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Sobre la declaración de algunos representantes de Cataluña

Después de la sesión parlamentaria del diez de octubre, sin votar en una sesión plenaria oficial, y fuera del hemiciclo parlamentario, los diputados independentistas han firmado una “Declaración de los representantes de Cataluña” que más bien parece un gesto simbólico e informal sin efectos jurídicos reales.

El título parece indicar que es una declaración de todos los representantes políticos de Cataluña, cuando claramente muchos de ellos no han firmado el documento y se oponen totalmente al mismo. Quedaría más clara y honesta como “Declaración de algunos representantes de Cataluña”, o “Declaración de los representantes de parte de los catalanes”, o con más precisión “Declaración de amor de algunos representantes de Cataluña a sí mismos y a sus seguidores para no romper nuestra relación y seguir unidos en nuestro proceso independentista”. Tras la declaración queda por ver qué se responden unos a otros y a sí mismos, si siguen saliendo juntos o si lo dejan.

Comienza la declaración en plan colectivista y grandioso, dirigiéndose “al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo”. No a los individuos, sino a los pueblos, así a bulto. A todos los pueblos del mundo, porque esto les afecta a cada uno de ellos y deben darse por enterados. No está claro si el documento lo han traducido a todos los idiomas del mundo y se lo han enviado de algún modo a todos esos pueblos del mundo, a ser posible con acuse de recibo. No mencionan a los pueblos de otros mundos del universo porque quizás resultaría demasiado ridículo.

Afirma que “la base de la constitución de la República catalana” está en “la justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Cataluña.” O sea que las leyes e instituciones de Cataluña siempre han sido justas y han estado basadas en derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos: lástima que no aclaren su concepción de justicia, que hay unas cuantas, y que no precisen cuáles son esos derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, distinguiéndolos a poder ser de los extrínsecos y aclarando qué quieren decir con eso de derechos intrínsecos (¿derecho natural, tal vez?).

Probablemente todos los firmantes estuvieron de acuerdo en mencionar la justicia, los derechos humanos y la legitimidad, ya que suenan muy bien y resultan muy populares. No sería muy inteligente presentarse como alguien injusto y contrario a los derechos individuales y colectivos.

Siguen: “La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia.” Mil años de historia, ni uno más ni uno menos. Nacieron en 1017, ni antes ni después. O tal vez están redondeando un poco.

Afirman que durante siglos han disfrutado de “instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud.” O sea que durante siglos han sido un ente político soberano sin nada por encima: les falta quizás precisar a qué siglos se refieren, aclarando cuáles eran sus relaciones con otros entes soberanos como reinos o imperios.

Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.

No aclaran cuándo y cómo perdieron esa plena soberanía, si se la robaron (hecho inmoral y responsabilidad ajena) o fue un extravío (torpeza y responsabilidad propia). Hablan de décadas sin precisar si son dos o nueve.

Se juzgan a sí mismos como honestos y leales, faltaría más, porque presentarse como deshonestos y desleales quedaría feo y no mencionar que uno es honesto y leal podría resultar sospechoso. Si uno dice que es honesto y leal tiene que ser verdad, y además quizás parezca que se está sugiriendo de forma sibilina que los demás no lo son, porque si todos fueran honestos y leales no habría problema político que no pudiera resolverse fácilmente.

Mencionan la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica, como queriendo involucrar a los portugueses y dejando fuera claramente a los canarios, melillenses y ceutíes, y tal vez a las Islas Baleares, que al fin y al cabo son parte de su proyecto nacionalista de los Países Catalanes.

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática hacia España, y con un profundo sentido de Estado.

No sólo somos importantes, sino además ejemplares, leales y democráticos, y lo decimos nosotros de nosotros mismos de forma imparcial y objetiva, sin ningún sesgo subjetivo y por si alguien no lo supiera. Nosotros no hemos tenido casos de corrupción que estamos intentado tapar, y nosotros no hemos vendido nuestros votos en el parlamento español ni hemos apoyado gobiernos a cambio de algo especial para Cataluña.

Nuestro sentido de Estado es tan profundo, tan sincero, tan real... que queremos romper este Estado. Pero solo para hacer otro Estado en el que mandemos nosotros, los firmantes de este documento: entendemos muy bien el sentido del Estado, o sea su significado, y nos gusta tener el poder y controlarlo.

El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Cataluña como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.

No tenemos claro si Estado se escribe con minúscula o mayúscula, pero el español es malo y no nos da lo que queremos, que es autonomía ilimitada, faltaría más, hasta el infinito y más allá. Mencionamos la injusticia económica pero solo de pasada para que no se repita el tópico injusto de la tacañería y de “la pela es la pela” sobre los catalanes. Lo de la discriminación lingüística y cultural lo decimos por si cuela y para hacernos las víctimas, sin mencionar los problemas de escolarización y enseñanza en castellano y del castellano como lengua oficial, ni nuestra radio y televisión autonómicas como órganos de adoctrinamiento, ni ciertas sociedades cívicas enchufadas a los presupuestos públicos.

El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlament y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Cataluña y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.

No acabamos de entender o aceptar lo de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y nos parece inadmisible que un Tribunal Constitucional pueda llevar la contraria a la voluntad popular. De hecho últimamente nos ha dado por ignorar sistemáticamente o desobedecer al Tribunal Constitucional y sus sentencias o resoluciones, y seguimos haciéndolo porque parece que no pasa nada.

Afirman que han querido celebrar un referéndum de autodeterminación y que no les han dejado, lo cual es violentar “el principio de democracia y autonomía”. Así que “la Generalitat de Cataluña ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional”. No precisan algo muy importante: en qué documento o doctrina el derecho internacional reconoce el derecho de autodeterminación, y sobre todo cómo debe interpretarse y en qué situaciones se aplica (colonias, guerras e invasiones, opresión de minorías) y en cuáles no.

La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Cataluña y la aplicación de facto del estado de excepción.

La organización y celebración del referéndum ilegal (olvidan mencionar esto) no supusieron la suspensión del autogobierno de Cataluña: eso quizás venga después de la declaración unilateral de independencia que ahora sí pero no, que no queda claro si es oficial y lo suspendemos por si acaso.

Lo de la aplicación de facto del estado de excepción es la típica retórica victimista y catastrofista carente de rigor intelectual. Seguramente mencionan el estado de excepción porque el de alarma se les queda corto y el de sitio les parece demasiado sin que la gente esté encerrada en sus casas sin poder salir a la calle.

La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Estado español.

Lo de “brutal” suena fatal pero tiene gran parte de manipulación y apreciación subjetiva: obviamente a veces las fuerzas de seguridad recurren a la fuerza bruta, y entonces hay tumultos, golpes, daños, heridas, sangre, nervios, histeria, insultos, amenazas, escupitajos, pedradas. La policía y la guardia civil tal vez usan la fuerza cuando tienen una orden judicial y muchos individuos actuando de forma organizada les impiden cumplirla (posibles delitos de desobediencia y resistencia o incluso agresión a las autoridades públicas).

La calificación del estilo militar de la operación policial puede deberse a que tienen poca experiencia con las operaciones militares, que cuando son en serio hay disparos de fuego real y muchos heridos y muertos. Si no es eso tal vez se trate de una desvergonzada exageración a ver si algún pobre incauto se la cree, como lo de llamar fuerza paramilitar a la Guardia Civil.

Denuncian que “ha sido España”, pero yo les aseguro que yo no he sido, y les recuerdo que ellos forman (o formaban en ese momento) parte de España, luego quizás tengan parte de responsabilidad.

Lo de “contra ciudadanos catalanes” no menciona el importante detalle de que eran ciudadanos catalanes (y quizás no catalanes) que estaban cometiendo un delito o siendo cómplices de un delito. Y convendría precisar que solo se ha usado la fuerza contra una fracción ínfima de todos aquellos que estaban organizando el referéndum ilegal o participando en él.

No precisan qué libertades civiles y políticas y principios de derechos humanos se han vulnerado, ni qué acuerdos internacionales se han contravenido. No mencionan si han presentado denuncias por todos estos graves hechos ante las instancias internacionales correspondientes: no hacerlo sería una grave irresponsabilidad.

Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.

Tal vez esto no sea nada especial o llamativo si resulta que estos miles de personas estaban participando en una actividad ilegal y delictiva, además como banda organizada. El problema quizás no esté en las investigaciones, detenciones, querellas, interrogatorios y amenazas de penas de prisión, sino en lo que han hecho los investigados, detenidos, querellados, interrogados y amenazados con penas de prisión.

Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante el conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa la ciudadanía de Cataluña.

Lo anterior probablemente se refiere al Rey de España sin nombrarlo explícitamente. Olvidan que el árbitro a veces señala falta con tarjeta amarilla o incluso roja y expulsión con posible suspensión de jugar unos cuantos partidos.

Lo de la indefensión de la ciudadanía de Cataluña es de nuevo victimismo desvergonzado propio de llorones que se creen valientes revolucionarios. Quizás es un menosprecio a su propia policía autonómica, impotente e incapaz o políticamente obediente en su pasividad ante flagrantes delitos según la legislación en vigor y el criterio de los jueces competentes.

Resulta interesante que mencionen la neutralidad quienes con total desfachatez son radicalmente parciales sobre el tema de la independencia, en contra de más o menos la mitad de la población de la propia Cataluña de la cual dicen ser sus únicos representantes legítimos.

A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Cataluña han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.

La minoría que ha votado lo ha hecho abrumadoramente a favor de la independencia, sí, aunque el censo, las urnas y el recuento no fueran muy rigurosos y los resultados no hayan sido reconocidos como válidos por la comunidad internacional y ni siquiera por sus propios observadores. El resultado tal vez se explica porque han votado casi todos los independentistas, a quienes les daba igual que el referéndum fuera ilegal, y no ha votado casi ninguno de los no independentistas, sabiendo que era un referéndum ilegal y no queriendo legitimarlo con su participación.

La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del Estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Yo como liberal no me creo nada de que pretendan proteger la libertad, especialmente la de todos los ciudadanos de Cataluña, cuando claramente solo representan más o menos a la mitad y van a tener una difícil convivencia con la otra mitad que está frontalmente en desacuerdo con ellos.

Es estupendo que quieran avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad: podrían empezar a dar ejemplo cumpliendo sus propias leyes, las cuales se saltan con suma facilidad cuando les conviene. Es dudoso es que consigan lo que pretenden, sobre todo conociendo las ideologías totalitarias que inspiran a muchos de ellos, especialmente en su sección antisistema de extrema izquierda populista.

Vuelven a mencionar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por si cuela, y obviando los derechos a la autodeterminación de los individuos. Sería interesante ver qué pasa cuando algún pueblo dentro de Cataluña (los españolistas o unionistas, el Valle de Arán) reclamara su derecho a la autodeterminación. Entonces tal vez dirían que es que no son pueblos sino provincias o individuos sueltos sin nación propia definida, y por lo tanto no tienen derecho a la autodeterminación.

El pueblo de Cataluña es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.

Lo de ser amante del derecho suena en este caso a una aventura, un escarceo, una canita al aire en violación de la obligada fidelidad al cónyuge formal. Está bien amar el derecho, sobre todo cuando este es ético, justo, legítimo y respetuoso de la libertad individual (o sea buena ley y no mera legislación). Pero con el derecho no se trata de sentimientos sino de acciones, de obedecer las leyes y no incumplirlas como ellos mismos han hecho de forma sistemática. No se atreven a decir que la Constitución Española no es una ley legítima porque quizás entonces se abra un interesante debate jurídico y alguien podría decirles que la suya tampoco lo es.

Resulta extraño que si “el estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración”, esta importante declaración no se firme en el parlamento ni se publique de forma oficial. Poca seriedad y rigor para algo tan crucial.

La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos.

¿Para qué queremos las leyes si todo se puede resolver hablando, negociando, pactando?

Reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.

Buscamos aliados que nos reconozcan y apoyen porque no queremos estar solos. Somos amigos de todo el mundo, especialmente los que son como nosotros, hablan el mismo idioma y son nuestros vecinos: a algunos de ellos los consideramos candidatos a integrarse en los Países Catalanes; hemos empezado por Cataluña pero tenemos el ojo echado a la región euromediterránea.

Volvemos a mencionar las libertades individuales y colectivas, pero no lo decimos en serio porque no sabemos muy bien qué es eso de libertad, derecho de propiedad y principio de no agresión.

La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.

Lo de déficit democrático y social suena a asambleas populares, socialdemocracia y redistribución coactiva de riqueza: o sea poca libertad, prosperidad, seguridad, justicia y sostenibilidad y mucha solidaridad por la fuerza.

Tras el intento de justificación de la exposición inicial, afirman que constituyen la República catalana, que quieren negociar con el estado español, y que lo ponen en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea. Declaran que quieren integrarse en la comunidad internacional y apelan “a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.”

Constituyen la República catalana, pero ellos no son ni el parlamento ni el gobierno de dicha república: ¿esperan que les contesten otros gobiernos o parlamentos de otros Estados? No consta que hayan usado canales de comunicación oficiales establecidos, así que seguramente esperan que la Unión Europea y la comunidad internacional se enteren de todo por la prensa. Es una forma poco rigurosa de solicitar un reconocimiento que por otro lado muchos ya les han dicho que no van a conseguir.

Terminan haciendo “un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.” Se han dado a sí mismos libertad: también a la mitad que libremente preferiría no participar en su en realidad poco digno proyecto colectivo.

Se despiden como “los legítimos representantes del pueblo de Cataluña”. Los únicos que son legítimos: porque lo dicen ellos, faltaría más, no hay otros. Y los de todo el pueblo de Cataluña: de todos y cada uno de sus ciudadanos, incluso de los que no los aceptan como tales.

Desde el punto de vista liberal la secesión política y la autodeterminación (tanto individual como colectiva) son ideas interesantes y éticamente legítimas (aunque con muchos matices y problemas que deben ser estudiados en detalle y con cuidado) como mecanismos para limitar los abusos de los Estados, incluso aunque estos sean democracias constitucionales. Los nacionalismos pueden en principio ser liberales y no son necesariamente totalitarios, ni racistas, ni supremacistas, ni la fuente de todos los males del mundo moderno.

Pero este proceso independentista catalán en concreto, representado por este documento, estos argumentos, estas ideas y estos líderes políticos, es una chapuza tramposa con escasa relación con la libertad individual, el derecho de propiedad privada, el principio de no agresión y el cumplimiento de los contratos voluntariamente pactados.

Lo cual no significa que los unionistas o los nacionalistas españoles sean grandes defensores de la libertad...