El fraude fiscal lo provoca el Gobierno

A nadie se le escapa a estas alturas que España tiene un grave problema en sus cuentas públicas. En 2012, por ejemplo, el Estado español gastó alrededor de 490 mil millones de euros. Pese a las sofocantes subidas de impuestos, la recaudación fue de 382 mil millones. Así que se repite la misma historia que se viene produciendo desde 2009: el déficit está desbocado, superando los 110 mil millones de euros, un 10.6% del PIB. Si no contamos el rescate bancario, el déficit sería de 81 mil millones, un 7.1%. Pero es que hay que contarlo, qué se le va a hacer. Lo de no contarse partidas contables no es que esté muy bien visto a nivel internacional.

La causa de este problema no tiene mucho misterio. Durante los años de la burbuja económica y el boom inmobiliario, el gasto público aumentaba cada año a un ritmo astronómico al calor de unos ingresos tributarios artificiales y excepcionales, que no volverán. Como dice Juan Ramón Rallo, es como si alguien le toca un año la lotería y, creyendo que esos son los ingresos normales que va a recibir todos los años, consolida gastos anuales a esos niveles. Cuando la burbuja pinchó y se dejaron de reconocer esos ingresos artificiales, el Estado siguió aumentando sus gastos como si no hubiera que pagarlos. Para hacernos una idea, en el año pico de la burbuja, 2007, el Estado recaudó 433 mil millones de euros. Es decir, que ni en el año que nos tocó la lotería podríamos haber hecho frente a los 490 mil millones que gastamos en 2012.

Pese a esto, aún hay quien dice que España no tiene un problema de excesivo gasto público. Todos los días aparecen en periódicos y tertulias quienes hablan de una excesiva austeridad, de unos recortes insoportables, de que se pretende desmontar el Estado. Un vistazo a los números globales basta para refutar esta postura. Si bien es cierto que el Gobierno ha recortado en algunas partidas concretas (sobre todo en las más dolorosas para los ciudadanos, no vaya a ser que la gente se dé cuenta de que los políticos gastan en cosas inútiles, como decía el gran Thomas Sowell), la suma total del gasto público sigue creciendo y ha batido todos los records. El gasto público en 2012 alcanzó el 47% del PIB en 2012. Si eso es desmantelar el Estado es que nos estamos volviendo locos.

¿Cuál es la solución mágica de quienes defienden esta postura? Que esto se arregla aumentando impuestos y, ante todo, combatiendo el fraude fiscal. Aquí quería yo llegar, al fraude fiscal. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), publicó recientemente una nota en la que decía que debido al fraude fiscal, Hacienda dejaba de ingresar 90 mil millones, 2.000 euros por español. Déficit solucionado, ¿no? Pues no. Para empezar, porque sus propios cálculos son absurdos. Y es que si asumimos, como hacen ellos, que la economía sumergida es del 23% del PIB (alrededor de 230 mil millones de euros), estarían suponiendo que Hacienda recaudaría como impuestos nada más y nada menos que un 40% del total de la actividad económica sumergida. Con un par.

Hay una parte muy importante de la economía sumergida que es pura subsistencia. Uno de los mejores economistas de España, José María Gay de Liébana, suele hablar de "Paquita la Peluquera", esa típica trabajadora que deja de poder ganarse la vida en la economía oficial por los impuestos y la regulación, y se ve obligada a recurrir a la economía sumergida para sobrevivir. El único motivo por el que no estalla la violencia en un país como España, con un 27% de paro, es gracias a la economía sumergida. Si el Gobierno se empeñara en "sacar a flote" los ingresos fiscales de todas las paquitas y los manolos, el problema empeoraría aún más. No sólo porque no se recaudaría nada, al no ser rentable esa actividad en la economía oficial. Es que además quedarían totalmente desamparados. Buena parte de ese 23% de economía sumergida de la que habla Getsha simplemente no puede aflorarse. Y mucho menos recaudar el 40%.

Hay otra parte muy importante de la economía sumergida que tampoco puede sacarse a flote. Es la que se produce, no por el hecho de ahorrarse impuestos, sino simplemente porque proviene de actividades ilegales. Es imposible recaudar de actividades que están prohibidas, por mucho que se empeñen los del sindicato Gestha. La mayoría de los casos de fraude fiscal que aparecen a diario en las noticias son de este tipo. Se habla del fraude fiscal de Bárcenas, Urdangarín y compañía. Pero no defraudan por evitar pagar impuestos, sino porque la actividad es ilegal en sí misma. Lo curioso de este tipo de fraude fiscal es que los políticos son los primeros que lo practican. Como dice Gay de Liébana, en los partidos españoles desde el primero hasta el último están pringados en casos de corrupción. Y luego nos piden un esfuerzo cuando nos suben los impuestos. El Gobierno tampoco puede recaudar de este tipo de fraude, pero al menos podría dejar de practicarlo.

Por supuesto, con lo que se llenan la boca quienes buscan soluciones mágicas al problema del déficit es con las grandes empresas y las acaudaladas sociedades de inversión. Esto existe, no cabe duda. Lo que pasa es que, aunque lo metan en el mismo saco, lo que hacen normalmente es legal. Si una empresa opera en todo el mundo, no tiene más que elegir como sede el país que más le interese y asegurarse con costosos abogados y asesores de cumplir con todas las enrevesadas normativas. A los políticos esto les encanta, porque luego se garantizan un retiro dorado como consejeros. No nos engañemos: los impuestos están diseñados para que los pague la clase media. Con las grandes empresas pueden hacerse vistosos titulares y grandes programas políticos, pero no es fácil recaudar de ahí. Basta con apretarlos un poco y se van a otro lugar. No sólo nos quedamos sin recaudar sino también sin la actividad y la inversión que generan.

¿Acaso tanto PP como PSOE son tan tontos como para preferir desangrarse electoralmente con subidas de impuestos y dolorosos recortes, pudiendo solucionar el problema del déficit combatiendo el fraude fiscal, como pretende un amplio espectro de abanico mediático? Les encantaría, pero no pueden. Siempre que lo intentan descubren que la recaudación no aumenta. Es importante entender cuál es la lógica general de la economía sumergida. El fraude no es otra cosa que una decisión económica, es la respuesta a una evaluación de beneficios contra costes. Los beneficios son los impuestos no pagados y la regulación evitada. Cuando se suben los impuestos o se aumenta la regulación, el Gobierno está provocando el fraude fiscal. Está enviando, en el margen, a los ciudadanos y empresas a la economía sumergida. Nadie quiere trabajar en la economía sumergida, sin acceso a la justicia para resolver disputas, sin poder usar contratos, cobrando en un dinero negro con muy bajo poder de compra y con el permanente riesgo de que te pillen. Así que sólo se defrauda si los tipos impositivos son muy altos y la regulación es elevada y costosa. Ahí están los motivos por los que en España hay tanta economía sumergida.

Es absurdo proponer al mismo tiempo subir los impuestos y combatir el fraude fiscal como solución al déficit, porque subiendo impuestos el fraude aumenta, la actividad cae y se recauda menos. Si quieren disminuir el fraude fiscal, bajen impuestos, simplifiquen el sistema impositivo y hagan menos costosa la disparatada regulación a todos los niveles administrativos. Hagan, en definitiva, menos sangrante la economía oficial. Pero nuestros políticos van siempre en dirección contraria. Aunque se presenten como la solución, en realidad son el problema. El fraude fiscal lo está provocando el propio Gobierno.