La nueva ley de igualdad contiene innumerables agresiones contra la propiedad privada y contra la libertad individual. Una de las más inquietantes y, sin embargo menos comentada, es la destructiva injerencia en el mundo de los seguros.
Bajo el comercial título de "igualdad de trato en el acceso de bienes y servicios y su suministro" se esconde una bomba de relojería contra este sector económico de vital importancia para toda la sociedad. El anteproyecto de ley establece, entre otros disparates, que "los costes relacionados con el embarazo y el parto, no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto". Es decir, la ley prohíbe a las compañías de seguros realizar su trabajo, que no es otro que el de agrupar casos con un riesgo homogéneo y pedir una prima igual a cada miembro del grupo por quedar asegurado contra el riesgo en cuestión. Dicho en román paladino, la norma impide la discriminación actuarial, que es la esencia de este negocio.
Si el riesgo asociado a una persona no es el mismo que el de otra, la compañía tiene que clasificarlos en distintos colectivos a los que pedirá primas diferentes. En el caso de que la compañía se vea impedida de realizar esa discriminación actuarial, como ocurre en el caso del anteproyecto socialista, reunirá personas con riesgos distintos a los que pedirá la misma cantidad de dinero por quedar aseguradas. Esta intervención gubernamental da lugar al conocido problema de la selección adversa. La norma obligará a las compañías de seguros a elevar la prima de quienes antes pagaban menos y reducir la de aquellas personas que, de acuerdo con su elevado riesgo, pagaban más. Quienes son conscientes de representar un riesgo menor se marchan dejando de asegurarse. A su vez, las personas que se quedan representan ahora un riesgo medio superior y eso obligará a elevar la prima a todo el colectivo, lo que, de nuevo, espantará a los clientes con menor riesgo.
Al final de este perverso proceso provocado por la imposición de los deseos del gobernante, son pocas las personas a las que les conviene seguir contratando el seguro y muchos los que han quedado marginados y discriminados. Los gobiernos que adolecen de miopía intervencionista crónica ceden en este punto a la tentación de solucionar el desaguisado que han creado con la obligatoriedad del seguro. De hecho, así es como han surgido muchos de los problemas del estado del malestar que padecemos en las sociedades europeas. Lo triste es que con el cuento de la imposición de una concepción colectivista de la igualdad destruyan los más básicos principios de la discriminación actuarial voluntaria sobre los que descansa la lucha contra el riesgo y la incertidumbre.
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