07/09/2005 - Alberto Illán Oviedo

El derecho a la autodefensa

Quizá la defensa ante una agresión es uno de los derechos que los ciudadanos tenemos más regulados y por regulado debe entenderse más restringido. La violencia independientemente de quién la ejerza y en qué condiciones, está mal vista y tanto la educación pública como los medios de comunicación se encargan de mostrárnosla como uno de los peores males que aquejan el mundo, como uno de los jinetes apocalípticos. No es necesario profundizar demasiado para comprender que tras la violencia y las armas se encuentran personas, que son quienes la ejercen. La pistola no se dispara si no hay alguien que apriete el gatillo. Defenderse ante esta situación es un derecho que no debería transferirse a nadie.

El Estado monopoliza, en última instancia, la capacidad de defensa tanto interna como externa. Solo los miembros de los cuerpos de seguridad del estado y de las fuerzas armadas están capacitados para poseer armas sin necesidad de permisos y regulaciones especiales. Sin embargo, un ciudadano debe hacerse con uno de carácter oficial que indique porqué y para qué se va a poseer un arma. Y sin embargo, el mismo Estado que debe cuidar con esmero y eficiencia que tal normativa se cumpla, es incapaz de impedir no sólo que muchos poseedores de armas no cumplan las condiciones mínimas (físicas y psicológicas) que impone, sino que un número nada despreciables de delincuentes puedan poseer un arma ilegal que hacen más dura la vida de algunos. El ciudadano se encuentra indefenso ante este colectivo y la regulación llega hasta el absurdo de que si al defenderse el agredido ocasiona algún daño al agresor, la víctima termine en no pocos casos como agresor y el agresor como víctima ya que el Estado puede estimar de manera un tanto arbitraria que la fuerza usada no es la adecuada.

Si la agresión es externa el asunto se complica. Aunque es difícil que un país europeo y occidental pueda ser invadido por otro hostil, esta situación en la periferia no es descartable. Israel ha vivido muchas veces la invasión de sus ‘vecinos’ musulmanes y algunos de sus habitantes vieron como se convertían en la primera línea de frente. Si no hubieran tenido armas, la situación hubiera sido mucho peor de lo que fue. Es difícil saber cuándo los estados occidentales, europeos principalmente, decidieron que sus habitantes no tendrían la posibilidad de poder defenderse salvo a través de sus fuerzas armadas. Lo que sí está más o menos claro es que un Estado intervencionista teme a una sociedad armada a la vez que ajena a la corrección política.

Las convenciones de La Haya de finales del siglo XIX y principios del XX pretendían establecer una quimera, las leyes por las que se deberían regir los conflictos armados entre países. Los representantes habían reconocido el derecho de los pueblos invadidos a presentar resistencia pero sólo si se constituían en cuerpos organizados identificados como beligerantes. De esta manera, la autodefensa del individuo era eliminada de golpe. En 1899, el representante belga se dirigió a sus colegas en estos términos:

Si la guerra está reservada exclusivamente a los estados y si los ciudadanos son meros espectadores, ¿no quedan así mermadas las fuerzas de la resistencia, no se priva así al patriotismo de su efectividad? ¿Acaso la defensa de la patria no es el primer deber del ciudadano?