Hace unas semanas, ante la polémica referida a la revisión del sueldo de los funcionarios, argumenté en Libertad Digital que, tal como explica la teoría económica, que dicho sueldo es arbitrario y, por tanto, también lo es su revisión. Las razones se basan en que, como el producto de estos funcionarios no es una demanda del mercado, no existe un precio del mercado para los mismos que pueda permitir valorar su sueldo. Y es que, según la teoría económica, el precio de los recursos productivos queda establecido en función de los precios de los productos para los que se utilizan.
Así, si bien ante una subida generalizada en los precios de mercado (fenómeno impropiamente conocido como inflación), cabe esperar una subida en la valoración de los recursos productivos, incluidos los sueldos, este traslado no tiene lugar para el sueldo de los funcionarios, por lo dicho anteriormente.
Dentro del colectivo de funcionarios, entendidos como empleados a sueldo del Estado, esto es, de nuestros impuestos, ocupan un lugar prominente los parlamentarios. A ellos afecta la nueva polémica, puesto que el presidente del Congreso, don José Bono, les ha propuesto "congelar" sus emolumentos para el próximo año, en solidaridad con una sociedad que comienza a sentir las sacudidas de la crisis económica.
Lo más llamativo a poco que se reflexione sobre este asunto es la existencia, en una sociedad libre, de un colectivo que tiene el poder de fijar su propia retribución, con independencia de las fuerzas del mercado. Ya se ha dicho que la retribución de todos los factores, humanos o no, depende de la valoración que de su producción, de su servicio a la sociedad, hagamos el resto de los ciudadanos.
En el caso de la mayoría de los funcionarios, tal retribución no depende de esto, pero tampoco de ellos mismos, sino de otro organismo con capacidad para aprobar el presupuesto de estos gastos. Y subiendo por esta escalera se llega a los parlamentos nacional y autonómicos, y a los ayuntamientos, donde encontramos a una serie de personajes que sí pueden fijar su propio sueldo. Con independencia de todo. ¿No resulta esto un tanto anómalo en una sociedad que se dice libre?
Y, sin embargo, ahí está la discusión. Los parlamentarios condescienden este año a no subirse el sueldo en solidaridad con los que pagamos forzadamente los impuestos que han de financiar dicha subida.
Evidentemente, si tal recaudación no fuera forzada, estos privilegiados tendrían que hacer como todos, poner sus servicios a disposición de la sociedad y sujetarse a la valoración que los ciudadanos, en el mercado, hiciéramos de su trabajo. Mientras tanto, podrán seguir subiéndose el sueldo a su gusto y voluntad; el resto, mantengámonos en la ilusión de que tenemos los mismos derechos. Entre otros, el de cada cuatro años elegir a nuestros propios privilegiados, los queramos o no.
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