El pasado lunes tuve la fortuna de asistir a la conferencia que el prestigioso profesor alemán Rolan Vaubel ofreció en la Fundación Rafael del Pino. El título, "Las instituciones europeas como grupo de interés", era ya una declaración de principios. El profesor Vaubel explicó a partir del enfoque de la Escuela de la Elección Pública, los motores que empujan a la Unión Europea a promocionar a toda costa una mayor centralización.
El eterno problema de los intereses creados
La Escuela de la Elección Pública estudia, en general, la toma de decisiones de los agentes políticos considerando los intereses reales de dichos agentes, es decir, trata de analizar el riesgo moral de los decisores, más allá del supuesto criterio de defensa del interés general.
En el caso de las instituciones europeas, el Parlamento, la Comisión y la Corte Europea, la estructura de la toma de decisiones es tal que es la Comisión, un cuerpo no sometido a elecciones, la que mantiene agarrada la sartén política por el mango. El Parlamento no está autorizado a iniciar un proceso legislativo, la Comisión monopoliza ese derecho. Por otro lado, las decisiones de la Corte Europea han favorecido las propuestas de la Comisión en un 59%, de acuerdo con los estudios realizados por institutos como el Gallup Europe o el Center for the Study of the Political Change, de la Universidad de Siena, y otros.
En este sentido, la idea de fomentar una mayor centralización en la toma de decisiones es un mantra que flota en el ambiente, ocupa páginas en nuestros medios escritos y aparece en los discursos de todo político que no esté dispuesto a suicidarse profesionalmente. Solamente los llamados euro-escépticos, avis rara tratados de outsiders por la mayoría, cuestionamos la bondad de dicha centralización.
¿Por qué una autoridad monetaria, bancaria, presupuestaria, etc., supondrían una válvula de seguridad? ¿Por qué se le supone una bondad intrínseca y una capacidad para resolver los problemas?
No hay respuesta sensata. Más bien, al contrario, la descentralización en la toma de decisiones acercaría las soluciones a los ciudadanos. Y, sin embargo, estamos hablando de uno de los consensos ampliamente aceptados.
Pero un vistazo a los datos aportados por el profesor Vaubel nos dan una pista de lo que subyace a este acuerdo popular. Resulta que son los funcionarios europeos y los nacionales los que mayoritariamente defienden la centralización. Las preferencias de los mismos difieren bastante de lo que expresan los ciudadanos en las encuestas. La razón es muy simple: así tendrían un mayor poder y afianzarían su papel en la política europea. Los funcionarios europeos por motivos evidentes y los nacionales porque hay cancha donde meter la mano y sacar beneficios, no tanto económicos (que probablemente también) como en términos de poder.
La pescadilla europea que se muerde la cola
La manera de lograr este propósito se basa en dos hipótesis que el profesor Vaubel exponía: la hipótesis de la auto selección y la hipótesis de las preferencias compartidas. De acuerdo con la primera, no optan a los puestos de funcionariado europeo los individuos más descentralizadores, sino al revés, son los más convencidos de las bondades de la centralización quienes se presentan para ocupar los puestos en las oficinas de Bruselas. De acuerdo con la segunda, ascienden aquellos que comparten el sesgo centralizador. Y así, el sistema queda cerrado.
Los principales perjudicados son, evidentemente, los grupos minoritarios que prefieren una Europa en la que la toma de decisiones sea menos férrea, más libre, menos centralizada, y que, por norma general, pertenecen a países en los que los impuestos son menores y defienden su forma de entender la política económica. ¿Qué pueden hacer estos grupos? Pues poco, porque la exigibilidad de las normas europeas, dictadas por la Comisión, sin contrapeso real, aniquila cualquier posibilidad de que en Europa haya diversidad de opciones. Nos encaminamos a un peligroso "café para todos".
En el caso español, las consecuencias son ambiguas, porque, incluso los más euro-escépticos casi preferimos que una instancia supra nacional nos obligue a mantener unos niveles "decentes" y sostenibles de deuda y déficit. Eso no implica que siguiendo ese camino vayamos a lograr la eliminación del déficit, pero evita el mal mayor de la juerga presupuestaria tan típica de nuestros políticos.
Pero en términos de libertad individual, estamos hablando de una lesión seria e irreversible para los ciudadanos, tanto españoles como europeos.
Seria, porque encima estamos agradecidos pensando que es nuestra tabla de salvación, es decir, ya no tenemos que hacer nada nosotros por buscar una solución, solamente hemos de cumplir lo mandado. E irreversible, porque solamente un cambio estructural permitiría que los estados miembros se zafaran del lobby funcionarial de la EU.
La buena noticia es que hay un grupo de expertos entre los que, además del propio profesor Vaubel, está nuestro profesor Francisco Cabrillo, que estudia una propuesta de 17 cambios institucionales para solucionar este conflicto.
Habrá que estar pendiente. Por lo que está en juego.
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