31/01/2006 - Francisco Capella

Ley de dependencia del estado

La ley de dependencia del estado merece ese nombre. No porque sea un ley de ámbito estatal referida a las personas dependientes, sino porque es una ley que consagra y sistematiza la dependencia del estado. El aparato estatal, formado por políticos, funcionarios y subvencionados, sobrevive a costa de expoliar sistemáticamente a los ciudadanos productivos. Una estrategia estatal de supervivencia implica generar múltiples intereses que favorezcan su existencia: las muchas personas que reciben del estado más que lo que contribuyen (que a menudo es nada) tienden a preferir que el sistema gubernamental se mantenga o se expanda. Jubilados con pensiones públicas, sindicalistas, funcionarios o empleados públicos (profesionales de la educación, de la sanidad, de diversos servicios colectivos), receptores de subsidios varios: a todos les interesa de forma egoísta que las cosas sigan como están, y si es posible que se colectivice todo aun más. Los pobres envidian a los ricos y votan felices y convencidos para que se les confisque su riqueza y se reparta el botín: todo en nombre de un tan presunto como inexistente contrato social.

Como lo normal es que los seres humanos no se dejen robar pasivamente, los intelectuales cortesanos están permanentemente a la busca de excusas para intentar justificar la coacción institucional: el estado sólo quiere hacer el bien, ayudar a los necesitados, perseguir a los insolidarios que no aceptan cargar con su parte de responsabilidad colectiva. ¿Cómo negar ayuda a los más necesitados, a quienes por enfermedad, accidente o envejecimiento no pueden ya valerse por sí mismos y necesitan ayuda ajena? Los políticos sabios y bondadosos van a crear un sistema nacional de dependencia que creará muchos puestos de trabajo y estimulará la economía, compensará a los familiares que se ocupan de sus seres queridos más débiles, y resolverá todos los problemas imaginables.

Tras esta imagen de bondad se esconde la pulsión del poder, el deseo del dominio o control sobre otras personas, todo intencionalmente confundido mediante múltiples falacias comúnmente aceptadas. Si los más necesitados tienen algún derecho especial frente a otras personas, estos derechos no pueden ser derechos humanos, es decir derechos que se tienen por ser humano y sólo por ser humano (y no por estar enfermo o ser pobre). La necesidad no genera ningún derecho especial, y los que los políticos afirman reconocer se obtienen de forma ilegítima a costa de violar el derecho natural básico de propiedad. La justicia no tiene nada que ver con la redistribución de riqueza.

Los más ancianos podrían haber ahorrado para su vejez, o confiar en la ayuda de sus hijos (si no los tienen sus ahorros serán mayores). Los accidentados y enfermos podrían haber suscrito algún tipo de seguro que les garantizara una ayuda en caso de fatalidad. Pedir ayuda es muy diferente de exigirla. Confiar en los sentimientos de afecto y solidaridad de los otros es muy diferente de reclamar por la fuerza derechos inexistentes frente a completos extraños. El estado destruye los lazos espontáneos de la familia y la sociedad y pretende sustituirlos por trámites burocráticos impersonales. Crea empleos ineficientes a costa de destruir los auténticamente productivos. Y afirma estar resolviendo los problemas que previamente ha causado y sistemáticamente agrava.