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Qué significa amortizar un bien

La discusión sobre la amortización de los bienes puede resultar fundamental en ámbitos regulatorios, especialmente cuando se está planteando la fijación del precio de algún servicio. En estos casos, es muy tentador considerar determinados bienes como amortizados para evitar la inclusión de sus costes a la hora de computar un precio regulado.

Por ejemplo, a la hora de fijar políticamente el precio de una noche en un hospital, la cuantía puede variar considerablemente si el edificio es nuevo (y por tanto aún no se duda de que la inversión en el edificio se ha de recuperar) respecto a si es viejo, y el político considera que “ya está amortizado” y todo lo que se recaude es puro beneficio.

Esta visión proviene, aparte del puro interés de fijar precios regulados baratos por razones electoralistas, de una visión puramente estática de la economía, una vez más.

Para aprehender el concepto de amortización y la consecuente falacia del “activo amortizado”, podemos empezar preguntándonos cuándo cada uno de nosotros considera que un bien de su propiedad está amortizado. La respuesta será en este línea: consideramos que un bien está amortizado cuando hemos obtenido todo el valor que creíamos poder obtener de él. Si obtenemos más valor del que esperábamos, tanto mejor, y este valor lo consideraremos beneficio puro en la medida en que no hayamos tenido que reinvertir en el bien para obtenerlo.

El rasgo más relevante a efectos de la discusión planteada en este artículo es que, como se observa, la consideración de que un bien esté o no amortizado es subjetiva. Cada individuo es el único que puede saber si el bien que adquirió está o no amortizado. Un tercero no puede decidir si el bien de otro individuo está amortizado, porque desconoce el valor que éste esperaba obtener. Por tanto, volviendo al ejemplo anterior, el político no tiene base para considerar amortizado el edificio del hospital, ya que el único que puede saberlo es su propietario. Esto es así desde el punto de vista de teoría económica.

Sin embargo, el concepto de amortización tiene también una acepción contable-fiscal, que se confunde con el concepto económico. En efecto, aquellos activos cuya vida es superior a un ejercicio contable, se contabilizan como gasto en todos los ejercicios que abarque dicha vida, para dar una idea más ajustada a la realidad del resultado de la empresa.

Lógicamente, en algún momento la suma de las sucesivas dotaciones de amortización alcanza al valor contable del bien, y entonces se dice que el bien está amortizado, aunque el bien siga perfectamente operativo y produciendo para la empresa. Estamos ante una amortización contable que poco tiene que ver con la amortización económica, que es la que sirve para explicar la decisión individual.

En otras palabras, el hecho de que el activo haya sido amortizado contablemente no implica que vaya a ser tirado a la basura y sustituido por otro, ni tampoco implica que se haya recuperado toda la inversión realizada en él, o que se siga o no reinvirtiendo en él. Esta decisión corresponde al emprendedor en función las magnitudes habituales: valor esperado, coste incurrido.

Al respecto, no se ha de olvidar que los bienes duraderos requieren de una continua reinversión para que estén operativos. El que no se lo crea, que deje su casa sin limpiar una semana. Lo mismo ocurre con cualquier activo imaginable. Lógicamente, el grado de reinversión que estemos dispuestos a hacer para que un activo duradero se mantenga operativo dependerá del valor que preveamos extraer de él. Pero lo cierto es que para que el bien lo consideremos económicamente amortizado, tendremos que haber recuperado no solo la inversión inicial sino todos los gastos y reinversiones posteriores necesarias para su operación. Si esta reinversión es frecuente y continúa (como suele ocurrir con los activos que tenemos funcionando), entonces resulta casi imposible que un bien quede económicamente amortizado. Si el hospital del ejemplo sigue funcionando, es seguro que se habrán realizado reinversiones recientes que aún no se habrán amortizado en sentido económico.

De vuelta al mundo contable, lo que cabría esperar es que todas estas reinversiones y gastos se añadieran al importe original de la inversión. De esta forma, siempre habría un importe “vivo” en los activos operativos y ningún político podría decir que están amortizados (confundiendo el concepto económico con el contable).

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, porque existe también un efecto fiscal relevante de las amortizaciones contables. En un entorno inflacionario y de incertidumbre impositiva como el que vivimos, al empresario le interesa desgravarse los gastos en que incurre con el menor retraso posible, pues conforme pasa el tiempo el dinero pierde valor, o puede cambiar la norma e impedirle desgravarse gastos permitidos anteriormente. Así, si la cifra de resultados se lo permite, el empresario ceteris paribus preferiría incorporar todos los desembolsos incurridos en el ejercicio como gastos desgravables y asegurar así el ahorro fiscal. Y si el resultado del ejercicio no lo posibilita, tratará de amortizar fiscalmente el bien en el menor número de ejercicios que pueda.

Ello implica que contable y fiscalmente al empresario no le conviene engrosar las partidas de bienes amortizables, cuyos gastos tendrá que repartir en varios ejercicios. Lo que hace, por tanto, es tratar de que todas las reinversiones necesarias para el funcionamiento de los activos una vez adquiridos, se computen como gastos corrientes del ejercicio (por ejemplo, en las partidas de personal o en gastos de mantenimiento)[1]. ¿Alguien duda de que el trabajo de limpieza del hospital es una reinversión en el edificio?

En suma, por razones fiscales, la contabilidad puede mostrar como amortizados bienes que económicamente no lo están y que siguen perfectamente operativos, y siendo necesarios para el servicio. Si, en este contexto, el político decide que el bien ya está amortizado para justificar una reducción regulada de precios, el desastre está asegurado, ya que el bien operativo dejará automáticamente de ser mantenido, no digamos ya reemplazado cuando sea necesario.

[1] Ello explica también la tendencia a la externalización de servicios, o la creciente utilización del leasing para la adquisición de bienes.  En suma, se trata de evitar que en el balance de la empresa haya activos que requieran mucho tiempo para su amortización fiscal.