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Portada - Comentarios - Sherman y el origen liberticida de las políticas antimonopolio

03/06/2005 - Gabriel Calzada

Sherman y el origen liberticida de las políticas antimonopolio

Durante las últimas dos décadas se han sucedido los trabajos de economistas que criticaban las políticas antimonopolio, o antitrust, por sus perversas consecuencias sobre economía y porque terminan siendo un arma de intervención estatal sobre la libertad de contrato y la libre empresa cuya utilización perjudica a la sociedad en su conjunto. El retorno de una mayoría de los economistas a una posición claramente contraria a estas políticas –posición que era lugar común de la casi totalidad de los economistas a comienzos del siglo XX– también ha ayudado reconsiderar la irreal teoría de la competencia perfecta que ni es perfecta ni representa la competencia que se da en el mundo real.

Sin embargo, casi todos los especialistas en la materia siguen pensando que, en su origen, la intención que movía a los valedores de estas políticas antitrust era la defensa de la competencia y, en consecuencia, de los intereses de los consumidores. Pero un repaso a la historia de la Sherman Act, la primera gran ley antitrust promulgada en 1890, muestra que la verdad es justo la contraria.

John Sherman, senador del partido republicano de los EEUU, protagonizó una cruzada para introducir la primera ley federal que permitiese prohibir una larga lista de acuerdos contractuales y formas de gestión empresarial que, en su opinión, eran típicas de las uniones empresariales conocidas como trusts. En su cruzada contra los pujantes trust, Sherman esgrimió que aquellos reducían artificialmente la producción de sus industrias para controlar el precio y perjudicar a los consumidores, lo que le permitió pasar a la historia como el defensor de los mismos frente al desenfrenado poder de las grandes empresas.

Sin embargo, el argumento de Sherman no resiste el más mínimo análisis histórico, económico ni epistolar. Las décadas previas a 1890, año en el que se aprobó el Sherman Act, fueron tiempos de un gran crecimiento económico y de vertiginosas innovaciones tecnológicas. Precisamente en los sectores en los que más importancia tuvieron los trust fue donde más creció la producción y la productividad gracias al aprovechamiento de las economías de escala, a la aplicación de nuevas tecnologías y al uso de nuevos sistemas de transporte como el ferrocarril. Fue también en esos sectores en los que se registraron las mayores caídas continuadas de los precios, tanto de los bienes de consumo como de los bienes de producción. Este proceso difícilmente puede entenderse como un perjuicio para el interés de los consumidores.

Y no es que el primer gran activista en favor de leyes antitrust malinterpretase las estadísticas o careciera de la lógica más elemental. El senador Sherman se autoproclamó defensor de los consumidores sin que nadie se lo pidiera con el único objetivo de cubrir las vergüenzas de sus verdaderas intenciones. En efecto, el estudio de su correspondencia muestra que jamás se escribió con asociaciones de consumidores para estudiar las demandas de éstos y, sin embargo, sí mantuvo intensos contactos con empresas ineficientes incapaces de competir con la alta productividad de los trust. Sherman eligió a los consumidores como escudo pero igualmente podía haber utilizado a los conejillos de la india si estos le hubieran sido más útiles para sacar adelante sus políticas contrarias a la libertad de mercado y la soberanía del consumidor.

Así pues, el origen de la primera ley antitrust no fue otro que el intento desesperado por parte de productores ineficientes y políticos faltos de la más mínima integridad moral de usar la fuerza para que el consumidor no pudiera elegir libremente la que a su juicio era la mejor dedicación de los siempre escasos recursos económicos. La máscara de Sherman debió desintegrarse años más tarde cuando defendió con igual ahínco una ley para la introducción de aranceles. Sin embargo, la demagogia y el ilusionismo lingüístico lograron que escapara casi limpio.

Si el análisis teórico está relegando las leyes y las políticas antitrust al lúgubre lugar que le corresponden, la investigación histórica permite establecer de una vez por todas su claro origen liberticida.

 

Opinión de los lectores

Francisco Moreno

¡Qué interesante este artículo pues desvela el origen de las intenciones de este senador Sherman (republicano, para añadir más perplejidad al asunto)! Su famosa ley antitrust es la semilla del desarrollo posterior de todos los Tribunales de Defensa de la Competencia, que no son otra cosa que la intervención estatal sobre la competencia de un mercado (¡qué contrasentido intervenir en lo que, por su propia naturaleza, debe ser libre!).

Veo que al respecto pueden darse dos situaciones a “grosso modo”:

1. Si un cártel, un acuerdo privado de empresas del mismo sector, tiene como finalidad la elevación artificial de precios, no tardarán en salir –por poderosos que sean los protagonistas de dicha colusión- otros competidores nuevos ante esa oportunidad o spread (entre precio artificial pactado y el precio de mercado) que se le abre a cualquier emprendedor deseoso de detectar oportunidades de mercado para su beneficio empresarial. Esos pactos tan “temidos” serán letra muerta en cuanto haya un competidor dentro del mercado.

2. Por el contrario, si un acuerdo privado de empresas del mismo sector, tiene como finalidad el evitar que entre en el mercado algún competidor potencial, y para ello (no llama a la puerta de la ayuda estatal) sino que se mejoran los procesos productivos, se aprovechan economías de escalas y, por tanto, se mejora la calidad y el precio del producto o servicio ofrecido ¿qué hay de malo en ello? Siempre es una buena noticia que se mejore la oferta productiva (sea en régimen de monopolio -no impuesto por decreto- o a través de convenios privados entre empresas).

Conclusión: Nunca he llegado a comprender por qué el Estado ha de nombrar a miembros de Tribunales para dirigir la competencia. ¡Qué vano es este propósito! Especialmente cuando los mecanismos del propio mercado (libre) corrigen antes o después los monopolios abusivos temporales o bien toleran los monopolios verdaderamente competentes y, por tanto, generadores de riqueza (incluso estos últimos no tienen patente de eternidad en un mercado libre).
Los únicos monopolios execrables son los introducidos coercitivamente (es decir, por imposición estatal) sin permitir absolutamente la entrada de la competencia (eso sí que hace daño a los consumidores). La única justificación de la existencia de los Tribunales de Defensa de la Competencia es que éstos desmantelaran los monopolios excluyentes decretados desde el Estado o suprimieran las tarifas gubernamentales; pero si estos Tribunales son designados por los sucesivos gobiernos del Estado ¿cómo van a ir en contra de las decisiones de su “Jefe”?

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