El título, según dicen muchos de quienes ya lo han probado, puede entrar en la categoría de obra de arte. Pero tiene otra característica notable: es muy violento. Y ya se sabe, en cuanto aparece un juego que destaca en este aspecto saltan por todas partes voces exigiendo la censura en el sector. Si, además, se da el caso de que en una cola de ansiosos compradores se produce una reyerta a navajazos, la excusa está servida para los neopuritanos en su cruzada contra este entretenimiento.
Al igual que hace décadas se acusaba al cine de las cosas más increíbles –recuerdo que en mi infancia llegué a escuchar que los niños se tiraban por las ventanas con una sábana puesta a modo de capa para imitar a Superman–, ahora se dirá que los navajazos son producto de la violencia del videojuego. Es la misma lógica que se aplicó con el tristemente célebre "asesino de la katana". No escuchamos entonces demasiadas voces que dijeran que este es un desequilibrado sin más (que podría haber actuado de similar manera influido por una película o un tebeo) y que los de las navajas seguramente sean unos macarras agresivos con independencia de que jueguen con consolas o no lo hagan.
Entre los que van a reclamar que se censure la industria de los videojuegos, aunque esperen al próximo diciembre o enero para hacerlo, estará Amnistía Internacional. Esta organización lleva media década usando las navidades para atacar al sector y exigir un mayor control sobre el mismo, mostrando en muchas de esas ocasiones un total desprecio hacia los padres. Con el argumento de la defensa de los derechos de los menores pretende recortar el papel paterno en la educación en los hijos y poner límites a la libertad de creación.
Aunque muchos no quieran verlo, estamos ante una cuestión que afecta a los derechos más básicos de las personas. Censurar los videojuegos, que cada vez se acercan más al género cinematográfico, es imponer controles estatales a la creatividad y recortar el libre comercio. Es un absoluto ataque a la sociedad civil, a un elemento tan importante como la familia. Quien lo hace demuestra que cree que los padres no tienen capacidad para educar a sus vástagos. Si admitimos que unos padres están capacitados para impedir que sus hijos vean una película de Nacho Vidal o un título tan violento como La Naranja Mecánica, deberíamos reconocer que también pueden hacerlo con los videojuegos violentos.
Al igual que se admite, porque es así, que un ciudadano adulto tiene capacidad para decidir qué libro le conviene leer, qué película ver o qué música escuchar, se debe aceptar que es perfectamente capaz de hacer lo mismo con los videojuegos. Y el mismo principio funciona a la hora de elegir cuáles son los productos de entretenimiento a los que acceden sus hijos. Pretender que esa tarea la acometa el Estado tan sólo demuestra miedo a la tecnología y a los cambios y una desconfianza profunda hacia la libertad individual.
