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Los frutos podridos de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, AMLO para los titulares de prensa, llegó hace poco más de un año al poder de Méjico, con la promesa de realizar en su sexteto una “cuarta transformación” del país. La primera sería la secesión del resto de España, la segunda es el período de reforma de conservadores y liberales entre 1858 y 1861, la tercera la revolución de 1917, y la cuarta es la que va a protagonizar él. Es decir, que plantea un cambio fundamental del sistema político y económico mejicano, desde el poder, y sin contar con el concurso o la opinión de la oposición. Su transformación no ha ido tan lejos, en parte porque sólo lleva un año. Pero uno es suficiente para que el socialismo, buscado y ejercido por López Obrador con ahínco, deje sus negras huellas en el país.

AMLO ha querido luchar contra la violencia basándose en el principio de “abrazos, no balas”. Pero sus sentidos abrazos hacia los asesinos sólo han servido para que el número de homicidios vuelva a subir y alcance los 34.582 en 2019. 

Hay algo más que una apelación retórica al amor como solución al problema de la violencia en su país. Anclado en los llamados roussonianos de los años 60, según los cuales nacemos como simpáticos salvajes, pero la opresiva sociedad nos convierte en seres indeseables (una idea que parece más una disculpa por su execrable comportamiento privado que otra cosa), AMLO dice que la violencia de las organizaciones de narcotraficantes no tiene que ver con el negocio, o con su prohibición, sino con causas sociales. Si queremos remozar la violencia, dice, tenemos que imponer la justicia (el socialismo) en la sociedad. 

Su política no ha funcionado, y la violencia sube. No principalmente el cambio de la política respecto del crimen, sino estrictamente hablando, por el cambio político. Según un estudio realizado por Sandra Ley y Guillermo Trejo, el aumento de la violencia podría estar causado por el desplome electoral del PRI en Méjico. El PRI ha ido sido desalojado del poder regional (estatal), y sus Gobiernos han caído como en dominó. Hasta que cayó finalmente el propio Gobierno nacional, que ya no es del PRI sino del Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador. Los Gobiernos y las organizaciones criminales ilegales tienden a llegar a un ten con ten, a un acuerdo no tácito, pero sí secreto, por el cual los Gobiernos permiten a las organizaciones enriquecerse y mantener el negocio, siempre que su nivel de violencia no les ponga a ellos en riesgo. Cuando hay un cambio político, como es el caso, hay que renegociar los acuerdos entre las partes. Y son muy complejos, porque las organizaciones criminales ilegales son varias, y con intereses o distintos o contrarios. Y ello resulta en un aumento de la violencia. Por eso, el aumento de la misma podría continuar en los próximos años. 

Como los abrazos no han dado resultado, el Gobierno de López Obrador se ha planteado reformar el Código Penal. Antes de que sus ideas pasen por el cedazo del parlamento, ese nuevo Código ha despertado una honda preocupación. 

Por otro lado, AMLO tiene un sincero desprecio por la policía. Va a recortar los recursos destinados a la profesionalización de las policías municipales, y está desmantelando la Policía Federal para crear su propio cuerpo, la Guardia Nacional. Pero las prioridades de la Guardia Nacional se acercan a sus objetivos políticos, entre los cuales la lucha contra los cárteles ocupa un lugar muy bajo. La situación es tal que incluso el NYT ha sugerido en un editorial la intervención del país para luchar contra los cárteles. 

La producción de petróleo sigue cayendo, y está ya a la mitad del pico que se alcanzó en 2004. Este descalabro en la producción de petróleo no proviene de una decidida apuesta por su sustitución por las energías renovables, como pudiera pensarse. De hecho, tras su llegada al poder el Gobierno ha detenido las subastas para la construcción de nuevas infraestructuras de energías renovables. Fue una medida provisional, de esas que llegan para quedarse. También ha recortado las subvenciones a las empresas que producen energías renovables, e intenta acabar con el actual programa de fomento en energías renovables.

No es que haya emprendido una cruzada contra la producción de energía para ahogar al capitalismo, lo cual tendría sentido. Pues ha destinado importantes recursos públicos a Pemex, la empresa petrolífera estatal. Y esta es en realidad la lógica detrás de la política de AMLO. Todo su interés pasa por darle la vuelta a lo que considera una política neoliberal de los anteriores presidentes, y ello incluye acabar con la energía renovable; fomentada desde el Gobierno, sí, pero realizada por la empresa privada, que es la que tiene el conocimiento y el interés para hacer bien algo tan complejo. Mejor extraer petróleo del suelo, o del mar, y que todo se opere desde el Estado. ¿Calentamiento global? ¿Efecto invernadero, dice usted? Eso no está en el discurso de López Obrador. 

El problema es que Pemex carece de tres elementos clave para aprovechar todo el potencial productor del país: capital, dominio técnico de un proceso productivo muchísimo más complejo de lo que parece e incentivos para realizar una explotación productiva y eficiente. El petróleo, además, está en unas etapas muy alejadas aún del consumo. Hay toda una industria del refino que está aún ausente del país; más del 70 por ciento de los combustibles refinados los importa de fuera. Esto no es responsabilidad de AMLO, pero sí de un modelo productivo público que él quiere hacer más puro. 

López Obrador está iniciando un cambio político de calado, con una estrategia que conocemos bien en España porque la han desarrollado Podemos y sus divisiones celulares desde los grandes ayuntamientos, como Madrid o Barcelona entre otros: convocar referéndums sobre decisiones que entran habitualmente dentro del proceso político. El pueblo rechaza participar en estas consultas, pero un grupo militante de la maquinaria política de AMLO sí lo hace. De este modo, saca adelante decisiones (como detener la construcción de una refinería en Tabasco o la construcción de una vía del tren a la Riviera Maya), con participaciones que en ocasiones no llegan ni al 1 por ciento. Una abrumadora mayoría de esa abrumadora minoría vota a favor de sus propuestas, y López Obrador aduce que tiene el respaldo del “pueblo mejicano”. 

La verdad es que tiene el apoyo del pueblo mejicano, aunque no participe en sus referendums. Quizás por ello se permita decir: “Al diablo con sus instituciones”, que son las de la democracia mejicana, en la que cree tanto como en el libre mercado. Una de sus prioridades es reformar la justicia para que se convierta en un nuevo instrumento de la política del Gobierno. 

Andrés Manuel López Obrador ha logrado detener el crecimiento económico de Méjico en sólo un año, y ha acabado con un -0,1 por ciento en 2019; la primera vez que decrece el PIB desde 2009. La política abiertamente socialista del presidente López Obrador está obteniendo los esperados frutos podridos.