Al contrario de lo que parecen creer ellos y el ministro de Cultura, la culpa de la mala reputación de la SGAE, DAMA, CEDRO y similares no está en que los españoles seamos malos y poco comprensivos con ellos. Radica en sus prácticas y en sus formas.
Alguien que consigue que los poderes públicos le otorgue unos privilegios que suponen una substracción tan legal (pues está reconocida por la legislación vigente) como ilegítima en forma de canon digital, que se inventa cosas como la "presunción de culpabilidad" para justificar dichos privilegios o que no para de presentar propuestas totalitarias, no puede esperar tener buena imagen. Si a eso se añade una gestión en la que, según denuncian incluso muchos de sus socios, no existe una mínima transparencia, su reputación no puede ser otra que la que se merecen.
En vez de reflexionar sobre todo eso, las entidades de gestión españolas han decidido ir a llorar al ministro de Cultura (que es un excelente amigo de todas ellas) y obtener de Cesar Antonio Molina el compromiso de una campaña para lavar su imagen. Algo a lo que esto se ha comprometido, eso sí sin hacer una sola auditoria de las cuentas de esas organizaciones. Que la SGAE y compañía quieran emprender acciones de comunicación en este sentido es una muestra de caradura perfectamente legítima. Donde no existe legitimidad alguna es que se encargue de hacerlo, o al menos colabore, un ministerio. Por mucho que la antecesora de Molina, Carmen Calvo, dijera que el dinero público no es de nadie, esto no es cierto. Procede de los millones de españoles que pagan impuestos y es de ellos.
Molina va a poner a disposición de las entidades de gestión de derechos de autor el dinero de todos los contribuyentes para que emprendan una campaña que no dejará de molestar a muchos de ellos. A todos esos que se sienten agredidos por ellas en sus cuentas corrientes cada vez que compran un CD o un DVD, por ejemplo, esto les tiene que molestar. Cada ciudadano que Bautista o Borau han insultado al llamarles "pendejos electrónicos" o aplicarles la presunción de culpabilidad debe de sentirse disgustado.
Pero aunque no fuera así, el dinero de los ciudadanos, a los que se les ha sustraído vía impuestos, se va a utilizar para defender los intereses de una serie de grupos particulares que tan sólo se representan a sí mismos y resultan beneficiosos nada más que para una pequeña parte de sus miembros. Otro privilegio más que el Gobierno suma a los que ya tienen la SGAE y similares.
