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Contrastes

Uno de los argumentos más recurrentes contra el liberalismo clásico de los autores  libertarios ha venido dado por la constatación de su fracaso (y del constitucionalismo que promueve) como freno  ante el crecimiento y los abusos del estado durante los últimos dos siglos. O, como se aduce también en el caso de la Unión Europea, de un superestado que, regula, exacciona impuestos, interviene, fomenta, castiga, penaliza, privilegia y discrimina, de tal manera que a los individuos solo les quedan algunos restos de libertad que disfrutar.

Y, en efecto, las críticas vertidas desde distintas perspectivas por pensadores de la talla del profesor Jesús Huerta de Soto (premio Juan de Mariana de este año) no deben caer en el vacío. En todo caso, las serias objeciones al liberalismo por los magros resultados obtenidos en su lucha contra el poder del Estado se convierten en un acicate para redoblar el rigor de quiénes creemos que es posible revertir la situación. Es decir, reducir el tamaño y las funciones de los estados.

Sin embargo, ese enfoque general no debe ser óbice para trivializar las consecuencias, aun más perjudiciales para la libertad, de muchos procesos de destrucción deliberada de sistemas constitucionales, debido a la aparición de actores políticos que, velada o abiertamente, persiguen la instauración de sistemas autoritarios apoyándose en viejos señuelos socialistas o nacionalistas, o la combinación de ambos.

Por mi parte entiendo que, a grandes rasgos, los estados que proclaman en su Constitución el sometimiento de su actuación a la Ley y el derecho; la consabida lista de derechos y libertades individuales susceptibles de protección y amparo ante tribunales independientes y una limitación del mandato de los gobiernos mediante métodos de elección democrática, tienden a garantizar unos níveles mínimos de libertad, en la medida que los actores políticos mayoritarios mantengan ese compromiso genérico.

Ahora bien, si ese consenso se quiebra por la vía del incumplimiento generalizado de la Ley Fundamental por parte de los gobernantes, llegará un momento en el que no será suficiente socavar su supremacía impulsando leyes de rango inferior o auspiciando prácticas que la conculquen, sino que les hará falta aprobar textos que justifiquen cualquiera de sus actuaciones y eliminen los controles y contrapesos inherentes a la tradición jurídica que venimos comentando. Aunque las barreras constitucionales clásicas parezcan frágiles e ineficientes, los tiranos de todo tipo les rinden homenaje cuando las eliminan para que no les moleste su invocación.

Se pueden encontrar ejemplos flagrantes de esta lamentable evolución en países ibéroamericanos como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, que han descendido a puestos de cola tanto en los índices de libertad como de bienestar mundiales. España tampoco ha sido inmune a este proceso de degradación de su estado de derecho. En realidad, ha alcanzado hitos inigualables entre los países de la Unión Europea. Recordemos, coincidiendo con su duodécimo aniversario, la renuncia expresa de todo el estamento político y judicial y judicial a esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de 193 personas del 11M de 2004 en Madrid. Después de constatar la destrucción, la falsificación y la manipulación de pruebas del caso por parte de elementos clave de la Policía encargada de las investigaciones oficiales, la quiebra de un orden constitucional teóricamente basado en principios como la justicia (Art. 1.1 CE) o “la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” (Art. 9.2 CE) no puede ser más evidente.  Ese poder judicial, integrado por jueces "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (Art. 117.1 CE) que "controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa" (Art. 106 CE) y "ejerce la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado" (Art. 117.3 CE) queda, asimismo, en papel mojado. Cualquier otra de las numerosas violaciones graves del imperio de la Ley, antes y después de esos atentados, palidece ante la atrocidad y las dimensiones de ese estigma sobre las autoridades del Estado.

Curiosamente, el estamento político español partidario de dar carpetazo al 11M ha conseguido hasta ahora evitar la atención de los medios internacionales por los escándalosos detalles del caso. Al menos oficialmente, no se pueden encontrar demasiadas alusiones. La exhibición el otoño pasado en Francia del documental  Un nouveau Dreyfus?  (¿Un nuevo Dreyfus? en referencia a Jamal Zougam, único condenado como autor por el testimonio de dos testigos protegidas que pudieron declarar presionadas o cambio ) del cineasta independiente Cyrille Martin tuvo como consecuencia la insólita censura de una entrevista previamente publicada en un diario de Internet.

Distinta suerte están teniendo las peligrosas derivas autoritarias en otros países de Europa, que, afortunadamente, encuentran amplia repercusión en los medios de comunicación e incluso se enfrentan a las declaraciones de otros políticos europeos.

 A los casos de Grecia y Hungría se ha sumado Polonia, después de que el gobierno del partido PiS (Prawo i Sprawiedliwość- Derecho y Justicia) haya promovido reformas legislativas inmediatas para atribuir al Ministro de Justicia la función de Fiscal General del Estado o, aun más grave, negarse a acatar y publicar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de marzo que declara inconstitucionales algunos aspectos de la reforma de la ley de funcionamiento de ese tribunal. El objetivo claro de esas reformas es elevar retroactivamente a dos tercios el número de magistrados necesarios para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y revocar antes de tiempo el mandato de los magistrados que el PiS no apoyó en la pasada legislatura. El conflicto amenaza con convertirse en la demostración de las intenciones autoritarias del partido liderado por Jarosław Kaczyński, quién, invocando la “voluntad de la mayoría”, pretende sacudirse de los controles establecidos en la Constitución polaca.

Así lo ha dictaminado diplomáticamente la Comisión de Venecia, un órgano consultivo adscrito al Consejo de Europa que proporciona asesoramiento jurídico a sus miembros y vecinos para adecuar sus sistemas e instituciones a los cánones europeos e internacionales en cuestiones de democracia, derechos humanos e imperio de la Ley, emitió un dictamen el pasado 3 de marzo.

¿Será Polonia el primer caso culminado con sanción por un expediente de infracción del artículo 7 del Tratado de Unión Europea en caso de violación seria y persistente de los principios de la Unión Europea?