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Consecuencias económicas actuales para Cataluña en caso de independencia unilateral (I)

En los siguientes artículos comentaremos algunas de las consecuencias que puede tener la independencia unilateral para Cataluña.

Inseguridad jurídica

Quizás el factor más importante en una economía de libre mercado y global sea la inseguridad jurídica, esto es, el poder estar seguros de lo que es Derecho en el presente y lo que previsiblemente será en el futuro. Que nuestros derechos y obligaciones no se van a alterar de forma súbita e inesperada. En el ámbito económico, esto es especialmente importante, ya que las empresas invierten y establecen sus escenarios a largo plazo, y confían que el entorno y las reglas de juego no van a alterarse de forma arbitraria.

En el caso actual catalán, y dejando para otro debate si la autodeterminación es legítima o no, se han vulnerado las leyes de forma clara y abierta, yendo contra la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía catalán vigentes.

Este hecho, que a nivel filosófico-político pudiera ser defendido por algún sistema de pensamiento, supone un gran shock y provoca una gran inestabilidad a nivel económico. El que se rompan las leyes sin consenso y de forma unilateral crea una incertidumbre en los distintos agentes del mercado (individuos, empresarios, inversores…) que provoca desinversiones, abstención del consumo (especialmente de bienes duraderos) y paralización de proyectos de inversión nacionales e internacionales.

Sin ir más lejos, se ha producido una caída en turismo por el incremento de esta incertidumbre. Se prevén pérdidas de 1.200 millones para el turismo catalán. Esto al final se ha reflejado en el desempleo, que registra la mayor subida en octubre en Cataluña desde 2008. Y Barclays, por su parte, señalaba que la incertidumbre vivida en los últimos meses ya ha repercutido en las rentabilidades de los bonos españoles

Salida de empresas

Prueba de lo expuesto anteriormente, es la huida de empresas sufrida por Cataluña en tan solo un mes. Más de 2.200 empresas han trasladado su sede social a otros lugares de España, representando éstas sobre el 50% del PIB catalán.

Esto indica, simple y llanamente, desconfianza absoluta en el presente y futuro escenario económico-político-jurídico de Cataluña. Las empresas ejecutan los planes de contingencia al ver que las condiciones en las que se estableció el plan de negocio inicial han cambiado drásticamente debido a la modificación del entorno y mercado objetivo.

Ante esta situación, las empresas deben buscar entornos estables (¡es su obligación!), ya que se deben a sus inversores (que podrían ver disminuido su valor accionarial), consumidores (que podrían dejar de demandar sus productos) y trabajadores (que podrían perder su empleo y/o recibir salarios menores).

Déficit estructural

Cataluña, al independizarse, se encontraría con exactamente el mismo problema que tiene España y otros países europeos, esto es, caer sistemáticamente en déficit al ingresar menos de lo que se gasta.

Este déficit es estructural en una socialdemocracia con un Estado de Bienestar deficitario (principalmente por el sistema de pensiones de reparto), y en donde el aparato político cae en corrupción y en clientelismo para buscar apoyos electorales al “subvencionar” a empresas, lobbies y particulares.

Y esto no se soluciona resolviendo el problema del déficit fiscal con España, valorado por el Ministerio de Hacienda en 9.900 millones de euros y que supone aproximadamente un 5% del PIB catalán. En una Cataluña independiente, el gasto aumentaría y los ingresos disminuirían previsiblemente como veremos a continuación.

Aumento de gasto

De ser independiente, Cataluña debería hacer frente a más gasto al tener que incrementar su estructura burocrática y organizacional tanto nacional como internacional para asumir nuevas competencias. Debería tener una Agencia Tributaria propia con un coste anual de 750 millones; de pertenecer a la UE debería hacer una aportación de 1.400 millones; necesitaría embajadas y organismos internacionales por un coste del 0,5% del PIB; y, claro está, necesitaría Defensa, 1.221 millones. Los costes de estructura podrían representar casi 6.000 millones.

Otro gasto inicial que debería asumir Cataluña en caso de independencia es la deuda pública existente. Esta cantidad rondaría los 200.000 millones de euros, al ser la parte proporcional del total de deuda pública española, si bien a falta de negociarse activos patrimoniales y pasivos.

Disminución de ingresos

A nivel de ingresos, sufriría el efecto frontera, nuevos aranceles y costes administrativos al estar fuera de España y de la UE. Estar fuera de la UE encarecería las exportaciones y reduciría la competitividad de las empresas catalanas. Quizás el sector que más sufriría sería el agricultor, que vería casi imposible introducir productos agrícolas en la Unión Europea, cuyo arancel medio agrícola es del 12,5% (WTO, Tariff profiles).

En su relación con España, Cataluña tiene un enorme superávit comercial de bienes y servicios con el resto de España, con cifras de unos 22.000 millones en los últimos años (DataComex). La mitad de este comercio podría perderse, con la evidente repercusión sobre el tejido económico catalán. El establecimiento de aranceles frenaría las compras de empresas españolas en Cataluña, que buscarían proveedores en otras zonas debido al encarecimiento de los productos catalanes.

Por el contrario, presenta una situación deficitaria en el comercio de bienes con el resto del mundo (entre los 10.000 y los 15.000 millones) compensada en parte con su balanza de turismo.

Las nuevas fronteras inherentes a la creación de un nuevo Estado tienen efectos reales. Hay estudios que señalan que, sin tener en cuenta la huida de capitales o los costes de adoptar nueva moneda, los ingresos caerían por valor del 20% de su PIB, esto es, 40.000 millones de euros.

Por tanto, la salida de España (y, por consiguiente, de la UE) no solventaría el problema del déficit fiscal, sino que lo agravaría.