Políticos y burócratas no pueden saber qué beneficios se habrían producido si la inversión de recursos y esfuerzo se hubiese dirigido en otra dirección.
Las empresas tecnológicas chinas son muy buenas innovando y tremendamente competitivas. El Gigante Asiático ya no es un lugar lleno solo de copiones que no hacen sino imitar, de forma barata, lo que hacemos en Occidente, beneficiándose de unas ideas que no son suyas y amparándose en una legislación permisiva con la vulneración de lo que aquí conocemos como derechos de propiedad intelectual. Muchas empresas del resto del mundo viven constantemente pendientes de las innovaciones y modelos de negocio que vienen de Oriente; hasta Jeff Bezos se inspira, como explica Erisman, en las conferencias de Jack Ma, a las que acudía hace más de una década y de las que salía entusiasmado. En 2015 el Gobierno chino impulsó el conocido como Plan Internet Plus, con el que pretendían y pretenden integrar el internet móvil, el big data y el internet de las cosas con sectores económicos tradicionales para favorecer un “sano desarrollo” del comercio electrónico, la industria y la banca por internet, a fin de que sus empresas tecnológicas tengan una cada vez mayor “presencia en el mundo”. A este plan le han seguido otros, como el Plan Made in China 2025, que van en la misma línea. Si analizamos la progresión y el peso que están teniendo las tecnológicas chinas, con Alibaba, Tencent o Baidú a la cabeza, no sólo en su país de origen, sino en otros vecinos, vemos la amenaza que suponen para otras tecnológicas internacionales, tanto por su fuerza, como por la influencia y control que están alcanzando, invirtiendo, además, como locas en empresas locales y extranjeras como si de una cartera de “capital riesgo” se tratase.
Aun así, los aparentemente buenos resultados de esos “planes” no justifican la intervención estatal ni demuestran la eficiencia económica de las decisiones políticas interventoras en la economía. Y ello por las siguientes razones teóricas:
Los casos de éxito no demuestran nada en relación a las bondades de las políticas que los hayan sustentado. Primero, porque son muchos los factores que han podido contribuir a ellos, y no sólo los políticos, y, en segundo lugar, porque sería necesario hacer un análisis de lo que hubiese ocurrido sin esas políticas. En efecto, sería imprescindible hacer un análisis contrafactual (no sólo lo que “se ve, sino también lo que no se ve”) para poder analizar con detalle las bondades de determinadas políticas o decisiones y eso no es nada fácil por los infinitos factores que entran en juego, un juego que es, además, de ciencia ficción. En definitiva, que una determinada decisión gubernamental vaya acompañada de una mejora del peso de un sector, o de la empresa a la que se quería beneficiar, no significa que sin esa decisión la vida de los habitantes de ese país no pudiese estar mejor (por haberse desarrollado más y mejor ese mismo sector u otros, por ejemplo).
Los políticos no son buenos “empresarios”, y no lo son porque la información y los incentivos que les mueven no son los que mueven a los empresarios de verdad. Los empresarios no brillan por sus conocimientos teóricos sobre organización empresarial o estructura económica, sino por su capacidad para analizar la realidad y detectar las oportunidades empresariales concretas que esa realidad brinda. La información que utiliza el empresario, como explican los autores de la Escuela Austriaca de Economía, no es una información objetiva y que viene dada (como dato ajeno al modelo), sino una realidad que se “crea”, en un proceso dinámico que nunca termina, y no tiene nada que ver con la información de que disponen los políticos y burócratas en sus despachos.
En cuanto a los incentivos, ocurre tres cuartos de lo mismo, como explican los autores de la Public Choice. Si los empresarios ejercen su actividad en un mercado libre, respetando las normas y costumbres del país, su enriquecimiento supondrá, necesariamente, un enriquecimiento general, ya que derivará de haber dado a sus clientes lo que estos demandaban, y a un precio, además, inferior al de la utilidad que el bien o servicio concreto reporta a ese cliente. En el caso de los políticos-burócratas, sin embargo, ello no es así. Dada la naturaleza de su actuación, aún en el caso de que fuesen unos seres plenamente comprometidos con el “bienestar” general -lo que casi nunca ocurre-, ¿cuál es el “bienestar objetivo” que hay que perseguir?; ¿cómo saber cuál es el bienestar realmente querido por sus compatriotas si no es a través del mercado? ¿Acaso no es el sistema de precios (consecuencia de la oferta y la demanda) el único mecanismo del que realmente disponemos para poder saber qué es lo que realmente quieren los individuos para alcanzar sus fines y, en consecuencia, su bienestar? Si se toman las decisiones desde el poder político, ese mercado se ve “alterado” precisamente por las decisiones de esos políticos y, por tanto, más difícil será, todavía, saber qué quieren, realmente, sus paisanos.
Es cierto que, en muchos casos, las intervenciones estatales pueden ayudar a generar “economías de escala” en determinadas industrias, pero eso no significa que a través del mercado no se pueda conseguir el capital suficiente para acometer grandes proyectos con fuertes inversiones de capital. De hecho, puede, incluso, que no sea necesario implementar inversiones tan costosas en términos de capital, con el altísimo riesgo que ello supone, pudiendo el mercado descubrir procedimientos o tecnologías en los que esas inversiones puedan ser menores, y, por tanto, menor también sería el riesgo de que no llegue el proyecto a buen término en términos de inversión “despilfarrada”. En todo caso, si los agentes del mercado no acometen esas macro-inversiones posiblemente sea porque no hay ahorro suficiente para dedicarlo a ese proyecto (a lo mejor lo hay, pero los empresarios y ahorradores consideran más oportuno dedicarlo a otra cosa más rentable) o porque las primas de riesgo y liquidez del mercado no aconsejan a los empresarios acometerlas.
Por lo demás, los políticos y los burócratas, por todo lo dicho, no pueden saber qué beneficios se habrían producido si la inversión de recursos y esfuerzo se hubiese dirigido en otra dirección. Lo grave, sin embargo, no es que se crean los más listos y eficientes disponiendo y aplicando recursos. Lo peor es que se creen infalibles diciéndole a la gente cuáles son sus verdaderas necesidades, necesidades que creen conocer mucho mejor que los propios individuos sobre los que gobiernan.
Todo lo anterior no significa que políticos y burócratas no puedan de vez en cuando acertar, siendo eficientes a la hora de aplicar recursos para alcanzar determinados fines, los fines que ellos consideran. El problema es que si intervienen perturban el mercado, y nunca se podrá saber cuáles eran los fines que de verdad querían los administrados. De ahí que la única herramienta realmente válida con la que pueden ayudar o favorecer el bienestar general sea liberalizando y dejando que sean las personas quienes busquen, comparen, ofrezcan y compren lo que ellos consideran lo mejor. Y si se equivocan, que sean los propios individuos quienes lo hagan libremente, no un político que les impone su error.
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