El derecho de la propiedad es un fenómeno tan antiguo como la mismísima humanidad. La relación entre propietario y bien surgió de forma natural en los albores de la historia. Es tal la importancia que adquirió desde sus orígenes que aparece protegida en los primeros códigos legales de los que tenemos conocimiento.
Como afirmaba León XIII en la encíclica Rerum Novarum, «poseer bienes en privado, […] es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto». La necesidad de este derecho es tal que sin éste, por ejemplo, no sería posible calcular ningún coste, ni la retribución que se le ha de pagar a una persona para desempeñar su trabajo. El desarrollo que ha experimentado el ser humano sería impensable si este derecho no existiese, y es que el ahorro es imposible sin propiedad.
No obstante, si existe un derecho que suele ser continuamente atacado y despreciado es éste. Los que más se oponen al mismo suelen basar su argumentación en que se trata del origen último de la miseria de muchas personas. Y en efecto es así, pero por razones totalmente opuestas a las que creen los que demonizan y tratan de minusvalorar el derecho de la propiedad.
Al comparar la situación económica entre los distintos países del mundo es casi inevitable preguntarse las razones por la que son tan dispares. Tradicionalmente se solía explicar esta diferencia por la distribución de las materias primas a nivel mundial. Sin embargo esta explicación dejó de tener sentido al comprobarse que países muy desarrollados podían existir en zonas de baja concentración de recursos. Posteriormente se acudió a la teoría de la explotación internacional entre los países. Según esta teoría los países pobres se encontraban en esta situación porque habían sido colonia de los países ricos. Una vez que obtuvieron su independencia partieron desde una situación de desventaja al haber quedado toda la industria en la antigua metrópoli. Esta teoría cayó por su propio peso cuando se comprobó que países en principio poco desarrollados económicamente experimentaban un desarrollo espectacular, mientras que otros que llevaban varias décadas más siendo independientes y que gozaban de una situación de partida más elevada, seguían al cabo de los años con una renta muy inferior al de las antiguas metrópolis.
Si tratamos de obtener características comunes en los países de menor riqueza económica, nos encontramos con una fundamental: la inseguridad jurídica de las propiedades de los ciudadanos más pobres. El proceso legal para adquirir y defender una propiedad frente a terceros es tan engorroso en dichos países que sólo los ciudadanos más pudientes, que pueden contratar los servicios de grandes asesores y que gozan de grandes contactos con sus respectivas administraciones públicas, pueden completarlo con ciertas garantías. Para el resto de los ciudadanos, la seguridad jurídica es nula. Así, tienen que adquirir sus viviendas, negocios, vehículos, etc., sin ninguna garantía de que el día de mañana sus derechos de propiedad puedan prevalecer frente a terceros. Los complejos procesos burocráticos son poco menos que de imposible acceso para la población en general.
Así, en estos países, la mayor parte de los ciudadanos compran y venden bienes cuya propiedad es, o bien desconocida o bien negada por sus administraciones públicas. En dicha situación el ahorro para los pequeños emprendedores se vuelve imposible. Poca gente se atreve a mejorar su negocio, cuando la propiedad de éste puede ser revocada por el Estado en cualquier momento. Además se encuentran con la dificultad añadida de que les resulta prácticamente imposible acudir a los mercados financieros, ya que no disponen de ninguna garantía que ofrecer al banco para obtener préstamos, al no ser reconocido oficialmente sus derechos de propiedad.
Es por ello que la debilidad de los derechos de propiedad se convierte en el principal obstáculo al que se enfrentan los ciudadanos pobres de los tradicionalmente denominados países subdesarrollados. El coste de este no reconocimiento de los derechos de propiedad ha sido tratado ampliamente por Hernando de Soto, que da ejemplos escalofriantes, como el hecho de que en Haití se necesiten cumplimentar 65 trámites legales, lo que suele abarcar un periodo de dos años, simplemente para obtener un permiso para arrendar un terreno público por un periodo de cinco años.
Por tanto el derecho a la propiedad no es la causa de la pobreza de muchos seres humanos. Es justo al revés: su negación es la que motiva que éstos no puedan beneficiarse del fruto de su trabajo. La propiedad es una herramienta esencial para que los ciudadanos puedan ver el resultado del trabajo que desempeñan y que éste se materialice en forma de inversión, plasmándose en diversas adquisiciones que queden, con seguridad, en las manos de estos pequeños emprendedores.
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