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El Plan de Estabilización de 1959

Que el régimen de Franco era ideológicamente opuesto al liberalismo está claro. Por eso resulta llamativo que, limitadas, truncadas y escasas como fueron, se aviniera a introducir las medidas liberalizadoras contenidas en el Plan de Estabilización de 1959. Para hacernos una idea del pensamiento económico del régimen basta constatar la política de autarquía que siguió consistentemente desde la victoria del bando nacional, que se prolongó durante dos décadas, aunque se suavizara tímidamente en los 50. O leer los artículos, teñidos de una especie de keynesianismo ingenuo, desarrollista y con contenido social de "Hispanicus", uno de los pseudónimos de Franco, publicados en Arriba entre 1947 y 1949. Como ejemplo representativo del pensamiento económico del régimen, valgan estas palabras de un estudio del INI de 1975: "Superadas definitivamente las viejas tesis del liberalismo económico, los ideales del lucro personal, de dominio económico, del tecnicismo a ultranza, han sido sobrepasados por ideas más generosas."

Pero los extraños avatares de la profesión de los economistas académicos en España iba a permitir en nuestro país la aparición de varios de ellos favorables al mercado. Zumalacárregui sería un fiel seguidor del marginalismo, y con él discípulos como Manuel de Torres o José Castañeda. Joan Sardá, que había militado en ERC, iría de la mano de Alberto Ullastres al Servicio de Estudios del Banco de España. Precisamente la llegada de Ullastres como ministro de Comercio más la de Mariano Navarro Rubio en Hacienda iba a sumar las ideas y la capacidad política para poner en marcha el Plan de Estabilización. Otras de las características de la política de entonces era el mantenimiento de tipos de cambio múltiples, con uno por cada tipo de bien. Y la importación se autorizaba con la concesión de licencias, lo que introducía ineficacia en el sistema y era un foco de corrupción.

La autarquía estrangulaba el desarrollo de la industria nacional, que necesitaba de bienes complementarios de fuera, cuya entrada era muy difícil y en ocasiones imposible. Esta política de "desarrollo interno", como se llamaba a la limitación de la participación en la división del trabajo internacional, empobrecía a nuestro país, tan aislado económicamente como lo estaba políticamente. Pero a finales de los 50 el agotamiento del modelo autárquico era evidente, y coincidía con una crisis de la balanza de pagos que estuvo a punto de llevar al país a la quiebra. La Banca prefería colocar los ahorros en deuda pública a prestar al sector privado, que se quedaba de este modo sin otra fuente importante de crecimiento. Con la deuda pública, pero también con préstamos del Banco de España, se financiaban grandes inversiones públicas, que no se limitaban al gran papel que ejercía el INI. La política de vivienda era también muy amplia.

Con las reservas en negativo, la industria ahogada y tensiones inflacionistas que comenzaban a mostrarse, el régimen comenzó a ver de cerca un posible desastre económico que le podría desestabilizar. Navarro se entrevistó con "Hispanicus" para explicarle la necesidad de aplicar un plan, que habían elaborado varios economistas españoles con la supervisión de una delegación de la OSCE que había venido a España, y Franco le espetó que "no debe fiarse de los extranjeros, Navarro. Siempre han estado contra España". Al hábil ministro le bastó con decirle a Franco que el colapso de las exportaciones retraería el bienestar y podría obligarle a volver a la cartilla de racionamiento. De mala gana, dio el visto bueno.

Según Enrique Fuentes Quintana, que participó en el Plan, el objetivo del mismo fue "introducir la economía de mercado", en línea con el pensamiento de sus impulsores, entre los que se encontraban varios de los más destacados de los que estaban en España. Como ejemplo de la filosofía que animaba la reforma, valgan dos citas del ministro de Comercio, Alberto Ullastres: "El lucro es no sólo perfectamente lícito sino que, como decían los teólogos y moralistas del siglo XVI, al provenir de una actividad socialmente útil y provechosa, hace al comerciante honra y prez de la República, de la cosa pública". O "para mí, libertad económica significa en primer lugar libertad de precios, manos fuera de los precios, no interferirse con su mecanismo, dejar jugar la libre concurrencia y que los precios alcancen su nivel."

Las primeras medidas del Plan de Estabilización pasaron por un descenso en el gasto público y aumento de los impuestos, acompañados de una tímida reforma fiscal. Con ello se cortó el déficit. La mejora de la situación financiera del Estado le permitió cortar el grifo del Banco de España y con él una peligrosa fuente de inflación. El Gobierno bajó el tipo de cambio, que se mantenía alto por una cuestión de prestigio nacional, a otro más realista y se liberalizó el comercio y la inversión extranjera de un modo incompleto, pero suficiente.

El primer efecto fue una caída en el empleo y en la renta real, que se mantuvo durante un año, y una mejora espectacular de la balanza de pagos. Salvado el shock inicial, los españoles experimentaron una clara mejoría como consecuencia del Plan. La llegada de bienes extranjeros y de capital foráneo permitieron renovar los bienes de capital y multiplicar la productividad del trabajo. También forzó una mayor competencia de las empresas españolas con las extranjeras, aunque tímida. A un nuevo tipo de cambio y en una sociedad con salarios y precios bajos, España pasó a ser muy atractiva para el turismo, que se convirtió en un sector en gran desarrollo. Entre los fracasos del Plan de Estabilización están la declaración, que no fue mucho más allá de eso, de que los salarios debían fijarse a la productividad.

En solo cinco años se recuperó la apertura económica de 1935, que desde ese año había caído por la crisis internacional de los 30, la Guerra Civil y la Mundial y la política autárquica. El desarrollo económico español asombró al mundo, y ni siquiera los famosos "planes de desarrollo" que quisieron echar atrás parte del legado del 59 lograron detenerlo. Los servicios y la industria absorbieron a grandes masas que apenas subsistían en el subempleo agrícola, permitiendo así una reforma agraria silenciosa sin necesidad de practicar las expropiaciones del primer franquismo, que continuó la política de la II República.

En definitiva, la liberalización económica del 59 fue posible, como muchas otras, porque se consideró una solución de última instancia a un problema económico que amenazaba la supervivencia del propio régimen. También lo fue por el papel de un grupo de economistas que confiaban en el mercado como institución básica para el buen funcionamiento de la economía. Finalmente, esta reforma salvó al régimen, pero permitió un desarrollo social que finalmente lo haría obsoleto e inviable a largo plazo.