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Soflamas y Razón

Una vez más, el despliegue de una campaña electoral nos dispensa una nueva vuelta de tuerca, aparentemente imparable, de modelación socialista. Aunque no sea el único factor a tener en cuenta, la irrupción del partido comunista llamado Podemos, no resulta ajena al agravamiento de la situación. La propagación con todas las correas de transmisión a su alcance de viejas consignas colectivistas y estatistas, así como de un doble discurso - ¡tan manido entre los movimientos totalitarios y populistas, ahora llamados posmodernos!- incluido el mantra de la inevitabilidad de su asalto al poder, se está revelando tremendamente efectiva en el terreno de la propaganda política.

La repetición incesante de falsedades como que debe “volverse a lo público”, como si alguna vez los gobernantes hubieran permitido funcionar al libre mercado, en un país donde más de la mitad de la población vive de sueldos y pensiones públicos, omite la trágica insostenibilidad de esa dependencia. Se niega abiertamente la realidad de la omnipresencia de los distintos gobiernos del Estado en todos los ámbitos de la vida de los individuos y se clama por una mayor intromisión, lamentando una reducción del sector público inexistente. Se sirven de la denuncia de la corrupción política para reclamar más poder para los políticos y, por lo tanto, más oportunidades de abusar de él.

Paradigmática ha sido la recuperación de Manuela Carmena Castrillo como candidata a alcaldesa de Madrid, una juez que hizo carrera gestionando el poder judicial sesgado de un estado hipertrofiado. Más allá de sus vicisitudes personales, esta señora constituye el epítome de una desastrosa gestora pública, liberada de responsabilidad por los peculiares apaños de la curia y la momenclatura. No debe olvidarse que el ascenso de esta “magistrada progresista” se produjo en especial por la “reputación” que alcanzó como jueza decana de Madrid (1993) donde, después de descubrir que algunos funcionarios cobraban sobornos (“astillas”) por agilizar la tramitación de procedimientos de determinados litigantes, especialmente en la fase de ejecución, creó un servicio común de notificaciones y embargos. La Ley vigente en aquel momento (Art. 272 LOPJ) solo ofrecía cobertura legal para las notificaciones, pero, a pesar de su manifiesta ineficiencia e ineficacia (en abierto contraste con los ejecutores judiciales cualificados - “bailiffs” – británicos, por ejemplo) se reformó la ley para ampararlo y “exportarlo” al resto de España. Sus excelentes contactos le permitieron desempeñar el cargo de vocal del CGPJ, a propuesta de Izquierda Unida, de 1996 a 2001. Después de recalar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, optó por convertirse en juez emérita por su avanzada edad antes de concitar el apoyo de los tentáculos de Podemos para nuevas empresas políticas.

Por si no se hubiera percibido ya la influencia nefasta de las “soluciones” mágicas de estos refundadores de movimientos, obsérvese la loca carrera hacia la demagogia emprendida por un gobierno afectado por más que vehementes sospechas de corrupción institucionalizada. La sola reseña de los acuerdos del último Consejo de Ministros, que priman las pensiones de un grupo de personas arbitrariamente elegido a cuenta del insostenible sistema de Seguridad Social, adjudican subvenciones a los sectores automovilístico y cinematográfico y otorgan facilidades para el endeudamiento de las Comunidades Autónomas; nos retrotrae a los tiempos de Rodríguez Zapatero y reafirma la creencia de que cuando un gobierno observa con desesperación su caída de popularidad reparte el dinero quitado a otros para comprar voluntades. Dejo a los lectores, el juicio sobre si estos dislates de los gerentes del Estado confirman la teoría del trinchete de Robert Higgs, flamante premio Juan de Mariana de este año.

Frente a todas las soflamas y delirantes huidas hacia delante, debe recordarse que la reforma de la administración local (como también de la autónomica y central) debe venir por el lado de la simplificación y la reducción de los servicios que vienen prestando de forma impropia desde hace muchos años y, en consecuencia, de reducciones de gasto. Aun después del estallido de la burbuja inmobiliaria, los políticos españoles (desde la aldea hasta la capital, pasando por todas las comunidades autónomas) están hurtando el debate sobre la realidad, pues se han encontrado con un chorro de dinero proveniente del Banco Central Europeo que prorroga sus dispendiosos programas de gasto público, fíados a una subida brutal de impuestos y a un endeudamiento alarmante.

Llegados a una competición electoral en que se pretende continuar con el engaño, me centraré, a efectos ilustrativos en una de las políticas públicas favoritas de los Ayuntamientos de todo tipo (a pesar de que la legislación local solo impone esta dotación a los que cuentan con poblaciones superiores a 20.000 habitantes de medidas al respecto): las instalaciones deportivas y la promoción del deporte en general.

 Les guste o no a todos los vecinos, es normal que muchos ayuntamientos españoles regenten y exploten, directamente o mediante concesión administrativa a empresas privadas o mixtas, polideportivos y piscinas ¿Por qué debe ocupar una partida de gasto el mantenimiento de estas instalaciones, cuando no la cobertura de los déficit de explotación en que incurren ? Si los ediles de un Ayuntamiento, pongamos por caso, de 2.000 habitantes se empeñan en gastar 40.000 euros anuales en el sostenimiento de estos servicios para solaz de sus vecinos ¿ por qué deben pagar mediante sus impuestos quiénes no los usan o, incluso, el resto de españoles a través de las transferencias que aquéllos reciben del estado? ¿No se trata de un servicio que, si hay oportunidad, los empresarios pueden mantener y prestar en condiciones de libre competencia, en exclusiva o como complemento de otros?

Es cierto que cada vez son menos los ayuntamientos que asumen la financiación “del deporte” por la vía exclusiva de los impuestos – pasto del falso “gratis total” que vendieron durante tantos años “benefactores” con dinero ajeno de izquierda y derecha- dado que repercuten parcialmente su coste al usuario mediante precios públicos o establecen canones que los concesionarios deben pagar, a cambio de una gestión del servicio a su riesgo y ventura.

Pero, en esas condiciones ¿cabe esperar que la administración que mantiene la titularidad permita la libre competencia sin barreras de entrada? ¿Alguién habló de corrupción enquistada en los Ayuntamientos? ¿No hay sociedades que se constituyen expresamente para resultar agraciadas del favor de una concesión administrativa? ¿No se sabe que normalmente los concesionarios gozan de condiciones de privilegio, que les garantizan la apropiación de sus ganancias y la socialización de sus pérdidas? Siendo esto así ¿por qué mantener la titularidad pública de un servicio ineficiente en el mejor de los casos, cuando no a un paso de un concurso amañado y fraudulento?

Todas estas cuestiones brillaban por su ausencia en las campañas electorales que hemos conocido hasta ahora. Reconforta saber que, por primera vez, el Partido Libertario presenta candidaturas a algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Se alza con la voz de la razón para combatir en su programa los sobreentendidos de la política local española y proponer reformas coherentes en defensa de la libertad y la limitación drástica de los poderes del Estado en todas sus formas. Pues no se trata de ir o volver a lo público, como presentan falazmente los colectivistas, sino de que los individuos libres puedan cooperar sin ser amedrentados por la confiscación de sus bienes e ingresos o los actos coactivos de un Leviatán desaforado.