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Frente al adoctrinamiento escolar, libertad educativa

El desafío independentista catalán ha vuelto a poner en primera plana el debate sobre el adoctrinamiento escolar. Recientemente, Ciudadanos y PP presentaron ante el Congreso varias propuestas contra el adoctrinamiento escolar en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, entre las que destacan la creación de una agencia estatal con poder para “garantizar la neutralidad ideológica y política en los centros docentes”. Ningún otro partido apoyó estas iniciativas, haciendo por tanto fracasar el intento de dotar al Estado central de ciertos poderes de supervisión sobre las aulas controladas por los catalanistas.

No cabe duda de que desde el sistema educativo catalán se promueve, en mayor o menor medida, el nacionalismo. No en vano, una de las principales obsesiones de los partidos nacionalistas que llevan décadas dominando las instituciones en Cataluña siempre ha sido garantizarse el control de la educación. Muchos intelectuales llevan décadas denunciando que desde principios de los 80, como confirmaba un documento de la propia Generalitat que se filtró a los medios, los sucesivos gobiernos nacionalistas han estado impulsando un proceso de construcción nacional. Su objetivo: transformar la mentalidad de los ciudadanos para promover la idea de que son parte de la nación catalana y que ésta sólo puede sobrevivir creando un Estado independiente.

Hoy en día, siguen siendo habituales las denuncias de adoctrinamiento escolar, de manipulación pronacionalista en libros de texto y las quejas por la forzosa inmersión lingüística en el sistema escolar catalán. Frente a los casos de adoctrinamiento escolar en Cataluña, partidos como PP y Ciudadanos proponen un mayor poder de intervención del Estado central; otros movimientos aún más centralistas piden, directamente, que las competencias educativas se traspasen completamente al Estado central.

El problema de estas supuestas soluciones al adoctrinamiento escolar es que adolecen del mismo problema que dicen combatir. El adoctrinamiento no deja de ser un intento de “inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”. Durante siglos, un sinfín de movimientos ideológicos, políticos y religiosos han sido conscientes de que niños y jóvenes son enormemente influenciables, absorben con rapidez ideas y creencias con poca actitud crítica y tienden a conservar dichas influencias a lo largo de sus vidas. Por ello, la educación siempre ha sido un campo de batalla clave en la propagación de ideas, en el que grupos organizados han pugnado por ejercer su influencia para poder imponer sus propias ideologías, sentimientos, tradiciones, creencias y cultos. Para ello, pocos instrumentos han resultado ser más eficaces que el control sobre los sistemas educativos obligatorios.

Sin embargo, una parte fundamental del propio proceso educativo de cualquier niño consiste en la transmisión de determinadas ideas, tradiciones y valores. Por tanto, la cuestión de fondo es determinar quién debería decidir cuáles son aquellas ideas, tradiciones y valores que hay que inculcar a un niño y cuáles no. ¿Debería ser el Estado quien lo imponga? ¿O tal vez deberían ser organizaciones políticas, órdenes religiosas, grupos de presión o asociaciones privadas? La respuesta genuinamente liberal es que el derecho a elegir qué ideas, tradiciones y creencias se deben transmitir a cada persona corresponde a uno mismo, y en caso de un menor de edad en su etapa educativa la decisión recaería de manera delegada sobre sus padres o tutores legales.

Frente al poder de los políticos catalanes para imponer sus ideas en las escuelas, la solución no es entregar a los políticos del Estado central el poder de imponer las suyas propias; frente a la inmersión lingüística catalana, la solución no es la obligación de estudiar en castellano. La solución frente al adoctrinamiento escolar es la libertad educativa: que exista libertad para que los distintos centros puedan proponer una amplia variedad de configuraciones educativas; y que sean las familias quienes, en libertad, decidan qué metodologías y contenidos consideran más apropiadas para el correcto desarrollo de sus hijos.

Puede alegarse que la libertad educativa no garantiza que en todos los centros se transmitan ideas o creencias que a nosotros nos puedan parecer correctas, pero ese es precisamente el objetivo: que nadie pueda imponer a los demás qué tipo de educación tiene que recibir. La libertad educativa permite que aquellas alternativas más atractivas y funcionales tiendan a ser escogidas y prosperen, y aquellas más absurdas o disfuncionales tiendan a desaparecer. En definitiva, quitemos de las manos de los políticos y otros grupos de presión el poder de utilizar el sistema educativo para imponer sus propias ideas, y dejemos que sean los alumnos y sus familias quien tengan el poder de decisión sobre su propia educación.