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Empresas y libertad, el otro referéndum catalán

Si se le pregunta a alguien sobre cuántas votaciones sobre la independencia de Cataluña se han realizado desde que comenzó el presente mes, lo más seguro es que diga que una. Estará pensando en el referéndum ilegal convocado y celebrado, por mucho que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría hayan dicho que no tuvo lugar, el pasado 1 de octubre. Sin embargo, ha habido otro que sí es legal y cuyas consecuencias son efectivas más allá de la pura batalla de la propaganda y la pugna política. De hecho, ese referéndum sigue en marcha. Nos referimos a la fuga de empresas que, para ponerse a salvo de la inestabilidad creada por el Gobierno de la Generalitat y sus aliados ultraizquierdistas de la CUP, han decidido trasladar sus sedes centrales a otros puntos de España.

Los grandes empresarios de Cataluña han decidido votar sobre una posible proclamación de independencia, tan grandilocuente como inútil a efectos legales, con los pies. O, si se prefiere, haciendo las maletas. Es habitual leer o escuchar que el dinero es cobarde, pero más bien habría que decir que tiende a ser prudente. Los inversores y los empresarios por norma general huyen, con muy buen criterio, de situaciones de inestabilidad política, jurídica y social como la generada por el independentismo catalán. No lo hacen obedeciendo órdenes de un poder político frente a otro, sino velando por sus propios intereses.

Juan Soto Ivars publicaba el otro día un artículo en El Confidencial que merecería ser estudiado en todas las facultades y escuelas de Periodismo. Los estudiantes deberían conocerlo no como ejemplo a seguir, sino todo lo contrario. Se titula “Los tanques por la Diagonal eran Sabadell y La Caixa”, y es la máxima expresión de cómo comenzar una columna de forma brillante para terminarla de la peor manera posible. El columnista comienza contando (con buen criterio, acompañado de gracia y talento estilístico) que las consecuencias económicas del denominado, por los independentistas, procés van a ser graves, y que la CUP no hace sino agravar las cosas con su llamamiento al boicot de los citados bancos (cuya decisión se daba por hecho, pero todavía no estaba confirmada).

Pero, sin embargo, Soto Ivars da un sorprendente (o no tanto, si se conoce al autor) giro en su argumentación. Concluye que la marcha de las dos entidades es “una constatación de las malas noticias para la democracia”. Acto seguido añade: “El debate encarnizado y preocupante sobre dónde reside la soberanía popular de Cataluña ha quedado resuelto con una respuesta del banco”. Sin embargo, nada tiene que ver con la democracia (o sí está relacionado, pero en el sentido contrario al que él pretende) y sí mucho con la libertad. Ni un voto, ni dos o siete millones, tiene legitimidad alguna para decirle a una empresa dónde debe establecer su sede o cualquiera de sus otras instalaciones.

Si se acepta que los políticos, en nombre de los votantes, tienen derecho a decir a una empresa que no puede abandonar un territorio, se abre la veda para que terminen proscribiendo esa acción a cualquier ciudadano. Además, y a diferencia de quienes participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre, las empresas que han decidido trasladar sus sedes a otros puntos de la geografía española no pretenden imponer a nadie un modelo político alguno. No están diciendo a los catalanes que deben seguir formando parte de España, tan sólo protegen sus intereses. En todo caso el mensaje sería “si queréis seguir con vuestro aventurismo, hacedlo; pero no contéis con nosotros”. Como dice el viejo dicho catalán, Barcelona és bona si la bossa sona. Y si la bolsa no suena, están legitimados a marcharse donde les plazca.

La democracia y el capitalismo no entran aquí en conflicto, por mucho que les duela a Soto Ivars y a no pocos independentistas. Son sistemas profundamente antidemocráticos (como el nazismo, el fascismo o el chavismo) los que supeditan las decisiones empresariales a una supuesta voluntad popular expresada a través de quienes ejercen el poder político. Un régimen democrático que recorta la libertad, económica o cualquier otra, en nombre de los votos no merece considerarse como tal.