada año, el Estado recauda unos fondos vía impuestos (y la cotización es un impuesto) y los reparte a unos beneficiarios a los que organiza con unas reglas que también cambian cada poco tiempo.
  • A los trabajadores nos gusta la tríada "cotización" – "derecho" – "pensión", porque nos suena a "ahorro", a premiar el esfuerzo o a cobrar el fruto de nuestro trabajo. Pero es una imagen en cierto sentido ficticia.
  • Por todo esto, también es ficticio lo del euro aportado y los 1,74€ recibidos. Lo cierto es que los jubilados actuales pagaron impuestos en los años 80 y 90; y ahora reciben una ayuda pública como jubilados. La relación entre ambas realidades es más una fábula político-social que una realidad financiera.
  • Esto no quiere decir que el informe del Banco de España (y otros similares) sea un trabajo absurdo. Ni mucho menos. Este tipo de cálculos son clave para afrontar la situación: es muy importante saber cómo evolucionan esas variables para poder diseñar esa solución mixta de la que hablamos al final del artículo.
  • Pero al final, la realidad se impone. Las pensiones eran muy altas cuando los contribuyentes eran muchos y los beneficiarios de la ayuda, pocos. Y serán menos altas cuando se dé la situación contraria.
  • Los políticos aseguran que las cotizaciones sociales son un impuesto finalista. Y esto es otra ficción: eso no existe. El dinero de los impuestos entra de forma conjunta a las arcas del Estado y sale de allí para pagar los diferentes gastos públicos.
  • Llegados a este punto, la buena noticia es que la Seguridad Social no puede entrar en quiebra. Porque siempre estará ahí el Estado para cubrir su déficit. La mala noticia es que ese Estado sí puede entrar en quiebra (y el Reino de España lleva coqueteando con ese peligro desde hace una década).

El canciller prusiano probablemente nunca se imaginó que llegaríamos a la situación actual: con el impuesto finalista no se cubren los gastos prometidos, por lo que el Estado no sólo no puede financiar otras partidas con los ingresos de ese impuesto… sino que tiene que dedicar parte de los ingresos a sostener el sistema. Ante esto, la pregunta que debemos hacernos es política, no económica: ¿cuántos gastos del sistema queremos cubrir con el resto de impuestos?

Si queremos mantener el gasto (y ahí se incluye esos 74 céntimos por euro aportado que cada pensionista cobra de más), podemos hacerlo. Sólo hay que reducir el resto de las partidas del presupuesto en una cantidad equivalente. Si llevamos esta lógica al extremo, podríamos decir que España puede pagar su Seguridad Social sin ningún problema e incluso ser todavía más generosa que ahora: sólo habría que destinar el 100% de lo recaudado en impuestos cada año para el pago de pensiones (y dejar de hacer carreteras, hospitales o escuelas).

Como esto también es políticamente poco viable, lo normal es que vayamos hacia una solución mixta:

  • Sí seguiremos (de una forma u otra) aumentando el porcentaje de gasto público que se dedica a cubrir los riesgos derivados del envejecimiento
  • También reduciremos la generosidad del sistema, sobre todo incidiendo en la tasa de sustitución, a través de reglas de acceso mucho más estrictas (años cotizados para cobrar el 100%, años que se usan para el cálculo de la base…). Si hay suerte, el poder adquisitivo de las pensiones sí podría mantenerse; pero no será tan sencillo mantener la relación pensión media / salario medio.
  • Y casi seguro que veremos un incremento de la edad de jubilación, para acercarnos lo máximo posible (no del todo, porque no puede ser… pero sí lo máximo que podamos) a una situación bismarckiana (más cotizantes y menos beneficiarios)