2005 Instituto Juan de Mariana
Instituto Juan de Mariana
Reducir tamaño de letra Aumentar tamaño de letra

Comentarios

Portada - Comentarios - Tu casa, mis reglas

08/08/2005 - Albert Esplugas Boter

Tu casa, mis reglas

Vamos a celebrar una fiesta en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si nos obligaran a componer una lista de invitados multicultural o a adaptar las escaleras para los minusválidos? Estamos fumando en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si un comensal nos mandara apagar el cigarrillo o exigiera que nos fuéramos a fumar a la terraza?

Incluso algunos apologistas del intrusismo estatal más extremo se escandalizarían ante semejantes propuestas, y sin embargo eso es exactamente lo que ocurre cuando se impide al empresario contratar a individuos en función de su país de origen o su condición sexual, cuando se obliga a los bares y restaurantes a habilitar un espacio para los no-fumadores o cuando se exige que todos los cines dispongan de acceso para minusválidos. La propiedad no es menos privada por el hecho de que vendas en ella un producto o cobres la estancia a los huéspedes, y la discriminación es inherente a la acción humana, pues al elegir siempre discriminamos entre alternativas. La arbitrariedad de estas medidas queda de manifiesto si advertimos que el empresario de un local no puede discriminar a sus clientes, ¡pero los clientes sí pueden discriminar al empresario! Pueden frecuentar una tienda y no otra por los motivos más peregrinos, renunciar a trabajar para un católico por ser musulmanes, regentar un bar donde no hay inmigrantes o no ir a un pub porque su dueño es homosexual. Por otro lado, ¿por qué en un restaurante no pueden discriminar a los no-fumadores (negándoles un espacio exclusivo) y en cambio sí puede discriminar a los vegetarianos (no incluyendo verduras en el menú)?

A cada individuo corresponde determinar con quién desea relacionarse o mantener tratos comerciales, independientemente de los motivos que subyazcan tras esa elección. Es un asunto moral que compete a la persona, no a la ley. Así en el ámbito mercantil el propietario de un negocio tiene derecho a fijar sus criterios de contratación y admisión, que el trabajador y el consumidor son libres de aceptar o rechazar.

Ahora bien, la discriminación por motivaciones meramente racistas o sexistas tiene un precio en el mercado libre: empresarios con más afán de lucro que prejuicios contratarán a aquellos individuos productivos que están siendo excluidos, obteniendo resultados más óptimos que los otros empresarios, que serán entonces desplazados del mercado. Igualmente los empresarios que sólo acepten euros de los consumidores de raza blanca serán relegados por los empresarios que acepten euros de cualquier cliente. Por la misma razón es fútil obligar a los centros comerciales a instalar ascensores y rampas, pues si los consumidores que los necesitan reportan ingresos mayores que el coste de su construcción y mantenimiento, aquellos serán los primeros interesados en ofrecerlo.

Cabe añadir que las regulaciones de índole antidiscriminatoria, lo mismo que las atinentes a la seguridad y la salubridad laboral, suponen un coste para el empresario, que redunda en perjuicio del trabajador. La Americans With Disabilities Act en Estados Unidos, por ejemplo, obliga a los empresarios a ensanchar puertas y cambiar pomos, construir rampas y lavabos especiales, facilitar plazas de parking... Resultado: los empresarios son más reticentes a contratar minusválidos y la tasa de desempleo de éstos ha aumentado en la última década.

Es preciso apuntar también que la integración forzosa no favorece a los discriminados, antes al contrario, pues son vistos como beneficiarios de privilegios estatales y son juzgados más duramente por algunos. No es posible suprimir los sentimientos y cambiar la actitud de las personas por decreto. Por otro lado, en palabras del minusválido anti-estatista Greg Perry: “la asistencia social induce a la gente a mostrar apatía hacia aquellos que necesitan ser ayudados. Ya no hace falta que la gente respete o exprese simpatía por los minusválidos porque el gobierno se ocupa de la compasión.”

El Estado se arroga el derecho a dictar normas sobre la propiedad ajena. Es oportuno remitirle al dicho inglés que reza “my home is my castle” y hacerle saber que en nuestra casa sólo a nosotros corresponde poner las reglas.

 

Opinión de los lectores

Miguel Moreno

A veces se pasan ciento cincuenta pueblos. En algunos hiper hay decenas y decenas de parkings para minusválidos. Los mejores. Siempre están vacíos o llenos de coches de no-minusválidos.

A mí me parece bien favorecer la integración social de quienes realmente necesitan ayuda, pero sin caer en demagogias baratas. Nadie es mejor ni peor por ser inmigrante, minusválido, pobre, etc., pero lo que hay que hacer es, no tanto que el Estado ofrezca soluciones a determinados problemas sino concienciar a la sociedad de los mismos para que, desde su libertad, luego la gente haga lo que quiera.

jindallpin

En las nuevas viviendas se obligan unos aislamientos térmicos y unas medidas antincendios; no para fastidiar al propietario, sino para ayudarlo; para no verse obligados a tenerlos que socorrer, luego más tarde, cuando haya llegado la desgracia.

En nuestro mundo facundo todos nos debemos a todos. La acción aislada de los demás no existe. Creo que la posición tan personal de los liberales "a todo meter" es completamente utópica. Cuando se les cambia la tortilla, exigen que los bomberos les apaguen las casas y los gobiernos (todos los otros del país) les proporcionen combustible.

El liberalismo es una doctrina con base equivocada, promovida por la insolidaridad humana más cruel de los privilegiados que regentan bancos a título personal. El liberalismo es puro idealismo de una juventud explotada por el gran capital.

Por lo menos, yo así lo veo.

Si rascáis en profundidad no os dejaréis engañar por estas falaces doctrinas. Prueba de ello es que mi carta no se considerará enriquecedora del debate

Daniel Rodríguez Herrera

Si tu opinión aporta algo al debate es sólo para mostrarnos la poca sustancia en que muchos basais vuestras opiniones. Estudiemos lo que nos cuentas:

1) El propietario es el primero que desearía no tener que ser socorrido. Sin embargo, también sabe lo que cuestan esas protecciones. ¿Por qué crees que es peor que sea él quien decida sobre los beneficios y costes de esas protecciones?

2) Los liberales nunca han creido que estemos solos en el mundo y que no haya que relacionarse con los demás, tan sólo que esas relaciones han de ser voluntarias y no obligadas. Y si exigimos que nos apaguen los incendios es porque es el Estado el que se ha arrogado ese monopolio. También exigimos que nos funcione el móvil, por el que hemos pagado.

3) De aquí pasamos a un "ad homimem". ¿Cuántos banqueros hay aquí entre nosotros? ¿Cuántos entre los que crearon, han creado y crean la doctrina liberal? ¿Juventud explotada, bancos a título personal? ¿Realmente te crees estas estupideces? ¿Crees que aportan algo real al debate?

Daniel Ballesteros Calderón

Comparto parcialmente tu postura. Es evidente que el grado de intervención del Estado en el asunto de la protección a las minorías está tomando un cariz exagerado y ciertamente preocupante; única y exclusivamente en persecución de una mejor imagen política.

Ahora bien, hemos de reconocer que esta protección es legítima siempre y cuando vaya destinada a proteger aquellos derechos comunes a toda la población y que no son respetados por intención de determinados colectivos en función de ideas religiosas, raciales, de sexo, políticas, etc.

Sin embargo no se protege ninguna igualdad de derechos cuando se satisfacen las necesidades de un colectivo a costa de pasar por encima de los derechos de otro.

Por otro lado quisiera dejar claro que el análisis coste-ingreso que haces, Albert, no regula las relaciones en una sociedad xenófoba, por ejemplo. En tu argumentación falta una pieza: sí, el consumidor negro rechazado dejaría de gastar en el negocio que le rechaza, pero si éste le aceptase muy probablemente toda la comunidad blanca dejase de comprar... por lo tanto ganaría un consumidor y perdería muchos más.

Se estaría rechazando a alguien por su color, algo prohibido por las constituciones liberales que establecen la igualdad de todos los ciudadanos. Y el Estado ha de intervenir como garante de esos derechos.

© 2005-2008. Instituto Juan de Mariana. Todos los derechos reservados.