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Inflación durante la Guerra Civil

La Guerra Civil escindió en dos la economía, la moneda y la política monetaria de España desde 1936 hasta 1939. Donde previamente había una moneda, donde antes no había más que una moneda, nacieron dos comunidades de pagos distintas, dos pesetas diferentes, dos tipos de cambio y dos poderes adquisitivos internos en completa divergencia. Las dos casas de la moneda combatieron entre sí y los dos Bancos de España compitieron en el extranjero por la captación de fondos. Al poco tiempo de empezar la guerra, cada bando negó validez a la moneda del otro: los franquistas rechazaron los billetes emitidos por la República después del 18 de julio y marcaron con un sello los anteriores a dicha fecha (Decreto de 12 de noviembre de 1936); los republicanos, a su vez, prohibieron la tenencia de billetes sellados o emitidos por el Gobierno de Burgos (Decreto del 29 de noviembre de 1936). El sistema monetario bimetálico que ya había recibido un duro golpe con la suspensión de las acuñaciones de oro a principios del siglo XX naufragó en medio del conflicto. La moneda de plata desapareció de la circulación, fue oficialmente proscrita en el bando republicano en febrero de 1938 y en la España franquista al acabar la guerra en enero de 1939.

La peseta en la zona republicana

Una de las primeras consecuencias económicas de la guerra en la España republicana fue el atesoramiento de la moneda metálica. A esta desaparición, contribuyó el Decreto del 13 de octubre de 1936 que permitió emitir certificados de plata (billetes de 5 y 10 pesetas) por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda. El Gobierno retiraba de la circulación la moneda de plata monárquica sustituyéndola por otra de nuevo cuño, aunque por el momento se limitaba a lanzar “provisionalmente a la circulación” certificados en papel. Los decretos del 16 de enero y el 22 de febrero de 1937 ordenaban a los bancos, cajas de ahorro y dependencias estatales que realizaran en papel todos sus pagos. La intención era aumentar las reservas metálicas, necesarias para financiar la guerra.

Ante la incertidumbre, la población recurrió al atesoramiento de las monedas metálicas y produjo que el papel moneda sustituyera al metal en la circulación, conforme a la ley de Gresham (la moneda mala sustituye en la circulación a la buena). Oculta la moneda de metal, por debajo de los certificados de plata de cinco pesetas no circulaba ninguna otra moneda o billete. Dado que la mayoría de los artículos de consumo diario tenían un precio inferior a cinco pesetas (70 céntimos el kilo de pan o el litro de leche, 30 céntimos el kilo de patatas, 25 céntimos el litro de vino, 2 pesetas el litro de aceite, 10 céntimos por un periódico…) resultó inviable la compra de bienes ya que ningún establecimiento disponía de moneda pequeña para devolver el cambio. Como el Estado republicano no garantizaba el suministro de moneda, un sinfín de comunidades locales, desde municipios o instituciones regionales hasta sindicatos y partidos, pasando por pequeños comerciantes o empresas colectivizadas, emitieron su propia moneda, la mayoría de las veces en papel. El caos se adueñó de todas las operaciones que requerían el uso del dinero. A finales de 1937, más de 2.000 organizaciones diferentes, sin contar entre ellas a los comerciantes, habían emitido cerca de 7.000 tipos distintos de billetes. En algunas instituciones locales controladas por colectividades anarquistas incluso se llegó a abolir el dinero.

El Gobierno no supo reaccionar a tiempo ante la crisis provocada por la desaparición de la moneda. Junto con el traslado del Gobierno de Madrid a Valencia, se decidió el 6 de noviembre de 1936 el traslado de todo el aparato del Estado, incluidos el Banco de España y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Allí, el ministro de Hacienda, Juan Negrín, nombró una Comisión Interministerial para la Fabricación de Moneda Divisionaria, que reorganizó la FNMT en la zona republicana cuyo resultado fue el inicio de diversas monedas y billetes de menores denominaciones en la Factoría A (Madrid), Factoría B (Valencia), Factoría C (Castellón de la Plana) y Factoría D (posteriormente en mayo de 1938 en Aspe).

A partir de enero de 1938 la política del Gobierno respecto a la moneda persiguió dos fines. Por un lado, la captación de nuevos recursos para financiar la guerra. El Decreto del 9 de enero de 1938 dispuso la recogida de todas las monedas de plata que aún sobrevivían en la circulación y su reemplazo por papel moneda. Posteriormente el 19 de diciembre de 1936 se obligó a depositar en el Banco de España el oro y las divisas extranjeras; el 19 de mayo de 1937 le tocó el turno a la plata en forma de lingotes, pasta o hilo, y el 6 de agosto del mismo año a los metales preciosos, alhajas y piedras preciosas. Por otro lado, la restitución de la soberanía monetaria del Estado. El Decreto del 6 de enero de 1938 prohibió la emisión de monedas y billetes locales, y fijó un plazo de un mes para recoger los que circulaban. Aunque el plazo establecido era de un mes, las últimas monedas locales desaparecieron a finales de 1938.

Inflación y controles de precios

El desastre monetario en la España republicana provocó una elevación progresivamente acelerada del coste de la vida llegando a poseer características propias de una auténtica hiperinflación. Como la unidad de mercado se quebró, la cuantificación de la evolución en el nivel de los precios resulta compleja.

Para tener una noción del proceso inflacionista de la zona republicana y poder compararlo con la zona franquista, se dispone de un índice sobre los precios al por mayor que nos permite estimar las diferencias (Miguel, 1944, p. 21). Estas series se emplearon para construir una escala de factores de conversión entre las monedas de ambas zonas, a partir de las paridades de poder adquisitivo halladas por la comisión que se formó para el estudio de la liquidación monetaria al término de la guerra y para proceder al “desbloqueo” de las cuentas bancarias de la zona republicana. La relación entre la peseta republicana roja y la peseta franquista nacional, habría pasado del 90 % en el verano de 1936 a solo el 10 % en el último semestre de 1938 y al 5 % en el primer trimestre de 1939.

Como en toda gran inflación, el Gobierno de la República también implantó controles de precios desde el mismo año 1936. Por ejemplo, un decreto del 10 de diciembre de 1936 sancionaba los aumentos de precios de los artículos de primera necesidad con penas de entre dos meses y tres años de prisión o de trabajos forzados, o también normas de los ministerios republicanos de Hacienda y Justicia, de 29 de agosto y de 9 y 18 de septiembre de 1937, especificaban procedimientos penales para sancionar los aumentos de precios por parte de los juzgados ordinarios, constituidos en tribunales de subsistencias, mediante juicio brevísimo y sin posibilidad de recurso.

Aunque el Gobierno franquista no dudó en utilizar todos los medios a su alcance para acentuar el deterioro del dinero enemigo (vendiendo en el exterior las pesetas republicanas que incautaban durante la guerra), el hundimiento interno e internacional de la moneda de republicana estuvo provocado fundamentalmente por la falta de control en la actuación de las autoridades monetarias de su propio Gobierno y no por las operaciones hostiles de los agentes franquistas.