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Asimismo, el Estado está desnudo

Pocos son los mitos ampliamente extendidos que no se estén desmoronando durante esta gran depresión. En tanto que basados en mentiras (piadosas o de conveniencia) elaboradas por el estamento político y corporativo patrio y esparcidas por sus satélites en los medios de comunicación dominantes, en estos días no dejo de recordar la validez de aquella máxima genial con la que Jean François Revel comenzaba "El conocimiento inútil": "La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira".

Uno de ellos, que sería secundario si existiera un régimen de monarquía parlamentaria realmente consecuente con la constitución de 1978, es decir, si hubiera un gobierno de las leyes en España, es el actual Rey Juan Carlos I. Nombrado con toda la fanfarria franquista sucesor a título de Rey por el propio dictador y, una vez convertido en Rey a la muerte de aquel, principal impulsor de la transición política a una suerte de democracia, su ya prolongado reinado va adquiriendo unos tonos cada vez más oscuros, merced a unos escándalos que, aunque parecen ocurrir en estos últimos tiempos, se han ido acumulando desde muchos años atrás y demuestran hasta qué punto la corrupción se ha convertido en la estrategia para mantenerse en el poder. Los célebres equilibrios y contrapesos de las constituciones liberales, que se pueden encontrar también en la Carta Magna española, no tienen ninguna virtualidad, pues, simplemente, no hay nadie con poder que tenga la voluntad de hacerlos cumplir.

Cuando se habla de la monarquía se olvidan tres aspectos esenciales, estrechamente entrelazados, que convertían a la constitución española en una émula de las monarquías parlamentarias europeas:

1) El Rey reina, pero no gobierna.

El presidente del gobierno y sus ministros están llamados a ejercer (Art. 64 CE) el control de "los actos del Rey", ya que los refrendan y se convierten en responsables de los mismos. De no concurrir ese refrendo, esos actos carecen de validez (Art.56.3 CE) salvo en lo que se refiere a la distribución de la partida del presupuesto asignada a su sostenimiento y de su familia y "el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa" (Art. 65 CE).

Sin embargo, de hecho parece que el Rey actual se ha reservado parcelas de poder real en la estructura del Estado, un comportamiento con la Reina consorte que no casa con las obligaciones de respeto que el Código Civil demanda al resto de los españoles con sus cónyuges y un entendimiento muy laxo sobre cuáles son los límites de la gestión de su patrimonio personal, a pesar de que recibe de los presupuestos públicos una partida anual para el sostenimiento de su familia (Art. 65).

2) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Esto debe entenderse como impunidad en el ámbito penal (Art. 56.3 CE). Este privilegio no se puede extender a otros miembros de su familia y, obviamente, a sus amistades, por muy entrañables que éstas sean.

3) Inhabilitación del Rey.

No obstante, y a pesar de la falta de validez de los actos del Rey sin el refrendo del presidente del gobierno o sus ministros, si sus actuaciones personales vulneran las leyes, son gravemente desacertadas o simplemente pierde la cordura o la disponibilidad, cabe la posibilidad de que las Cortes Generales reconozcan la causa concreta de inhabilitación y conviertan en Regente al príncipe heredero (Art. 59.2 CE). Esta vía de impeachment al Rey puede ser evitada por el interesado mediante la abdicación.

Por todo ello, llama la atención que nadie dentro del estamento político haya promovido de forma seria la activación de las previsiones constitucionales en esta materia, ante la conducta inapropiada (que diría Bill Clinton) de Juan Carlos I y, cuando menos, culpa in vigilando a las personas de la Casa Real investigadas en el caso Instituo Nóos de malversación de fondos públicos.

Las pruebas sobre una actuación indecente del actual Rey en distintas cuestiones no le pueden llevar al banquillo de los acusados, como él muy bien sabe. Incluso si, como parece, los indicios de criminalidad se agolpan contra su hija, su yerno y personal de la Casa Real. En el lodazal de la corrupción de los partidos que ahora le protegen, las críticas sensatas al monarca actual se vituperan como invectivas "antisistema", impidiendo la propia regeneración mediante los mecanismos previstos en la constitución. Ese tapón puede estallar algún día con imprevisibles consecuencias.

Sin que su familia ni la propia monarquía me produzcan ningún entusiasmo, observo más ventajas en mantenerla que en un régimen republicano, donde las tendencias sectarias son conocidas en la política española. Ahora bien, el buen hacer, la pulcritud y la honradez en el servicio al país al que el Rey debe unos inmensos privilegios deben hacerle recapacitar. Abdique, Majestad y no se convierta en el carcamal que impedía el cambio cuando vivía. ¿Recuerda?