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Desafíos al Estado de derecho que no vienen de Cataluña (I)

Hasta el padre de un amigo, más cercano a los noventa años que a los setenta, sabe que no puede responder así como a sí a cualquier correo que reciba, sobre todo a aquéllos en los que le piden datos bancarios o le recomiendan actualizar una determinada aplicación. Todos hemos oído hablar del fishing o de la  sextorsión; también de ciberataques masivos que han paralizado empresas de medio mundo, han divulgado noticias sensibles de importantes gobiernos (Wikileaks, por ejemplo) o han adquirido información sobre defensa. Hace poco desayunábamos con la noticia de que Corea del Norte ha obtenido, a través de un ciberataque, la estrategia diseñada por Corea del Sur para una eventual guerra entre ambos países. Aun así, el negocio y el potencial que brinda la red para los ciberdelincuentes es infinitamente mayor.

El problema no va a ser sólo de “ciber-robos” de información o de dinero, de “ciber-chantajes” o de “ciber-injurias”, como hasta la fecha, sino también de “ciber-lesiones” o “ciber-asesinatos”. El IoT (Internet de las cosas o Internet of Things por sus siglas en inglés) todavía está en pañales, pero creciendo a marchas forzadas: cada vez son más los objetos de nuestra vida diaria que están conectados a la red y que nos hacen, y harán, la vida del futuro más fácil, pero sin los que, llegados a un punto, nuestra vida ordinaria será casi imposible. El problema no estará, sólo, en la información a la que pueda acceder un hacker, sino en su capacidad para condicionar, controlar e incluso acabar con nuestra vida a través de la red: desde una isla remota cualquiera experto podrá controlar, si nadie se lo impide, nuestro coche autónomo para llevarnos al precipicio, interrumpir el funcionamiento de la máquina de hospital que nos mantiene con vida -como ya han empezado a denunciar algunos-, cerrar a cal y canto nuestra vivienda con nosotros fuera, o dentro, o introducirse en algún juego de realidad virtual o aumentada y hacernos pasar el peor momento de nuestra vida.

El reto, sin embargo, no será sólo para las empresas o los expertos en ciberseguridad que busquen la manera de evitar los ataques. El reto está también en conseguir dar respuesta jurídica a ataques intolerables contra nuestra vida o nuestro patrimonio una vez éstos se hayan producido: el delincuente no tendrá por qué estar físicamente en el lugar del crimen, ni siquiera en el territorio del país en el que el mismo se cometa, ni tendrá por qué dejar restos de ADN en otro sitio que no sea el teclado del ordenador desde el que actúa. El desafío policial y jurídico va a ser enorme, y a los liberales nos va a obligar a desarrollar todavía más nuestro enfoque, sobre todo en materia de Derecho Penal, tal y como pretendo exponer en los próximos dos artículos.