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En defensa del voto censitario

Nos lo inculcan ya en clase de sociales en el colegio, está constantemente presente en los medios de comunicación, como una verdad irrefutable, como la quintaesencia de la democracia... Sin duda, la consecución del sufragio universal, la realización del principio "un hombre, un voto" es considerado uno de los logros más importantes de la sociedad, la plenitud de la democracia... El no va más del poder del pueblo.

Por contra, el voto censitario, característico en muchas sociedades de finales del Dieciocho y que se mantuvo en diferentes variantes hasta bien entrado el Siglo Veinte, está absolutamente desprestigiado. Así, plantear hoy en día el concepto de voto censitario es una forma segura de ser tildado de cualquier cosa acabada en "ista": fascista, racista, machista..., incluso capitalista.

Pero yo voy a plantearlo.

Realmente, el voto censitario puede (y, de hecho, lo ha estado a lo largo de la historia) estar basado en muchos tipos de restricciones.

Desde el sexo, como en Suiza, donde, hasta 1971, el voto era un derecho solo para varones, hasta la raza, como en los Estados del Sur de los Estados unidos, con los negros fuera del censo electoral (perdón, afroamerican@s..., seamos políticamente correctos), pasando por el estado civil, casados y "cabezas de familia" en las elecciones al tercio familiar de la España franquista, hasta la edad, como el voto a los 18 años de nuestra moderna y superguay democracia (y que los partidos de izquierda, conscientes de que cuanto más inmaduros e irresponsables sean los votantes más van a sentirse atraídos por sus insensateces, estarían encantados de bajar a 16...).

Sin duda, muchas de estas restricciones son absolutamente indefendibles. Pero hay una restricción, una restricción basada en la riqueza de las personas, el voto ponderado basado en la aportación económica de cada uno al erario común, que me parece absolutamente clave para un ejercicio sano de la democracia.

Porque en el fondo, la democracia no es más una forma de decidir la gestión y el control del dinero que aportamos cada uno. Y lógicamente, por un elemental sentido de la justicia, quien más aporte debería tener más que decir sobre el destino que se da al fondo común, de forma proporcional a lo aportado.

Así, creo que el derecho a voto, libre y voluntario, debería tener un precio. Pongamos un ejemplo. Cada papeleta de voto, 100 €, 200 €. Cada persona decidiría cuántos derechos a votos quiere y/o puede comprar y, de esta forma, con el dinero que cada persona, de forma voluntaria, aporte, se financiaría el Estado, pues este dinero, estas digamos "participaciones" serían el único y exclusivo capital estatal con el que se financiaría... y, por supuesto, nada de impuesto adicionales.

Es decir, todo aquel que crea en el Estado, que ponga la pasta que considere y decida en función de ella... Básicamente, como si comprase acciones de una empresa.

Yo, personalmente, no me dejaría un euro en derechos de voto, pues se me ocurren muchas otras opciones más interesantes donde gastar mi dinero...