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Venezuela: estado de alarma

En su habitual columna de los lunes en el diario Abc, el economista, periodista y filósofo francés Guy Sorman señalaba que la derecha cree que el Gobierno está haciendo demasiado y la izquierda que no está haciendo lo suficiente cuando se refieren al peligro del coronavirus. Dice que desde la derecha se nos empuja al desconfinamiento lo más rápido posible; la izquierda considera que la economía puede esperar a falta de una seguridad sanitaria total. Además, sostiene que en la derecha se preocupan más por la economía que en la izquierda, no por indiferencia hacia la enfermedad, sino porque la izquierda aprovecha la palabra pandemia para explicar que debemos renunciar al capitalismo y a la globalización, con la esperanza de sustituirlos por el socialismo. Al querer acelerar el retorno a una economía normal, la derecha está tratando de evitar el riesgo de una colectivización de la economía.

Ha sido motivo de preocupación en estos últimos meses ver cómo el Estado ha tratado de acrecentar su poder tanto en la vida económica como en la vida privada de la población de los distintos países.

Por supuesto, en algunos países esta tendencia ha sido más acentuada que en otros. Por ejemplo, en el caso venezolano, el Estado no desaprovecha la menor oportunidad para ganar espacios que antes estaban en manos privadas. Mientras el mundo entero está pendiente de la covid-19, el régimen venezolano ha usado como excusa la pandemia para justificar un estado de excepción constitucional impuesto a la nación, que ha tenido como único propósito restringir aún más las  pocas libertades ciudadanas que aún subsisten en el país.

Venezuela es uno de los pocos países donde la mayor preocupación en estas fechas es la ola de muertos por la violencia que se apodera de las calles, en lugar de los muertos ocasionados por el coronavirus. Según las cifras oficiales, se han registrado en todo el país 414 casos de venezolanos contaminados con un total de 10 fallecidos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, el año 2019 hubo 16.506 personas fallecidas por causa de la violencia. Lo que arroja la cifra de 45 personas fallecidas por día.

Estados Unidos ha denunciado que Maduro oculta la verdadera magnitud de la pandemia. Esta denuncia tiene que ver con que las cifras suministradas por el régimen nunca han sido fiables. Además se ha tratado de que periodistas independientes, medios de comunicación y médicos venezolanos den alguna información no oficial que tenga relación con la enfermedad. Para frenar la información se ha recurrido a la detención y amenazas a personas relacionadas con estos medios y gremios.

El Estado venezolano ha sacado a la calle el ejército nacional, no para apoyar a los que padecen la crisis ni para socorrer a los miles de venezolanos que han retornado al país, sino para reforzar la presencia del régimen y aplastar cualquier protesta de la población por la escasez o el confinamiento.

En los últimos días, el régimen que dirige Nicolás Maduro ha venido aprovechando la situación especial ocasionada por el coronavirus para tomar medidas arbitrarias que socavan las pocas libertades ciudadanas y acentuar la vigilancia y control sobre la población.

El confinamiento ha servido para minimizar el impacto en la economía del país del suministro de gasolina, producto que ha pasado a ser un bien escaso, extremadamente racionado y controlado por el ejército venezolano, que se aprovecha para acaparar y revender el producto en el mercado negro por encima de los precios internacionales. Son elocuentes las largas colas, tanto de vehículos como de personas a pie, que tratan de adquirir cualquier cantidad de combustible al precio que sea. El Gobierno ha recurrido a empresas iraníes para que se encarguen de recuperar algunas refinerías que aún pueden ser rescatadas del desmantelamiento al que fue sometida Petróleos de Venezuela.

Asimismo, Maduro aprovechó la cuarentena para “subir” el salario mínimo de 250.000 bolívares (3,47 dólares) a 400.000 bolívares (2,17 dólares), lo cual representa una reducción en términos reales, tomando en cuenta la devaluación entre enero y mayo de 2020.

Para “evitar que la inflación siga deteriorando” el salario, se fijó el precio de 27 productos de la cesta básica, ahora un venezolano necesita 22 salarios mínimos para adquirir dicha cesta, y el día 27 de abril se anunció la intervención de Alimentos Polar, la empresa de alimentos más grande de Venezuela, así como la de Plumrose, del sector de embutidos, acusadas de especular.

Mientras tanto, la descomposición del país siguió su curso. Se registró una masacre de presos en el Centro Penitenciario de los Llanos, en Guanare, con un saldo de 46 muertos y 75 heridos. La cárcel tiene una capacidad para 750 presos y hay 2.500 reclusos. También hubo un largo enfrentamiento entre fuerzas de seguridad del Estado y colectivos armados, auspiciados por el propio Estado, en el barrio de Petare, en el estado de Miranda, con un saldo de 12 muertos. En el operativo intervinieron más de 500 policías, 10 vehículos blindados y 12 helicópteros.

El pasado domingo Venezuela amaneció con la noticia de que se había impedido una invasión armada por las costas del estado de Vargas, cercano a Caracas, con un saldo de 8 muertos y dos detenidos. Para el presidente encargado, Juan Guaidó, se trata de “una ejecución extrajudicial para crear falsos positivos”. A su juicio es un montaje.

Durante la cuarentena se han registrado 80 detenciones por causas políticas, con lo que llega a 347 el total de presos políticos en el país.

Si en algún país se ha cumplido lo que ha vaticinado Guy Sorman ha sido en Venezuela, donde el régimen ha aprovechado para acorralar aún más al sector privado, suprimir las libertades y avanzar en la tesis comunista que siempre ha sostenido el chavismo.