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Última legislatura

El Partido Socialista Obrero Español, con el 28 por ciento del voto y 120 diputados, ha concertado una coalición que disolverá la Constitución de 1978. En la coalición están Podemos y su fractal Más País, que agrupan a la izquierda más moderna y antidemocrática. Se suman ERC, que ha liderado con JpC la secesión en Cataluña, el PNV, que espera prudente que los nacionalistas rompan España para quedarse con su pedacito, y otras formaciones que hacen negocio de la labor de desguace de España.

Disolver la Constitución de 1978 es un sintagma quizás excesivo para la medida de lo que vayan a hacer esta legislatura. Pero lo será por la medida de sus logros, que no de sus ambiciones. En verdad, estamos viviendo lo que cabía esperar del PSOE; los socialistas no quisieron jamás esta democracia. Optaron por la ruptura tras la muerte de Franco, y sólo los trece años ininterrumpidos de ejercicio del poder aplacó por un tiempo su desafección con el régimen democrático, pero la victoria de José María Aznar en 1996 y su reválida en 2000 (único presidente que ha pasado de una mayoría simple a otra absoluta) llevó a los socialistas a donde habían estado siempre: fuera de un régimen que permitía la alternancia.

Este es el sentido de la Ley de Memoria Histórica: realizar la destransición y volver a la ruptura. Por un lado, la LMH situaba la legitimidad en la II República, y esto merece una breve explicación. Aquel régimen se creó al margen de las formaciones monárquicas, y sobre el presupuesto político de que sólo la izquierda, la moderada en solitario o en coalición con la más radical (el PSOE) tenía derecho a ejercer el poder. Cuando ganaron las derechas, Manuel Azaña pidió hasta en tres ocasiones al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que suspendiese los resultados. Cuando el gobierno de radicales y cedistas se consumó, la respuesta del PSOE fue dar un golpe de Estado que fracasó. La izquierda llegó al poder, hoy lo sabemos con todo detalle, gracias a un manejo fraudulento de los resultados electorales de 1936, que habrían revalidado el gobierno de derechas de haberse respetado la voluntad de los españoles. Azaña, epítome de aquel régimen, dejó muy clara su opinión de que aquél régimen no era para que la derecha se valiera de él para gobernar.

Si de una parte la LMH buscaba enlazar la democracia realmente existente, la de 1978, con la II República, de otro buscaba una deslegitimación política de la derecha, ahora vinculándola con el régimen de Franco. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, por descontado, sigue por ese camino declarando dos días, 31 de octubre y 8 de mayo, como días de recuerdo de las víctimas del franquismo y de las víctimas del exilio, respectivamente.

Aquí debemos hacer referencia al mayor ataque que ha sufrido nuestra democracia, que son los atentados del 11 de marzo de 2004. Sé, por razones que no vienen al caso, que José Luis Rodríguez Zapatero se sorprendió con los atentados tanto como el resto de los españoles. No sé si le ocurrió lo mismo a todos los dirigentes socialistas, pero desde luego a él sí. Y no creo en absoluto que el PSOE estuviese detrás de los atentados, como se ha llegado a sugerir. Una cosa es que fuese el partido beneficiado por esa gran operación político-criminal, y otra es que esa formación política, o alguien destacado de la misma, estuviese involucrado en ella.

Quien ideó los atentados lo hizo con el objetivo de cambiar el sentido del voto de los españoles, que según las encuestas apuntaba a una reelección del gobierno del Partido Popular. De hecho, aquellas elecciones fueron las únicas en las que el voto por correo, previo a los atentados, fue en un sentido distinto del resto del voto. Para lograr que un atentado de esas dimensiones torciese el voto de una mayoría popular a una socialista, es necesario que participe alguien que conozca cómo votamos los españoles, y cómo reaccionaríamos ante esos brutales ataques terroristas. En otro país, Francia sin ir más lejos, los atentados habrían causado una corriente de adhesión al gobierno atacado. Nosotros, los españoles, estamos transidos por una cobardía que es difícil de entender fuera.

El 11M lo cambió todo. Primero, lo que tenían pensado votar los españoles. Y, con el nuevo gobierno, el PSOE recuperó su inicial desconfianza hacia nuestra democracia y su Constitución. La actual coalición con Podemos y con los secesionistas, con los herederos incluso de los asesinos de ETA, no sólo era previsible, sino que en última instancia era inevitable.

Lo previsible, ahora, es que desde el Gobierno liderado por Pedro Sánchez se hagan las siguientes cosas. 1) Como he explicado en otro sitio, reformar la legalidad por medio de referéndums ilegales. Primero porque hacerlo al margen de la Constitución mina el respeto a la misma, y segundo porque en un referéndum ilegal participarían sólo los que estén a favor de las propuestas de cambio hechas desde el Gobierno. 2) Forzar una respuesta por parte del Rey. Su papel pasa por defender la Constitución, y a cualquier acto suyo en defensa de la legalidad se le opondrá el veredicto de los referéndums ilegales. Y se opondrá la democracia entendida como plebiscito a una institución cuya virtud y cuyas debilidades pasan precisamente por no someterse a votación alguna. 3) Forzar, en la medida de sus fuerzas, una respuesta por parte de algún elemento del Ejército, para hablar abiertamente de golpe de Estado y justificar así la adopción de medidas que, de todos modos, ya están previstas en el pacto, como la censura de los medios de comunicación. 4) Acusar a la oposición de urdir un golpe de Estado. Adriana Lastra, cuya altura intelectual coincide con la moral de Pedro Sánchez, se ha saltado dos o tres etapas del plan y ya acusa a la oposición de ser “golpista”. El golpismo como acusación permanente a la oposición forma parte de lo que los dirigentes de Podemos han enseñado a los sátrapas bolivarianos que han tenido por discípulos. 5) Cercenar las libertades como adelanto de una nueva legalidad.

No está claro cuánto de todo este proyecto podrán llevar a término, o siquiera iniciar. No está claro que esta sea la última legislatura amparada por la actual Constitución. Podemos despreciar la fibra moral de los españoles, podemos contar con que un país que ha visto degradar durante décadas sus instituciones, y haya aceptado que se esconda vergonzantemente el nombre de España, asista incómodo pero aquiescente a la puntilla de socialistas, radicales y nacionalistas a nuestro país y su trémula constitución. Pero toda la estructura del Estado, aunque se sustente en última instancia en la autoridad que le conceda la ciudadanía, tiene los medios legales y materiales para servir de apoyo eficaz a la Constitución. Y cuenta con el apoyo de media España. No está claro que con eso sea suficiente, pero puede serlo.