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El estado de bienestar como excusa

Hace unos días, el economista estadounidense Bryan Caplan, conocido defensor de las fronteras abiertas, compartía un meme en Facebook en el que se ridiculizaba uno de los argumentos más repetidos en contra de la libertad migratoria[1]. En la imagen, una pintura del artista estadounidense Joseph Brickey, aparecía Dios dirigiéndose a Moisés en los siguientes términos: “Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis” (Levítico, 19:33); a lo que éste respondía: “Antes habría que acabar con el estado de bienestar”.

El mensaje era una crítica manifiesta a la hipocresía de una parte del conservadurismo religioso en Estados Unidos, que suele blandir dicho argumento para oponerse a todo lo que huela a liberalizar la política migratoria norteamericana. No obstante, también es aplicable a una no desdeñable parte del movimiento liberal que condiciona la adopción de políticas migratorias menos restrictivas a la abolición del estado de bienestar.

En efecto, algunos liberales, aun reconociendo que la libertad migratoria es un corolario evidente del liberalismo filosófico y político, sostienen que la existencia de elefantiásicos estados de bienestar impide que la política de fronteras abiertas pueda ser llevada a la práctica. La libertad migratoria, alegan los defensores de esta postura, provocaría un efecto llamada masivo hacia los países desarrollados que haría insostenible el mantenimiento de la educación, sanidad y pensiones públicas, lo que llevaría a muchos de ellos a la bancarrota.

Lo cierto es que no tenemos forma de saber qué sucedería si se acometiese una reforma migratoria aperturista a escala global, aunque sí podemos realizar algunas conjeturas con base en datos reales. Según varias encuestas realizadas por la empresa de investigación de mercados Gallup, algo más de un tercio de la población mundial mayor de 18 años (unas 1.600 millones de personas) estaría dispuesta a emigrar si se lo permitiesen (Caplan, 2014). De esos 1.600 millones de potenciales migrantes, el 37 por ciento lo haría de forma permanente, mientras que el 63 por ciento restante dejaría su país para trabajar fuera de sus fronteras temporalmente.

Si dividimos esta cifra entre los principales países desarrollados en proporción a su población (algo que no es necesariamente realista, pero que nos da una idea del incremento poblacional que experimentarían estos países), vemos que, por ejemplo, la población de Estados Unidos se vería incrementada entre un 90 y un 145 por ciento (dependiendo de si contamos sólo a aquellos desean emigrar de forma permanente o a todos)[2].  

¿Supondría esto un desastre de proporciones bíblicas como afirman los defensores de condicionar la libertad migratoria a la abolición del estado de bienestar? En absoluto. En primer lugar, la densidad de población pasaría de 35 a entre 67 y 86 habitantes por kilómetro cuadrado, todavía muy por debajo de países como Alemania. Incluso la Unión Europea, cuya densidad poblacional triplica la estadounidense, podría asumir un incremento poblacional de ese calibre, pasando a tener una densidad similar a la de Reino Unido.

Además, dicho incremento no se daría de la noche a la mañana, como bien apunta Caplan, por los cuellos de botella que se formarían a causa del incremento en la demanda transporte y bienes inmuebles así como en la oferta de trabajadores disponibles. Esto ayudaría a los mercados de los países receptores a ajustarse de forma gradual al crecimiento de la población, reduciendo los posibles efectos adversos a corto plazo. 

En segundo lugar, se tiende a pensar que los inmigrantes tienen un impacto fiscal negativo (reciben más de lo que aportan) y, por tanto, suponen una carga fiscal desproporcionada para el Estado. Sin embargo, la evidencia desmiente dicha aseveración (Kerr y Kerr, 2011). Por último, cuando se evalúa el impacto económico de los flujos migratorios sobre el país receptor, los aspectos indiscutiblemente positivos son frecuentemente obviados, mientras que los negativos son magnificados debido a lo que Caplan llama el sesgo antiextranjero (Caplan, 2008).

No obstante, a falta de evidencia empírica sobre cuáles serían las consecuencias de una política global de fronteras abiertas, muchos se amparan en el principio de precaución para apoyar las restricciones migratorias en presencia del estado de bienestar. A fin de cuentas, un cambio tan radical podría tener un impacto negativo para el país receptor, especialmente en el corto y medio plazo.

El problema de esta postura es que a menudo sirve de excusa para justificar el inmovilismo en materia migratoria. Incluso dando por válido el principio de precaución en este contexto, hay diversas alternativas al statu quo que nos permitirían aprovecharnos de la mayoría de los beneficios de las fronteras abiertas sin tener que esperar sentados a que el estado de bienestar desaparezca por arte de magia.

Por ejemplo, Ryan Khurana, del Institute for Advancing Prosperity, propone que las empresas puedan contratar a inmigrantes en origen, sin mayores trabas burocráticas  y bajo un sistema de patrocinio privado. La empresa se haría cargo de pagar el seguro médico y otros gastos normalmente atribuibles al estado de bienestar durante un periodo determinado de tiempo, eliminando el potencial impacto fiscal del inmigrante durante los primeros años de estancia.

Algo similar plantean Posner y Weyl en su reciente libro Radical Markets, pero incluyendo un cambio legislativo que permitiera a las empresas contratar por debajo del salario mínimo. De este modo, el sector privado del país tendría un incentivo para contratar a trabajadores fuera de sus fronteras, permitiendo que millones de potenciales migrantes se beneficiasen de un entorno favorable en el que prosperar y mejorar sus condiciones de vida.

Los liberales tenemos cierta tendencia a permanecer en el ámbito de lo teórico-filosófico, atrincherados en nuestra a nube intelectual, reticentes a descender a la realidad de los hechos. Despachar el asunto de la libertad migratoria con un “pero antes hay que abolir el estado de bienestar” nos ahorra entrar de lleno en el debate y nos sitúa en una posición cómoda intelectualmente. Sin embargo, también nos aleja del mundo real y nos impide ver los tremendos beneficios que reducir las restricciones migratorias tendría tanto para los países receptores como para los potenciales migrantes.

El estado de bienestar no puede servir como excusa para acabar con uno de los pilares básicos del liberalismo: el principio de libertad.

[1] En línea con Huemer (2010), la libertad migratoria a la que me refiero en este artículo no excluye el derecho del Estado a imponer ciertos controles por motivos de seguridad para impedir la entrada de terroristas u otras personas que puedan suponer un peligro para los ciudadanos del país.

[2] Para el cálculo, he tenido en cuenta los siguientes países y regiones: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.