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Defensa ética de la tauromaquia

Vaya por delante que no soy aficionado a los toros. Nunca he visto una corrida. Y de las figuras actuales apenas sabría mencionar a Morante de la Puebla. Pero no por ello se puede mirar para otro lado cuando unos enemigos —unos de tantos— de la libertad culminaron este pasado mes de agosto, llegando ya al uso nada disimulado de la violencia, su campaña de agitprop de estos últimos años contra la tauromaquia.

No apelaremos al recurrente y consecuencialista argumentario, tan caro al mundo del toreo, del tipo de que la llamada fiesta nacional genera muchos puestos de trabajo o que sin ella el toro de lidia y la dehesa desaparecerían. La tauromaquia (entendida como el derecho que disfrutan las personas a comportarse libremente en y con su propiedad siempre que no se agreda a los demás) debería ser defendida aunque no generase puestos de trabajo o aunque el toro de lidia y la dehesa no se extinguieran en caso de que fuera totalmente prohibida. 

Se hace necesario, por tanto, legitimar la tauromaquia desde el punto de vista ético. La tauromaquia como manifestación —una entre miles— de una sociedad regida por los únicos principios de justicia universales y simétricos, esto es, por la libertad, la propiedad y la no agresión. Las personas, en una sociedad así, en la sociedad que el liberalismo propugna, somos libres de llevar a cabo el plan de vida que elijamos, en el marco de nuestra propiedad y siempre que no agredamos a los demás.

Y aquí surge el conflicto con los antitaurinos liberticidas (nada que reprochar, eso sí, a los antitaurinos que se limitan a manifestar sus antiliberales ideas): ¿el respeto a los planes de vida de las personas implica que hay que respetar a aquellos que se dedican a matar toros en el coso? ¿Un toro puede ser considerado propiedad de una persona? ¿Los toros están excluidos del principio de no agresión? Sí, rotundamente sí, a las tres preguntas. 

Los animales no son, o al menos no deberían serlo, acreedores de derechos por la sencilla razón de que no pueden ser titulares de obligaciones. Los animales son incapaces de entender el funcionamiento de las normas éticas, de distinguir el bien del mal. Carecen, además, de libre albedrío, están sometidos a un implacable determinismo genético. No son responsables de sus actos. A efectos jurídicos un animal no puede merecer mayor protección que la que reciben los bienes muebles o inmuebles.

El filósofo Fernando Savater, poco sospechoso de liberal, estableció, en ese sentido, que “todo contrato implica igualdad entre las partes. Con los animales no puede haber contrato, sólo trato, pero buen trato. El mal trato con los animales no es un atentado ético, no viola ninguna obligación moral para con ellos, pero degrada nuestra humanidad”. Al igual que degradaría nuestra humanidad, añadimos, quemar un bosque o comportarse como vándalos destrozando lo que nos encontramos a nuestro alrededor.

Pero que los animales no sean merecedores de derechos no quiere decir que aplaudamos cualquier comportamiento hacia ellos. Así, la cuestión a dilucidar sería si los animales, que son medios para servir al hombre y no fines en sí mismos, reciben un trato adecuado en relación a su especie. Cabría el reproche, por ejemplo, si en los ruedos, en lugar de toros se lidiaran perros, pues los canes no han nacido para eso. En cualquier caso, este último punto se encuentra muy condicionado por los usos y costumbres de cada sociedad. Prácticas con determinados animales que en Occidente nos pueden parecer aberrantes son reputadas como normales en otras partes del mundo.

Concluimos que la tauromaquia, más allá de la opinión de cada cual sobre la misma y aun entendiendo que pueda haber personas que consideren repugnante ese arte, es resultado de una sociedad ordenada por la ética de la libertad. Una ética en las antípodas de los principios de servidumbre para las personas que los animalistas defienden.