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La Ley contra el odio, hipocresía de Maduro para afianzar la dictadura

El régimen de Nicolás Maduro ha dado un paso más en su desenfrenada carrera para afianzar el sistema totalitario en el que se ha transformado Venezuela. La ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la semana pasada una norma que, con el orwelliano nombre de Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, proscribe de hecho las protestas y la disidencia política, incluyendo la crítica al Gobierno y sus terminales en medios de comunicación y redes sociales.

Además de todo tipo de medidas destinadas a adoctrinar a la sociedad en lo que el régimen considera promoción de la paz y la convivencia, sin especificar en ningún momento qué quiere decir con ello, la norma establece prohibiciones y sanciones. Así, en su artículo 11 proscribe: “Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principio, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se fundan o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”. De esta manera, basta con que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, decida que una formación incurre en cualquiera de esos supuestos para proscribirlo.

Dado que Nicolás Maduro y sus secuaces acusan de fascismo constantemente a toda la oposición, esa es la vía perfecta para avanzar hacia un régimen de partido único ya indisimulado. Pero el citado artículo no se refiere tan sólo a formaciones políticas. Añade: “Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo”. Dicho de otro modo, el régimen puede declarar ilegal a cualquier fundación, think tank, ONG o cualquier otro tipo de entidad privada (incluyendo empresas) con la simple acusación de promover el odio o el fascismo. Dado que la separación de poderes en Venezuela desapareció al poco tiempo de llegar Hugo Chávez al poder, ningún juez llevará la contraria al Gobierno.

En su artículo 12, la norma obliga a los medios de comunicación de todo tipo a difundir “mensajes dirigidos promoción (sic) de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”, y establece que puede ordenarles transmitir los contenidos que en este sentido produzcan los “movimientos del Poder Popular” (el régimen). Además, en el siguiente artículo se establece: “Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”.  Dado que el régimen califica de propaganda de odio toda actividad opositora y toda pieza periodística crítica con el poder, el sentido de esto queda claro. Por supuesto, las redes sociales están sometidas a similar reglamentación.

Y no hay prohibición sin castigo por no cumplirla. Lo que el régimen considere difusión o promoción del odio, la violencia o la guerra queda penado con hasta 20 años de prisión, y se establecen duras sanciones económicas para los medios impresos que violen la nueva ‘ley mordaza’. Para los digitales la pena es el bloqueo y para las radios y la televisión la retirada de la licencia para emitir.

La nueva norma es un ataque a la libertad de expresión y una proscripción de la disidencia política disfrazada de fomento de la tolerancia y la paz. Se trata de un paso más en la instauración de un régimen calcado del castrista o de la URSS. Lo curioso es que, de aplicarse, el primer partido que debería prohibirse es el gobernante PSUV de Nicolás Maduro. Ninguna organización ha promovido más lo que la norma supuestamente combate que esa formación política.

Y lo mismo ocurre en lo referido a los medios de comunicación. Si algunos promueven el odio y la violencia hacia los que no opinan como quienes los controlan son los de titularidad pública, empezando por Venezolana de Televisión y Telesur. De hecho, el programa donde más se insulta, amenaza y se fomenta el odio (hacia opositores, periodistas críticos y países como España, Colombia o Estado Unidos) es Domingos con Maduro. Según la letra de la nueva norma, el hombre que dijo que Chávez le hablaba en forma de pajarito debería ser el primero en ser condenado a 20 años de prisión.