Esta mañana se ha sabido de la ayuda de la Hacienda española gestionada por Montoro a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín. Se dan por buenas las facturas falsas, se considera a Aizoon, la empresa del yerno del rey, como una sociedad instrumental y mediante trucos de magia legales, se consigue que el peso recaiga sobre Urdangarín y se descargue a la pequeña de los Borbón. Es uno de los diversos empujones poco disimulados que el gobierno de nuestra nación le da cariñosamente a la Corona para que salga de la sima en la que se encuentra su popularidad. Y es la enésima patada que los gobiernos españoles le propinan a la justicia desde hace unos años.
No sé si todo empezó con el caso RUMASA, antes o después. Pero es notorio que en los últimos años, la falta de respeto a la justicia es tan habitual que apenas nos escandaliza. Una herida que se ha ido agrandando y profundizando de la mano del mal diseño de la doctrina Parot, las consecuencias de dicho error, el uso político de dicha doctrina, pero también el reparto de los puestos en los máximos órganos de justicia de nuestro país.
Pero creo que hay algo más: el doble mensaje de los políticos acaba por paralizar la capacidad de reacción de la gente.
Quienes reclaman que rindan cuentas ante la justicia los políticos corruptos, son políticos en cuyos partidos también se cuecen habas, y muchas. Los políticos que reclaman respeto a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo son los mismos que pactaban con ETA por debajo de cuerda y que se reparten desde hace años los puestos en el Consejo General del Poder Judicial y manipulan a su antojo el Tribunal Constitucional. Y los españoles, que padecen el engaño, votan a esos mismos políticos. Son los que hay.
El deterioro económico, siendo como es tan grave, no es tan peligroso como el de la justicia. Porque es la justicia lo que asegura que los ciudadanos tengamos confianza en todas las demás instituciones y cuando desaparece esa confianza, las consecuencias son de largo alcance. Las causas por las que los españoles prestamos tan poca atención a las cuestiones de gran calado jurídico, a la limpieza y transparencia de las instituciones fundamentales de nuestra justicia radica, en parte, a nuestra historia.
Estamos acostumbrados al privilegio, que se instaló entre nosotros desde la época preindustrial y que no fuimos capaces de superar en el siglo XIX, cuando era el momento. El cambio en el siglo XX apuntaba, solamente, a quiénes eran los receptores de esos privilegios. La corrupción en democracia se ha democratizado y la asimetría en la justicia también. No se trata solamente de la familia real, hay grupos de presión, encabezados por los políticos, sindicatos y sus aliados, que disfrutan de un trato judicial diferente al del resto de la población.
Eso sí, en este país, cuestionar las leyes es razón suficiente para que te acusen de loca o de anti demócrata, por ser suave. Nadie se plantea hasta qué punto esas leyes son meros mandatos al servicio de estos nuevos "poderosos", padres de los privilegios, amparados por un mal llamado "estado de derecho", y por una democracia que se ha convertido en un paraguas para el reparto de desigualdades ante la ley.
El complejo de la población española nos lleva a temer que cuestionar la limpieza de nuestra democracia signifique defender la vuelta a una dictadura. Un miedo sabiamente alimentado por quienes viven de la explotación ajena.
Y el pueblo, víctima de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, no reacciona. Esta disonancia cognitiva consiste en la distorsión que se produce cuando se da una situación contradictoria que confunde y que requeriría admitir lo inadmisible. En este caso, si los españoles admitimos los males de nuestra justicia, tendríamos que aceptar que hemos votado a quienes han bombardeado esas instituciones, tendríamos que mirarnos al espejo y reconocernos como consentidores de nuestro propio perjuicio y, lo que es peor, tendríamos que estar dispuestos a hacer algo. Y ahí está la causa última de nuestra pasividad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo recuperar el estado de derecho?
Y, de la misma forma que el paisano que se sienta a mi lado en el metro afirma "Pues si falta dinero, no hay más que crearlo y se acaban los problemas", sin ser consciente de las consecuencias de esa medida, muchos españoles se limitan a decir "Pues todos a la cárcel", como si fuera tan fácil arreglar el desaguisado. No sabemos y esa sensación de impotencia nos paraliza.
La consecuencia de una justicia asimétrica y de unas instituciones podridas, como por desgracia nos muestran algunos países de Latinoamérica, es un Estado fallido, una quiebra que implica la aparición de instituciones paralelas, no siempre ideales, que se alejan del sistema democrático que parecen querer los españoles.
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