Los grandes empresarios de Cataluña han decidido votar con los pies sobre una posible proclamación de independencia.
Si se le pregunta a alguien sobre cuántas votaciones sobre la independencia de Cataluña se han realizado desde que comenzó el presente mes, lo más seguro es que diga que una. Estará pensando en el referéndum ilegal convocado y celebrado, por mucho que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría hayan dicho que no tuvo lugar, el pasado 1 de octubre. Sin embargo, ha habido otro que sí es legal y cuyas consecuencias son efectivas más allá de la pura batalla de la propaganda y la pugna política. De hecho, ese referéndum sigue en marcha. Nos referimos a la fuga de empresas que, para ponerse a salvo de la inestabilidad creada por el Gobierno de la Generalitat y sus aliados ultraizquierdistas de la CUP, han decidido trasladar sus sedes centrales a otros puntos de España.
Los grandes empresarios de Cataluña han decidido votar sobre una posible proclamación de independencia, tan grandilocuente como inútil a efectos legales, con los pies. O, si se prefiere, haciendo las maletas. Es habitual leer o escuchar que el dinero es cobarde, pero más bien habría que decir que tiende a ser prudente. Los inversores y los empresarios por norma general huyen, con muy buen criterio, de situaciones de inestabilidad política, jurídica y social como la generada por el independentismo catalán. No lo hacen obedeciendo órdenes de un poder político frente a otro, sino velando por sus propios intereses.
Juan Soto Ivars publicaba el otro día un artículo en El Confidencial que merecería ser estudiado en todas las facultades y escuelas de Periodismo. Los estudiantes deberían conocerlo no como ejemplo a seguir, sino todo lo contrario. Se titula “Los tanques por la Diagonal eran Sabadell y La Caixa”, y es la máxima expresión de cómo comenzar una columna de forma brillante para terminarla de la peor manera posible. El columnista comienza contando (con buen criterio, acompañado de gracia y talento estilístico) que las consecuencias económicas del denominado, por los independentistas, procés van a ser graves, y que la CUP no hace sino agravar las cosas con su llamamiento al boicot de los citados bancos (cuya decisión se daba por hecho, pero todavía no estaba confirmada).
Pero, sin embargo, Soto Ivars da un sorprendente (o no tanto, si se conoce al autor) giro en su argumentación. Concluye que la marcha de las dos entidades es “una constatación de las malas noticias para la democracia”. Acto seguido añade: “El debate encarnizado y preocupante sobre dónde reside la soberanía popular de Cataluña ha quedado resuelto con una respuesta del banco”. Sin embargo, nada tiene que ver con la democracia (o sí está relacionado, pero en el sentido contrario al que él pretende) y sí mucho con la libertad. Ni un voto, ni dos o siete millones, tiene legitimidad alguna para decirle a una empresa dónde debe establecer su sede o cualquiera de sus otras instalaciones.
Si se acepta que los políticos, en nombre de los votantes, tienen derecho a decir a una empresa que no puede abandonar un territorio, se abre la veda para que terminen proscribiendo esa acción a cualquier ciudadano. Además, y a diferencia de quienes participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre, las empresas que han decidido trasladar sus sedes a otros puntos de la geografía española no pretenden imponer a nadie un modelo político alguno. No están diciendo a los catalanes que deben seguir formando parte de España, tan sólo protegen sus intereses. En todo caso el mensaje sería “si queréis seguir con vuestro aventurismo, hacedlo; pero no contéis con nosotros”. Como dice el viejo dicho catalán, Barcelona és bona si la bossa sona. Y si la bolsa no suena, están legitimados a marcharse donde les plazca.
La democracia y el capitalismo no entran aquí en conflicto, por mucho que les duela a Soto Ivars y a no pocos independentistas. Son sistemas profundamente antidemocráticos (como el nazismo, el fascismo o el chavismo) los que supeditan las decisiones empresariales a una supuesta voluntad popular expresada a través de quienes ejercen el poder político. Un régimen democrático que recorta la libertad, económica o cualquier otra, en nombre de los votos no merece considerarse como tal.
1 Comentario
Don Antonio José: en Israel
Don Antonio José: en Israel hay servicio militar obligatorio incluyendo a mujeres. Noa Gur Golan, mujer de diecinueve años de edad, se ha negado a la esclavitud de hacer la mili. Le han recortado la libertad ahora y esta persona estará marcada para toda la vida, lo cual afectará a su libertad económica y personal en el futuro. «Un régimen democrático que recorta la libertad, económica o cualquier otra, en nombre de los votos no merece considerarse como tal.» Por lo tanto, el régimen democrático israelí no merce considerarse como tal.
¿Cuántas personas, incluyendo varones (quienes, según la wikipedia, también somos personas) han padecido y padecen persecución por negarse a ser esclavos militares? ¿Y acaso los votantes no respaldaron con su voto la promulgación de leyes para perseguir a los objetores de conciencia? ¿Y no mantienen con su voto la vigencia de tales leyes?
Los regímenes democráticos son todos enemigos de la libertad. Las empresas que se van de Cataluña sí están intentando imponer (y mantener) un modelo político: el proteccionismo. Odian la competición y han pensado, acertadamente, que el Estado Español defenderá mejor sus espurios intereses que el incipiente Estado Catalán.
Este modelo político del proteccionismo es muy malo por muchas razones. Una de ellas es que en el modelo proteccionista a ciertas personas (y empresas) no se les permite realizar algunas profesiones (producir, comprar, vender, exportar, importar, extraer, transformar, etcétera) solamente porque no cumplen los requisitos impuestos por la legislación, lo cual genera grandes injusticias en el mercado laboral (y en el capital y en la sagrada propiedad privada). Proteccionismo es perjudicar a muchos para beneficiar a unos pocos. A mí me parece que si se acepta que los políticos, en nombre de los votantes, tienen derecho a decidir quién puede trabajar en qué, entonces hay una probabildad peligrosamente cercana a la unidad de que sea legal, legítimo, de obligado cumplimiento que los políticos digan a las empresas y a los ciudadanos dónde y cómo deben vivir y comportarse.
Los liberales deben estar en contra de la democracia porque, parafraseando al racista Wallace, la democracia es proteccionismo hoy, proteccionismo mañana y proteccionismo siempre. Injusticia para todos, despilfarro, expolios legales, insultos, corrupción de menores (poner a los hijos en contra de los padres es corrupción de menores, como pasa con la inmersión lingüística involuntaria y con «Educación para la ciudadanía según el Camarada Marina»), violencia sistemática y falsa seguridad: la policía solo sirve para recoger los cadáveres de las víctimas a quienes la Ley democrática no les permitió defenderse.
Las empresas hacen bien en salir pitando de esa dictadura racista. Deberían haberlo hecho hace años. Pena que el Gobierno de España impidiera mediante subterfugios lo mismo que ahora han permitido. Y, por cierto, veo a muchos lechuguinos aplaudiendo con las orejas al ver que el Consejo de Ministros «permite» a las empresas salir de Cataluña, aceptando implícitamente que tienen autoridad para permitirlo o prohibirlo. ¡FLOJOS!
Es una verdadera vergüenza que permitamos que los políticos nos manoseen de esta manera durante tantos años y que tengamos que llegar a esta situación para reclamar que la Ley, por una vez, respete a la Realidad: que está mal violentar la igual libertad de las personas. Vergüenza debería darnos que hayamos permitido durante cuarenta años todos los abusos que hemos sufrido en este sistema de gobierno. El problema no son los nacionalistas catalanes, sino la idea de democracia en general. Habrá gravísimas injusticias mientras sigamos embriagados con la falsa idea de la autoridad política, en cualquiera de sus advocaciones.